La influencia del grupo de Nino en el gobierno de Alfonsín - Cristina Basombrio

Estudiantes universitarios y esfera pública: la influencia del grupo de Nino en el gobierno de Alfonsín[1]
Cristina Basombrío

Resumen
Entre los años 1983 y 1989, durante la transición democrática argentina, se formó un grupo de jóvenes intelectuales que desempeñó un rol colaborador con el presidente Raúl Alfonsín. Estaba integrado por alumnos, algunos de ellos flamantes abogados, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, quienes se habían unido a partir de un Seminario de Filosofía del Derecho que dictaba Carlos S. Nino, destacado jurista y docente universitario doctorado por la Universidad de Oxford. Los miembros del grupo se sintieron deslumbrados por la inteligencia, el respeto y la apertura de su profesor. Adhirieron a su proyecto liberal igualitario y, bajo su dirección, percibieron que podían ofrecer un impulso innovador y que su rol intelectual no se oponía a la actividad práctica.
Este artículo estudia la influencia de este grupo, que decidió participar en la recuperación de la legalidad democrática. Echa luz acerca de la relación entre los estudiantes universitarios y la esfera pública, durante una presidencia en que se asistió a un hecho poco frecuente en la historia argentina del siglo XX: que un político brindara un espacio a un grupo de intelectuales, en el marco de su estrategia de defensa de los derechos humanos a la cual asignaba una fundamental importancia.

Abstract
Between years 1983 to 1989, during the Argentinian democratic transition, it was formed a group of intellectuals, which carried out a colaborating roll with president Raúl Alfonsín. It was formed by students, some of them bright lawyers, of the Buenos Aires University´s Law School, who had gathered dueing to a Filosophy of Law seminare, dictated by Carlos S. Nino, outstanding jurist and university professor, who had his doctor´s degree confered by Oxford University. The members of the group felt dazzled by the intelligence, the respect and the opening of their professor. They adhered to his equalizing liberal project and, under his direction, they felt they could offer an innovating impulse and that their intellectual roll was not against to practical activity.
This article studies the influence of this group, which decided to participate in the recovery of democratic legality. It clears up to the relations between university students and the public sphere, during a presidency in which it occured a non frequent fact in Argentina´s twentieth century history: that a politician gave space to a group of intellectuals, in the frame of his strategy of defense of human rights, to which he assigned a fundamental importance.


Introducción
El 30 de octubre de 1983 la Argentina retornaba a la práctica electoral y Raúl Alfonsín se consagraba presidente de la República. Comenzaba una nueva etapa en un país en que la inestabilidad institucional había prevalecido por encima de los intentos de recuperación y normalización de la democracia. Una particularidad de este proceso que se inició luego de la derrota de las Malvinas, fue que no estuvo acompañado por pactos tendientes a definir las reglas de juego de la reconstrucción de la democracia. La transición democrática se abrió entonces en condiciones de precariedad con la debilidad del sistema de partidos y del Congreso, con una cultura política afectada por el autoritarismo, con la fuerza de las grandes corporaciones y el escaso arraigo histórico de las prácticas democráticas.[2]
Esa falta de compromiso, unida al desmoronamiento de las convicciones cívicas y a la consiguiente pérdida de energía que ello acarreaba al conjunto de la sociedad, condujo a Alfonsín a encarar sin ataduras un plan de reconstrucción democrática. En su tarea política el presidente buscó el apoyo de los intelectuales.[3] Durante la mayor parte del siglo XX, hubo muy pocos antecedentes de gobiernos que hubieran dado lugar a la intervención de los intelectuales como lo hizo Alfonsín. En este sentido, su decisión política de permitirles acercarse al poder, singulariza su presidencia.[4] Muchos de ellos, cuya marginación se había iniciado en 1966, habían vuelto a la Universidad de Buenos Aires. Ésta se había normalizado y atraía a un mayor número de alumnos a sus aulas.
Este artículo estudia, precisamente, la influencia de un grupo de intelectuales formado por estudiantes de derecho de la UBA que se nuclearon en torno de Carlos Nino, destacado jurista y docente universitario doctorado por la Universidad de Oxford,[5] en el gobierno de Alfonsín. ¿Qué los identificaba?; ¿qué los atrajo de Nino?; ¿cómo concebían la tarea universitaria?; ¿por qué optaron por Alfonsín?; ¿en qué consistieron sus aportes?; ¿se comportaron con una visión crítica?[6] Tales son los interrogantes que conducen este trabajo.
Desde el punto de vista metodológico, se utilizan fuentes orales y escritas. Respecto de las primeras, se mantuvieron entrevistas con Alfonsín, con colegas de Nino y con varios miembros de su grupo.[7] En cuanto a las fuentes escritas, su referencia puntual se hará a lo largo del desarrollo. En él se analizan la formación del grupo, su encuentro con Alfonsín y su accionar entre 1983 y 1989, con una explicitación de su tarea posterior. En definitiva, este artículo echa luz sobre la relación de un grupo de jóvenes universitarios y la esfera pública durante la transición democrática argentina.
