El liberalismo de la igualdad - Marcelo Alegre - 2008

Marcelo Alegre: “El liberalismo de la igualdad”
(Publicado en La Nación, 20/11/2008)
John Rawls, que murió el domingo 24 de noviembre a los 81 años, fue (tal vez, junto a Jurgen Habermas) el más importante filósofo político del siglo XX.
Su obra más influyente, “Una teoría de la justicia”, publicada en 1971, marcó un antes y un después en terrenos tan diversos como la filosofía moral, la teoría de la democracia, el derecho constitucional y la ciencia política. Otro de sus libros, “Liberalismo político”, es un punto de partida obligado para cualquier estudioso de la democracia deliberativa.
“Una teoría de la justicia” representó una ruptura. En primer lugar, fue una reacción contra el relativismo y el escepticismo ético, que niegan la posibilidad de afirmar la verdad o falsedad de las afirmaciones sobre lo justo o lo correcto. La obra de Rawls marcó un renacimiento del realismo moral, según el cual la argumentación en materia de justicia es una actividad fructífera, en la que es posible distinguir mejores y peores respuestas.
Durante siglos, la creencia en la verdad u objetividad de los juicios morales estuvo sustentada por la religión. Con la secularización del conocimiento y la vida social, la moral quedó huérfana de sustento metafísico. De allí la tendencia dominante de diversas formas de escepticismo y subjetivismo éticos, que niegan que los juicios sobre lo que es justo o correcto puedan ser verdaderos o falsos. Rawls reinstaló el rol central de la teorización sobre la justicia en las ciencias sociales. Su objetivismo, de raíz no religiosa sino kantiana, reposa en una confianza en la razón, y en particular en las bondades de la deliberación, una práctica que excede los límites mezquinos de la pura negociación entre partes. Para Rawls, nuestras ideas sobre lo justo y lo correcto deben superar un test, el del equilibrio reflexivo, que consiste en contrastar nuestras convicciones teóricas con sus consecuencias prácticas.
En segundo lugar, su teoría confronta en forma directa con el utilitarismo, la visión en boga hace treinta años en la filosofía moral y política, según la cual el objetivo supremo de una sociedad consiste en maximizar la utilidad general (medida en términos de felicidad, placer, satisfacción de preferencias) con independencia de cómo se distribuyan esa utilidad, felicidad, etcétera. Rawls denunciaba esta concepción, por “no tomar seriamente en cuenta la separación entre las personas.” Para Rawls, la justicia es, básicamente, distributiva: los derechos no pueden sacrificarse en el altar de la eficiencia o del bien común.
Para determinar los principios elementales de justicia de una sociedad democrática, Rawls nos propone (en la tradición contractualista de Locke y,sobre todo, de Kant) que imaginemos una “posición original” en la que representantes de nuestros intereses deben seleccionar los principios que habrán de regular nuestras instituciones básicas.Ellos están, sin embargo, tras un “velo de ignorancia”, que les impide ver de qué forma los intereses que representan se verán afectados por los principios que elijan. Por ejemplo, ellos ignoran su raza, religión y clase social. Como Rawls cree que en esta situación la racionalidad exige una cierta aversión al riesgo, los participantes en la posición original prestarán especial atención a la situación de los menos favorecidos: como ellos no saben en qué lugar de la escala social les tocará vivir, seleccionarán aquellos principios de justicia que favorezcan a los peor situados en la sociedad. Esta es una ingeniosa presentación de una vieja idea, la de la imparcialidad como requisito para alcanzar conclusiones morales aceptables: cuando exigimos que quien corta una torta se sirva último, estamos asumiendo esta idea de imparcialidad.
Igualdad democrática
Rawls afirma que en esta situación idealizada los participantes seleccionarían dos principios de justicia. El primero es un principio de igual libertad (que consagra los derechos civiles y políticos básicos propios de la tradición liberal democrática). El segundo principio de justicia tiene implicancias fuertemente igualitarias en el plano económico. Por una parte, este principio establece la igualdad democrática de oportunidades, que es más ambiciosa que la igualdad formal de oportunidades, pues tiende a neutralizar aquellas desigualdades derivadas de la lotería natural, básicamente los talentos que se traducen en diferentes capacidades para tomar posición en el mercado. De acuerdo con Rawls, nuestros talentos y capacidades son producto del azar, y por lo tanto los frutos de éstos le pertenecen a la sociedad. Los ingresos diferenciales de los más talentosos deben justificarse desde una perspectiva social (por ejemplo, como retribución por su impacto en la productividad económica).