El compromiso político
Respecto de la esfera pública, desde 1982 estaba en marcha ascendente la línea alfonsinista de Renovación y Cambio, la cual tenía un mensaje progresista dentro del radicalismo, con una inclinación social-demócrata. El proyecto de Alfonsín se orientaba a la construcción de un amplio consenso que hiciera gobernable y transformable democráticamente al país en una sociedad que, hasta entonces y por razones estructurales, había devenido en facciosa y en promotora de salidas autoritarias. Se propuso cambiar la manera de hacer política en la Argentina, formulando una “nueva política”. Ella implicaba refundar la democracia, respetar el pluralismo y el disenso y recortar la influencia de las corporaciones.[8]
La visión alfonsinista de discontinuidad respecto del período anterior, se manifestó en la forma de “frontera política”.[9] Como parte de su estrategia y ante la devaluación sistemática del estado de derecho, Alfonsín propuso los siguientes principios a fin de guiar su política de derechos humanos: castigar al terrorismo de estado y al subversivo; limitar las responsabilidades y asumir la imposibilidad de perseguir eficazmente a todos los que cometieron delitos; limitar también la duración de los juicios; investigar el destino de los desaparecidos; diseñar mecanismos jurídicos para prevenir la violación futura de los derechos humanos.[10]
Para instrumentar estos principios Alfonsín se apoyó en el saber intelectual, considerando que su proyecto político confluía con el de Nino. A principios de 1982, éste comenzó a dictar un Seminario de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. De él salió el grupo de jóvenes intelectuales que optó por la cosa pública de la mano de su profesor. Estaba integrado por Carlos Rosenkrantz, Gabriel Bouzat, Hernán Gullco, Agustín Zbar, Marcela Rodríguez, Mirna Goransky, Marcelo Alegre, Roberto de Michele, Miguel de Dios, Carlos Balbín, Roberto Gargarella, Alberto Fohrig y Martín Böhmer. Estaban afiliados al radicalismo, aunque con excepción de la etapa de campaña, tuvieron poca militancia partidaria.[11]
Para comprender sus ideas y su identidad es necesario hacer referencia al pensamiento de Nino, quien se comprometió con la actividad política a partir de la crisis del gobierno militar. Adhería al constructivismo, propuesta meta-ética que busca encontrar bases objetivas para los juicios morales a través de procedimientos formales de construcción racional. Para él los juicios morales constituyen la única instancia capaz de proveer razones justificatorias. Sostenía que el deber de acatar ciertos sistemas coactivos surgía de principios morales que estuvieran al alcance de todos. Por lo tanto, un orden respecto del cual no existiera el deber moral de ser obedecido, por ser injusto, no constituía un sistema jurídico.[12] Incluía el discurso político dentro de un discurso más amplio, el discurso moral. Se había formado discutiendo temas de la filosofía del derecho y de la filosofía política. En su concepción, el derecho no podía prescindir de un enfoque valorativo, ni podía dejar de pensar cuestiones acerca de la justicia y de la igualdad. Desde estos principios elaboró su teoría del valor epistémico de la democracia como mejor sucedáneo del discurso moral. Trazó entonces desde cuestiones meta-éticas una determinada justificación de la democracia.[13]
Su proyecto era liberal y al mismo tiempo igualitario en materia socio-económica. Hacía hincapié en el carácter igualitario del liberalismo pues consideraba que su principal defecto había sido su vinculación con posiciones conservadoras anti-igualitarias. Concebía la transición a la democracia como un cambio institucional que debía modificar prácticas y hábitos de conducta. ¿Por qué? Porque en su diagnóstico acerca de la problemática a enfrentar, Nino distinguía cuatro tendencias recurrentes en el transcurso de la historia argentina en estrecha vinculación entre sí: el “dualismo ideológico”, el “corporativismo”, la “anomia” y la “concentración del poder”.
Ellas constituían defectos en la práctica constitucional argentina. El “dualismo” había sido en muchas ocasiones germen de la tendencia a la ajuricidad. La intensa oposición entre liberales y conservadores había determinado que uno u otro hubieran traspasado los límites de la legalidad para prevalecer por encima del adversario. La confrontación entre ambos fue tan grande que comprometió el marco democrático. El “corporativismo” otorgaba privilegios a determinados grupos, principalmente a las Fuerzas Armadas, a la Iglesia Católica, a los grupos empresarios y a los sindicatos. Convertía en protagonistas del proceso democrático a entes colectivos y no a las personas. La “anomia” significaba el incumplimiento de normas y una deficiencia en la materialización de la democracia que había traído consigo un desequilibrio institucional. La concebía en relación con el corporativismo ya que éste otorgaba privilegios especiales y extralegales a grupos particulares. Desafiaba así el estado de derecho provocando, precisamente, la anomia. Además, percibía la tendencia general a la ilegalidad en la forma en que se violaron masivamente los derechos humanos en la década del setenta. La “concentración del poder” conducía a la absorción de funciones por parte del presidente de la Nación que deberían corresponder al Congreso, a la Justicia o a los gobiernos provinciales. Por añadidura, los gobiernos de facto y en particular la dictadura instaurada en 1976, habían incrementado los poderes presidenciales.[14]
Estas cuatro constantes explicaban a juicio de Nino la reversión del desarrollo político y económico de la Argentina. Establecer un estado de derecho a partir de 1983 suponía reconocer las razones estructurales de la crisis que debía enfrentar la Argentina. El intento de castigar los abusos era parte de una estrategia más general que contrarrestara definitivamente esas constantes. Para modificarlas, proponía una idea de democracia deliberativa[15] como el régimen de gobierno más valioso desde el punto de vista moral. Nino pensaba que el proceso de deliberación pública era consustancial a la democracia y era, por tanto, el camino para superar las cuatro tendencias recurrentes. De ahí que asignara especial importancia a las formas de participación directa de los ciudadanos.
En ese marco imaginaba que el “dualismo ideológico” se corregiría por medio del debate ideológico. El “corporativismo”, permitiendo la participación de todos como personas morales y no como entes colectivos, respetando la igualdad del acceso al debate y los derechos morales básicos: la autonomía, la inviolabilidad y la dignidad.[16] La “anomia”, aplicando imparcialmente las normas jurídicas. Esto suponía que las normas procedentes de las dictaduras y las normas democráticas merecieran distinto tratamiento. Las primeras debían ser objeto de revisión; actuar en función de las segundas, quedaba moralmente justificado. La “concentración del poder” se resolvería por medio de la implantación de un régimen semi-presidencialista, para lo cual sería necesaria una reforma constitucional.
En su defensa de los derechos humanos y de un cambio institucional, Nino consideró que su proyecto político coincidía con el de Alfonsín. Llamó a colaborar a sus alumnos más destacados de su Seminario cuando el presidente lo nombró asesor junto con Jaime Malamud Goti, al inicio de su mandato. Convocó inicialmente a Carlos Rosenkrantz, Gabriel Bouzat, Hernán Gullco y Agustín Zbar. Se abocaron a la tarea de elaborar propuestas tendientes a la persecución judicial de las violaciones de derechos humanos y al tema de las normas institucionales de la transición a la democracia.
Los jóvenes estudiantes se sentían deslumbrados por la inteligencia, el respeto y la apertura de su profesor.[17] Compartieron con Nino una relación académica y profesional que los marcó e hizo que en algún momento de sus carreras realizaran posgrados en la Universidad de Yale, de la cual Nino era profesor visitante. Éste los formó en una visión muy crítica de lo que era la enseñanza tradicional del derecho. Daba clases en las que todo se discutía. Entendía y hacía una lectura muy valorizante de lo que decían los alumnos con mucho respeto.[18] Nino les dio una fuerte cohesión y una sólida identidad. Los aglutinó y formó a partir de una gran confianza en la gente joven. Les transmitió la pasión por la cosa pública y se convirtió en su referente. Ellos se sintieron ideológicamente unidos por el proyecto liberal progresista de Nino, básicamente preocupado por los derechos humanos y por las reformas institucionales.
Estaban convencidos de que la experiencia de los años setenta había demostrado que no se podían construir utopías sin acuerdos ni consensos. No tenían dudas de que colaboraban en algo muy importante y de que “ése era el momento, ése era el lugar y Alfonsín era la persona.”[19] Sellaron así su compromiso con la cosa pública.
En sus reuniones tenían discusiones morales: si se justificaba establecer diferencias entre diversos tipos de delito, si castigar era inevitable. Consideraban que era imposible reconstruir el estado de derecho si no se enjuiciaba el pasado. Veían a los derechos humanos como un imperativo ético-moral.[20] De estas discusiones salieron propuestas para el tratamiento de los derechos humanos y para el tema de las normas institucionales de la transición a la democracia. Coincidían con Nino y Malamud Goti en que el castigo debía comprenderse no como retributivo sino como garantía del orden social hacia el futuro. Por razones prudenciales se limitaría para algunos y no para todos.
Ayudaron, entonces, a enfrentar el serio obstáculo legal que significó la ley 22.924, conocida como “ley de autoamnistía” dictada por el presidente Bignone el 23 de septiembre de 1983. La argumentación del grupo en su contra giró en torno del principio nineano según el cual la validez es un concepto evaluativo íntegramente ligado a la moral. Esto conducía al abandono de la doctrina de las normas de facto, es decir de los decretos-leyes del gobierno militar reñidos con principios éticos básicos. Tal argumentación condujo a la derogación de la ley 22.924 en diciembre de 1983 (ley 23.040).[21]
A partir de la concepción nineana del grupo de interpretar el castigo como garantía del orden social hacia el futuro y no como retributivo, Alfonsín dictó los decretos 157 y 158. El primero ordenaba el enjuiciamiento de los líderes terroristas por delitos cometidos con posterioridad al 25 de mayo de 1973. El segundo, el de los miembros de las tres primeras juntas militares, por los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a detenidos.[22]
En el marco de revisión del pasado, Alfonsín decidió también el nombramiento de nuevos jueces. Malamud Goti se abocó a la reforma de la justicia federal por pedido del presidente, con el asesoramiento del grupo de Nino.[23] Con la derogación de la ley 22.924, los decretos 157 y 158 y la constitución de nuevos tribunales, quedaba abierto el camino a los juicios. Alfonsín se decidió por los tribunales militares en primera instancia, con derecho de apelación ante los tribunales civiles. Encomendó a Nino y a Malamud finalizar el proyecto, quienes junto con los estudiantes universitarios, reformaron el Código de Justicia Militar. El presidente envió su propuesta al Congreso Nacional que con modificaciones, la convirtió en ley 23.049.