Por otra parte, el segundo principio de justicia contempla la noción de diferencia, según la cual solamente son aceptables aquellas desigualdades que favorezcan a los miembros menos privilegiados de la sociedad. Esto implica otorgarle a las personas más desaventajadas de la sociedad un poder de veto sobre las instituciones y políticas públicas: sus intereses asumen una prioridad absoluta respecto de otros objetivos socialmente valiosos. Este compromiso con la erradicación de las desigualdades que no sean consecuencia de nuestras decisiones sino de circunstancias azarosas, junto a la idea de la prioridad de los peor situados en la escala social, habrían de caracterizar a Rawls como un autor liberal igualitario, en contraste con el liberalismo conservador que le dirigiría las críticas más frontales, y que tuvo su exponente mas lúcido en Robert Nozick, también muerto este año, y también, como Rawls, profesor de Filosofía en la Universidad de Harvard.
En su segunda obra, “Liberalismo político”, Rawls explora una cuestión fundamental para la democracia: ¿cuál es la base del consenso democrático en sociedades como las modernas, profundamente divididas por diferencias religiosas, políticas y valorativas? Rawls encuentra la respuesta en la idea de razonabilidad, que nos permite alcanzar un consenso superpuesto entre diversas doctrinas políticas.
Este consenso va más allá de un mero e inestable modus vivendi (como el que explica la convivencia de enemigos que no se destruyen mutuamente simplemente porque no pueden), pero del mismo modo es incompatible con la hegemonía de una concepción política determinada, incluso el liberalismo (Rawls creía que este tipo de sectarismo era un efecto de su primer libro).
La defensa de la “razón pública libre” que Rawls realiza en esta obra y su consiguiente reclamo de poner fin a la dictadura del dinero sobre la política y el debate público resultan de vibrante actualidad para una sociedad como la nuestra, que sigue reclamando una reforma política que nos acerque al ideal de la democracia deliberativa, en la que los argumentos y los principios se impongan por sobre los intereses y los privilegios.
Elogios y críticas
Rawls también publicó una obra sobre la justicia en el plano internacional, “El derecho de gentes”, en la que defiende una posición de alcances tal vez más modestos que en sus obras anteriores: se opone a la pretensión de imponer el liberalismo a todas las sociedades y expone una versión más débil en cuanto a la redistribución de recursos en el plano internacional (la obligación de acudir en ayuda de las sociedades más empobrecidas consiste en garantizar, si no la plena igualdad, un mínimo de derechos materiales).
Como todo autor clásico, Rawls generó repercusiones positivas y negativas. Los liberales conservadores (o “libertaristas”) con Nozick a la cabeza, rechazaron enérgicamente la idea de la lotería natural, y arguyeron que, si Rawls hubiera sido consistente, hubiera debido aceptar la redistribución no sólo de recursos y oportunidades, sino también de órganos: un Estado rawlsiano extraería riñones y ojos para implantárselos a enfermos y ciegos. Los utilitaristas, por su parte, le reprochaban la arbitrariedad con la que derivaba sus principios de justicia en la posición original.
Para ellos, en una situación de incertidumbre, lo racional no es preocuparse por la posición de los que están peor, sino simplemente maximizar la utilidad promedio, con lo que los desaventajados no merecerían ninguna preferencia especial.
El feminismo le criticó su “olvido” de la familia como institución básica de la sociedad, y por lo tanto, como entidad reproductora de injusticias y prejuicios. Los partidarios del comunitarismo (en boga en los 80) cestionaron el sentido de su proyecto en su totalidad. Para ellos la pretensión de alcanzar valores universales es ilusoria, ya que lo justo depende del contexto histórico.
Los marxistas, por último, le reprochaban que no colocara el problema de la propiedad de los medios de producción en el centro de la escena (Rawls sostenía que una sociedad justa era compatible tanto con la propiedad privada como con la propiedad estatal de los medios productivos). Tal vez a través de estos debates y polémicas se aprecie mejor la mayor contribución de Rawls: reinstalar la importancia de las teorías sobre la justicia en las modernas ciencias sociales. Su defensa de un liberalismo progresista fue uno de los signos de los profundos cambios sufridos por la sociedad norteamericana en los 70, en medio de la lucha por la igualdad racial y la resistencia contra la guerra de Vietnam. Su concepción deliberativa de la democracia constitucional vino a superar la visión elitista de las instituciones que dominó en la ciencia política desde la Segunda Guerra Mundial.
*Profesor de Derecho y Filosofía en la Universidad de Buenos Aires.