Mientras se ponía en marcha el mecanismo de los juicios, Alfonsín disponía la creación, por el decreto presidencial del 15 de diciembre de 1983, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP en adelante[24]), para investigar el destino de los desaparecidos. Con esta medida Alfonsín se opuso a la formación de una comisión bicameral del Congreso, propuesta por grupos de derechos humanos y por el peronismo. Es decir, tomó una decisión política por afuera del marco legal. Ahora bien, ¿qué opinaba el grupo de Nino al respecto? Estaba de acuerdo por la dificultad de encontrar consenso dentro del Congreso. Para Rosenkrantz, “la CONADEP respondió a la idea de que el pasado se manifestara sin la excesiva regulación de los juicios, a la idea de que el Estado se comprometiera con la búsqueda de la verdad de un modo no regulado. Era necesaria gente que tuviera altísimos grados de legitimidad. Nadie podía pensar que era manipulada por el gobierno; gente que estuviera al margen de políticas estratégicas.”[25] Los jóvenes estudiantes estuvieron en estrecha vinculación con la CONADEP.[26]
Al mismo tiempo, el grupo de Nino trabajando en conjunto con Malamud Goti, presentó una serie de propuestas que fueron enviadas por el poder ejecutivo al Congreso para su aprobación. En el transcurso de 1984 fueron sancionadas entre las más destacadas, la ley 23.042 que modificó el procedimiento de excarcelación y previó un recurso especial para la obtención de la nulidad de las sentencias condenatorias dictadas contra civiles por tribunales militares; la ley 23.050 que modificó el Código de Procedimiento Penal Federal respecto de la duración de los juicios; la ley 23.052 que protegió la libertad de expresión, aboliendo el régimen de censura previa, que se sustituye por un sistema de calificación orientado a la protección de menores y de adultos que no consientan en presenciar ciertos espectáculos; la ley 23.054 de ratificación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que declaró abolido el fuero militar para los delitos comunes cometidos por militares con ocasión de sus servicios o en lugares militares; la ley 23.077 de Defensa de la Democracia y el Orden Constitucional, que abolió las llamadas “leyes de represión de la subversión”; la ley 23.097 que elevó la pena asignada al delito de tortura hasta equipararla a la del homicidio, castigando también la omisión de denuncia de actos de tortura; la ley 23.264 que igualó los derechos de hijos matrimoniales y extramatrimoniales, así como las potestades de padre y madre relativas a la patria potestad.[27]
¿Cuál era el sentido de estas leyes? Se enmarcaban en la estrategia alfonsinista de garantizar el estado de derecho, previniendo la violación futura de los derechos humanos y favoreciendo la operatividad y rapidez de la justicia. Al elaborarlas, el grupo de Nino partía del principio de que la derogación de las leyes de la dictadura era un acto de justicia. Las nuevas leyes, en cambio, conducían a apoyar a la democracia y a convertir en delito los actos que pusieran en peligro el sistema constitucional.[28]
En 1985 se iniciaba una nueva etapa en la influencia del grupo de Nino en el gobierno de Alfonsín. Éste creaba el 24 de diciembre de 1985 por el decreto 2.446 el Consejo para la Consolidación de la Democracia[29] (CCD en adelante) y nombraba a Nino como su coordinador. ¿Qué perseguía con esto el presidente? Principalmente “[…] encarar un vasto proyecto de consolidación de nuestro régimen republicano y democrático, tendiente a la modernización de las estructuras políticas, culturales y económicas, fundado en la ética de la solidaridad y en la amplia participación de la ciudadanía. […].”[30]
El contexto era favorable para la administración alfonsinista: en el mes de febrero, Alfonsín había desplazado del ministerio de Economía a Bernardo Grinspun, reemplazándolo por Juan V. Sourrouille. Se abría una nueva etapa en el manejo de los asuntos económicos que cristalizaría con el Plan Austral. El plebiscito sobre el diferendo con Chile y el buen resultado de las primeras elecciones intermedias realizadas el 3 de noviembre, reflejaban el apoyo inicial y la confianza de la mayoría de la población, motivados en gran parte por los resultados del plan Austral. Hay que tener presente también el trasfondo de los juicios a los comandantes y el comienzo, en noviembre de 1985, del juicio militar contra la cúpula dirigente de la guerra de 1982.
El peronismo se renovaba con Antonio Cafiero, cuyo discurso era muy diferente al del grupo responsable de la derrota electoral de 1983. El justicialismo se recomponía democráticamente. A Alfonsín le convenía reforzar el diálogo con este sector y quitarle así fuerza representativa al sindicalismo. En este contexto favorable, dispuso la creación del CCD días después de que pronunciara el 1 de diciembre de 1985, el discurso titulado “Convocatoria para una Convergencia Democrática”. Fue conocido como “Discurso de Parque Norte”. En él presentaba su proyecto político ante el Plenario del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Suponía que este discurso venía a renovar la doctrina del radicalismo. En su elaboración fue clave la participación del Grupo Esmeralda.[31]
El grupo de Nino también tuvo participación en este discurso. Para entonces Nino había aumentado su número convocando a otros estudiantes destacados de su Seminario de Filosofía del Derecho: Marcela Rodríguez, Mirna Goransky, Marcelo Alegre, Roberto de Michele, Miguel de Dios, Carlos Balbín, Roberto Gargarella, Alberto Fohrig y, desde 1987, Martín Böhmer. Con esta ampliación el grupo sería conocido con el nombre de “Nino’s Boys”. Marcelo Alegre afirma: “Supongo que la denominación vino del radicalismo donde había desconfianza de aquellos que no venían del tronco partidario. Supongo que por influencia de la filosofía anglosajona, por la formación de Nino en Oxford.”[32]
Los vínculos entre el Grupo Esmeralda y el de Nino eran cordiales y fluídos. Entre ambos existía una corriente de mutua simpatía aún cuando provinieran del socialismo y del liberalismo respectivamente.[33] En este sentido, Gabriel Bouzat afirma: “En algún momento trabajamos algunos temas juntos. Por ejemplo el Discurso de Parque Norte que ellos habían hecho y nosotros corregimos y agregamos algunas cosas.”[34] Marcelo Alegre coincide con esta afirmación y sostiene que dicho discurso es una prueba de la convergencia de ideas que provenían de “las mejores tradiciones socialistas y de la mejor tradición liberal; una convergencia progresista, digamos así.”[35]
De hecho, coincidían con los elementos ideológicos propuestos por el Grupo Esmeralda en el “Discurso de Parque Norte”: pacto democrático concebido como pacto de garantías y de transformación, que implicaba un tríptico integrado por la democracia participativa, la ética de la solidaridad y la modernización. Varios de estos conceptos fueron usados por Alfonsín en el decreto de creación del CCD (2.446).
Pero, ¿por qué el presidente tomaba la decisión de formar un organismo por encima de los marcos legales? En la carta que dirigió a los miembros del CCD con motivo de la apertura de sus sesiones, el presidente veía la posibilidad de que la labor del mismo “[…] fuera analizada en el ámbito decisorio máximo, que es el Congreso de la Nación. [… ].”[36] Sin embargo, reconocía la existencia de obstáculos para cumplir sus objetivos de instaurar el “proyecto fundacional del Estado legítimo”. En este sentido afirma que las “[…] dificultades que percibíamos para concretar consensos nos convencieron de la necesidad de buscar mecanismos que contribuyeran a esos objetivos, por fuera de los marcos clásicos existentes.”[37] En realidad, el CCD sólo podía redactar proyectos sin consecuencias, ya que el mecanismo constitucional pasa por el Congreso.
El grupo de Nino defendió la creación del CCD en su tarea de “[…] proponer reformas estructurales para rectificar algunas de las tendencias endémicas […].”[38] En su concepción, el cambio institucional modificaría prácticas y hábitos de conducta. Así, pensar en las “reformas estructurales” significaba la posibilidad de instrumentar sus principios morales. Al igual que ante la creación de la CONADEP, el grupo justificaba decisiones políticas del presidente.
Entre los proyectos que el CCD presentó a Alfonsín, se destacan los de reforma del Código procesal penal, de reforma de la ley universitaria, de reforma del Banco Central y de radiodifusión.[39] Todos ellos fueron tratados con la asesoría de los jóvenes del grupo de Nino, quien había designado a Gabriel Bouzat como jefe de sus asesores en el Consejo. Dichos proyectos contenían conceptos centrales de la filosofía política del grupo: la “expansión de la autonomía individual”, la “inviolabilidad”, la “dignidad de la persona” y el “enriquecimiento del debate democrático”.
El proyecto de reforma del Código procesal penal señalaba las deficiencias en la formulación de las normas jurídicas, lo cual redundaba en un trabajo abrumador por parte de los jueces y en una considerable inseguridad jurídica. Proponía establecer el proceso oral en el orden nacional, sobre todo en el ámbito penal, de modo de favorecer la publicidad, inmediación y rapidez de los procesos.[40]
El proyecto de reforma de la ley universitaria reflejaba la concepción universitaria del grupo de Nino. Mostraba la influencia de los modelos sajón y norteamericano, que llegaba al grupo a través de las universidades de Oxford y Yale. Partía de la evaluación de las dificultades del sistema universitario argentino, caracterizado por su rigidez y por no brindar posibilidades de obtención de grados intermedios. Esto significaba “[...] una enorme ineficiencia y un enorme desperdicio de talento.”[41] Aludía también a la necesidad de contar con docentes de tiempo completo y a que la universidad fuera un ámbito de investigación y de discusión. Además, proponía crear institutos post-universitarios y la posibilidad de aprovechar la capacidad existente en materia de investigación tecnológica, vinculándola con la producción.[42]
El proyecto de reforma del Banco Central buscaba transformarlo en un organismo similar a la reserva federal de los Estados Unidos. Es decir, proponía descentralizarlo de manera de permitir a las sucursales del mismo un manejo directo de las líneas de crédito, mientras la entidad madre permanecería a cargo de la política monetaria.[43]
El proyecto de ley de radiodifusión sostenía que el mecanismo de distribución del acceso a los medios de comunicación masiva que satisfaría la expansión de la “autonomía individual” y el “enriquecimiento del debate democrático”, debía ser un sistema mixto que combinara la creación de entes públicos gubernamentales y entes privados.[44] Buscaba asegurar la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la rectificación, la gratuidad (con excepción del cable y los sistemas codificados), la recepción satelital y la propuesta de abrir a “[...] todos, personas físicas o jurídicas, la posibilidad de participar en los concursos públicos de adjudicación de licencias.”[45]
¿Qué sucedió en la práctica con todos estos proyectos presentados a Alfonsín? No fueron aprobados ni prosperaron. Como se verá más adelante, a partir de 1987 la administración alfonsinista debió encarar una serie de problemas y cuestiones que imposibilitaron su aplicación. Sí sentaron precedentes y varios de ellos, como el de radiodifusión, fueron objeto de estudio en la carrera de Comunicación Social de la facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Pero sin dudas, la principal temática a la que se abocó el CCD por iniciativa de Alfonsín del 13 de marzo de 1986, fue al estudio de la posible reforma de la Constitución Nacional. Las subcomisiones técnicas creadas a tal efecto contaban con el asesoramiento de los miembros del grupo de Nino. Carlos Rosenkrantz y Marcelo Alegre asesoraban a la Subcomisión 1: “Alcances de la Reforma”; Gabriel Bouzat, Miguel de Dios y Carlos Balbín, a la Subcomisión 2: “Poderes del Estado y sus relaciones”; Carlos Balbín, a la Subcomisión 3: “Atribuciones de las Provincias y Federalismo”; Roberto de Michele, Miguel de Dios y Carlos Balbín, a la Subcomisión 4: “Descentralización, participación e institucionalización de los partidos políticos y las asociaciones intermedias”; Mirna Goransky, Carlos Rosenkrantz y Roberto Gargarella, a la Subcomisión 5: “Parte Doctrinaria”; Marcela Rodríguez trabajó en la Comisión de Justicia, al igual que Martín Bohmer, quien también asesoró en cuestiones de ministerio público y en la discusión de la necesidad de creación de un Consejo de la Magistratura.
Muchas veces ellos viajaban formando parte de las delegaciones enviadas al interior juntamente con Nino y con otros consejeros. El 7 de octubre de 1986, el CCD elevó al presidente el Dictamen Preliminar de la reforma. Al año siguiente lo completó con un Segundo Dictamen. Ambos contienen toda su labor de investigación y de discusión y aconsejan realizar modificaciones parciales a la Constitución de 1853: mantener el Preámbulo y ampliar y profundizar la Primera Parte: “Declaraciones, derechos y garantías”. Proponen fundamentalmente reformar la parte orgánica. En este sentido, critican el régimen presidencialista porque “[…] no contribuye a garantizar la consolidación definitiva del sistema democrático.”[46] Por eso defienden la adopción de un sistema semi-presidencialista a partir del nombramiento de un primer ministro designado por el presidente, quien a su vez sea elegido por sufragio universal y directo según el sistema de doble vuelta y dure cuatro años en su cargo, pudiendo ser reelegible sucesivamente una sola vez.
Además el Segundo Dictamen propone optimizar la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas e incorporar la figura del ombudsman o comisionado de la legislatura.[47] En síntesis, el proyecto de reforma constitucional del CCD buscaba combatir la concentración del poder. Giró en torno del establecimiento de un sistema presidencialista mixto, al que el grupo de Nino tanto ponderaba. Por lo tanto, el nuevo diseño institucional conducía al logro de su lógica moralista.
El CCD aconsejó al presidente “poner en marcha los mecanismos institucionales que prevé el artículo 30 de la Constitución Nacional”[48], pero el proyecto de reforma política no prosperó, del mismo modo que sucedió con los otros proyectos presentados por el organismo. Para 1987 Alfonsín había perdido el apoyo de la civilidad. Ya en diciembre de 1986 la situación empezó a cambiar para el radicalismo, a partir del momento en que el presidente envió al Congreso el proyecto de ley de Punto Final que se sancionó como ley 23.492 y contribuyó al desprestigio del gobierno. El grupo de Nino inicialmente la criticó pero luego la justificó considerando que ayudaría a acelerar los juicios.[49]
La relación entre el gobierno y el sindicalismo sufría un giro para marzo de 1987: el grupo de los 15 pactaba con el oficialismo y Carlos Alderete era designado ministro de Trabajo. Como consecuencia, las competencias de los funcionarios de este ministerio y los de Economía se superpusieron en relación con la política salarial y laboral. Esto fragmentó la gestión de gobierno y fue una de las causas que hicieron fracasar al Plan Austral. La administración alfonsinista se dio cuenta tardíamente de la necesidad de acompañar este plan de reformas estructurales.[50]
Los síntomas de debilidad que aquejaban al gobierno se fueron profundizando con la crisis de Semana Santa. Las resistencias corporativas se agudizaron. La sanción en el mes de junio de la ley de Obediencia Debida, causó un deterioro mayor al prestigio de Alfonsín. Nino y su grupo de jóvenes tampoco estuvieron de acuerdo con esta ley y criticaron el mal manejo de la información por parte del presidente. Le habían presentado una alternativa basada en la disponibilidad de la acción penal. Proponían la reforma del Código Penal a fin de adoptar un sistema de discreción fiscal, permitiendo a los fiscales no continuar un proceso penal por varias razones: el grado de compromiso democrático, el arrepentimiento, haber colaborado brindando información, etc. Alfonsín no siguió esta propuesta y el grupo de Nino comprendió y justificó la decisión presidencial, con el argumento de que ella restablecía en forma más concreta y precisa los límites implícitos en el proyecto original de 1983.[51]
Así, con una gran pérdida de credibilidad del gobierno, con un deterioro económico y con una oposición que, por la campaña electoral, se distanciaba por completo de la administración alfonsinista, tuvieron lugar las elecciones nacionales en septiembre de 1987. Se quebraba el predominio de la UCR en la Cámara de Diputados y era relegada también en casi todas las provincias. A esta situación, se agregarían dos crisis militares durante el año 1988 y el ataque de ex miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo al regimiento de La Tablada en enero de 1989. El panorama también se agravaba desde el punto de vista económico por dificultades externas e internas, uno de cuyos síntomas fue la profunda crisis cambiaria que culminaría con la hiperinflación.[52]
Disuelto el CCD, los miembros del grupo de Nino siguieron estrechamente vinculados. Colaboraron en el Centro de Estudios Institucionales (CEI) que, presidido por Genaro Carrió, empezó a funcionar después de la presidencia de Alfonsín como modo de crear un espacio académico diferente. Su objetivo era producir debate público, trabajar en investigación y en eventos académicos. Nino incorporó al CEI a una camada más joven de sus alumnos, entre quienes se destacó Roberto Saba. Las dificultades financieras motivaron la lenta declinación del Centro. La muerte de Nino el 29 de agosto de 1993 en Bolivia, donde estaba trabajando en un proyecto de reforma constitucional para ese país, se produjo antes de que él supiera dónde continuarían las actividades académicas del CEI. Ellas finalmente se concretaron en la facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Actualmente continúan en la facultad de Derecho de la Universidad de San Andrés, cuyo decano es Martín Böhmer, en estrecha colaboración con la Yale Law School.
Conclusiones
Pocas veces hubo en la historia argentina del siglo XX un grupo de gente que se sentara a pensar, por pedido de un presidente, acerca de cuáles eran los problemas, hacer un diagnóstico y ofrecer una solución institucional acorde. Los “Nino´s Boys” se sintieron ideológicamente vinculados por un momento particular de la Argentina: la recuperación democrática. Quisieron defender la plena vigencia de los derechos humanos en un marco de igualitarismo. Se identificaron con Nino y de él adquirieron una enorme vocación por la enseñanza y por lo público.[53]
Se involucraron con los problemas de su país y optaron por Alfonsín. Coincidieron con el proyecto de filosofía política de Nino que partió de cuestiones meta-éticas y se concretó en un proyecto político que defendió una noción de democracia participativa y deliberativa y confluyó con el proyecto político alfonsinista. Aceptaron la convocatoria de su profesor, colaborando en el proceso de elaboración de políticas públicas.
Resulta interesante que Nino haya dado la posibilidad de estar cerca de la definición de temas de trascendencia institucional a gente tan joven. Tenía la vocación docente por una “necesidad vital; necesitaba discutir con gente. Cuando no encontraba suficiente discusión en su generación, generaba sus propios discutidores.”[54] Quienes integraron su grupo cubrieron espacios dejados en blanco por una generación de desaparecidos o bien por gente que se resistía a vincularse con la cosa pública después de la experiencia de la dictadura. Ellos ocupaban espacios que normalmente hubiera cubierto gente más formada. Lo que debió haber visto también Nino fue la ventaja de poder formar gente joven sin determinados preconceptos o prejuicios.
La relación del grupo con el presidente no fue efímera sino que abarcó toda la presidencia y aún continuó.[55] Entre 1983 y 1985 su influencia en la esfera pública se manifestó en el diseño de las estrategias que condujeron a la instauración del estado de derecho en la Argentina y al juicio de los comandantes de las juntas militares del Proceso. El primer aspecto comprende la elaboración de leyes que fueron sancionadas en el transcurso de 1984. El segundo aspecto, el abandono de la doctrina de las normas de facto; la participación en la elaboración de los decretos 157 y 158, en las reformas de la justicia federal y del Código Militar; y en la vinculación con la CONADEP.
Entre 1985 y 1989 el grupo influyó trabajando en el CCD. Desarrolló su tarea convencido de que el nuevo diseño institucional contrarrestaría las “cuatro tendencias recurrentes” y plasmaría de este modo su proyecto liberal igualitario. Intentó conjugar la práctica política con los principios morales que estimaba correctos: la autonomía, la inviolabilidad y la dignidad de la persona. Éstos guiaron el proyecto de reforma constitucional del CCD que propuso una democracia entendida como debate público, con la participación de todos los ciudadanos en la búsqueda de soluciones a los problemas colectivos, y un sistema semi-presidencialista. Se contrarrestarían así las “tendencias endémicas”, sobre todo la concentración del poder. El proyecto reflejaba, entonces, la intención del grupo de moralizar la política argentina sobre la base de sus postulados liberales igualitarios.
La vinculación entre este grupo de universitarios y la esfera pública fue de colaboración. Ellos no se comportaron con una visión crítica. Sus argumentos a veces se alejaron de una óptica legalista y colocaron a la moralidad por encima de los procedimientos legales, como sucedió al defender la creación de la CONADEP y del CCD y al terminar comprendiendo y justificando las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Sirvieron de esta manera a la lógica política alfonsinista. Pensaron en términos morales y no en consecuencias buscando conjugar su tarea intelectual con el compromiso práctico y desde ese lugar contribuyeron a la discusión pública.



[1] La primera versión de este artículo fue presentada en el VII Congreso Argentino Chileno de Estudios Históricos e Integración Cultural, Salta, 25 al 27 de abril de 2007. Agradezco los valiosos comentarios y preguntas que entonces realizara Gardenia Vidal.
[2] Para un análisis de la transición democrática y de la administración alfonsinista en sus diversos aspectos, pueden consultarse: Aboy Carlés, Gerardo, Las dos fronteras de la democracia argentina. La reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem, Homo Sapiens, Rosario, 2001. Acuña, Marcelo Luis, Alfonsín y el poder económico. El fracaso de la concertación y los pactos corporativos entre 1983 y 1989, Corregidor, Buenos Aires, 1995. Botana, Natalio y otros, La Argentina electoral, Sudamericana, Buenos Aires, 1985. Giussani, Pablo, Los días de Alfonsín, Legasa, Buenos Aires, 1986. Landi, Oscar, Reconstrucciones. Las nuevas formas de la cultura política, Puntosur, Buenos Aires, 1988. Leuco, Alfredo y José Antonio Díaz, Los herederos de Alfonsín, Sudamericana-Planeta, Buenos Aires, 1997. Lewis, Colin y Nissa Torrents, Argentina in the crisis years (1983-1990), Institute of Latin American Studies, London, 1993. Massun, Ignacio, Alfonsín. Una difícil transición, Métodos, Buenos Aires, 1999. Mc. Adam, Andrew, Víctor Sukup y Claudio Oscar Katiz, La democracia a pesar de todo, Corregidor, Buenos Aires, 1999. Mustapic, Ana María y Mateo Goretti, “Gobierno y oposición en el Congreso. La práctica de la cohabitación durante la presidencia de Alfonsín (1983-1989)”, en Serie Documentos de Trabajo, Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, 1991, nº 117. Novaro, Marcos, Historia de la Argentina Contemporánea. De Perón a Kirchner, Edhasa, Buenos Aires, 2006. Novaro, Marcos y Vicente Palermo, La dictadura militar 1976-19834. Del golpe de Estado a la restauración democrática, Paidós, Buenos Aires, 2003. Novaro, Marcos y Vicente Palermo, comps., La historia reciente. Argentina en democracia, Edhasa, Buenos Aires, 2004. Nun, José y Juan Carlos Portantiero, Ensayos sobre la transición democrática argentina, Puntosur, Buenos Aires, 1987. Pucciarelli, Alfredo Raúl, coord., Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?, Siglo XXI, Buenos Aires, 2006. Terragno, Rodolfo H., Memorias del presente, Legasa, Buenos Aires, 1988. Torre, Juan Carlos, “América Latina, el gobierno de la democracia en tiempos difíciles”, en Serie Documentos de Trabajo, Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, 1994, nº 34.
[3] Se sigue la definición del término intelectual de Antonio Camou, quien retoma el clásico concepto de Seymour Martin Lipset, según el cual los intelectuales son aquellos que crean, distribuyen y aplican cultura. Camou agrega y destaca que los intelectuales producen ideas y saberes expertos cuyos destinatarios son los tomadores de decisiones que forman los grupos gobernantes. Los intelectuales combinan, entonces, conocimiento con una responsabilidad social. Véanse Camou, Antonio, “Los consejeros del príncipe”, en Revista Nueva Sociedad. Saber técnico y saber político, Texto, Caracas, 1997, nº 152, pp. 54-67; Lipset, Seymour Martin, El hombre político. Las bases sociales de la política, Eudeba, Buenos Aires, 1977.
[4] Cuatro grupos de intelectuales colaboraron con Alfonsín: el de Dante Caputo, el de Juan V. Sourrouille, el de Carlos S. Nino y el grupo Esmeralda. Rodolfo Terragno lo hizo de manera independiente. Véase Basombrío, Cristina, “El grupo Esmeralda y Alfonsín”, tesis de Licenciatura en Historia presentada ante la Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2002.
[5] Para una visión detallada del currículum vitae de Nino, véase Blanco Miguélez, Susana, Positivismo metodológico y racionalidad política. Una interpretación de la obra jurídica de Carlos S. Nino, Comares, Granada, 2002.
[6] En este sentido, el mismo Platón se convenció de que no era tarea sencilla llevar a la práctica los ideales de los filósofos después de sus intentos de instruir al monarca de Siracusa. Véanse Camou, Antonio, op.cit., p. 54; Lilla, Mark, Pensadores temerarios, Debate, Barcelona, 2004, pp. 165-167.
[7] Eduardo Rabossi, Jaime Malamud Goti, Ricardo Gil Lavedra, Gabriel Bouzat, Carlos Rosenkrantz, Marcela Rodríguez, Martín Böhmer, Roberto de Michele, Marcelo Alegre, Roberto Saba. A todos ellos y al dr. Alfonsín, mi más sincero agradecimiento.
[8] Alfonsín, Raúl, La cuestión argentina, Propuesta Argentina, Buenos Aires, 1981, p. 185.
[9] Se sigue la categoría usada por Aboy Carlés, según la cual se establece una escisión temporal que contrasta dos situaciones diferentes. Véase Aboy Carlés, Gerardo, op. cit, p. 169; Aboy Carlés, Gerardo, “Parque Norte o la doble ruptura alfonsinista”, en Novaro, Marcos y Vicente Palermo, comps., op., cit., pp. 38-39.
[10] Véase Nino, Carlos S., Juicio al mal absoluto. Los fundamentos y la historia del juicio a las juntas del Proceso, Emecé. Buenos Aires, 1997, pp. 107-111; Alfonsín, Raúl, Memoria política. Transición a la democracia y derechos humanos, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2004, pp. 34-35.
[11] Como se verá más adelante, Nino los fue convocando en distintos momentos de la presidencia de Alfonsín.
[12] Nino, Carlos Santiago, Notas de introducción al derecho 3. El concepto de sistema jurídico y la validez moral del derecho, Astrea, Buenos Aires, 1978.
[13] El pensamiento de Nino derivaba del de los liberales progresistas como Alf Ross y Ronald Dworkin. Véase Blanco Miguélez, Susana, op. cit., pp. 3-4, para una explicación detallada del constructivismo.
[14] Para una visión en profundidad de la anomia, véase Nino, Carlos S., Un país al margen de la ley. Estudio de la anomia como componente del subdesarrollo argentino, Emecé, Buenos Aires, 1992; para las cuatro constantes aludidas, véase Nino, Carlos S., Juicio al mal…, op. cit., pp. 80-88; para la crítica nineana al sistema presidencialista, véase Blanco Miguélez, Susana, op. cit., notas al pie 136, 137, 138, 139 y 140, pp. 202-205.
[15] Acerca de la democracia deliberativa defendida por Nino, véanse Nino, Carlos S., “La participación como remedio a la llamada ´crisis de la democracia´, en Aznar, Luia y otros, Discursos sobre el discurso, Eudeba, Buenos Aires, 1986, p. 131; Nino, Carlos S., Un país al…, op. cit., p. 273.
[16] Estos derechos son explicados por Blanco Miguélez, Susana, op. cit., pp. 126-212.
[17] Entrevistas con Gabriel Bouzat y Carlos Rosenkrantz, 8 de agosto y 27 de agosto de 2003 respectivamente.
[18] Entrevista con Marcela Rodríguez, 20 de agosto de 2003.
[19] Entrevista con Carlos Rosenkrantz, 27 de agosto de 2003.
[20] Entrevistas con Gabriel Bouzat y Carlos Rosenkrantz, 8 de agosto y 27 de agosto de 2003 respectivamente.
[21] Anales de Legislación Argentina, La Ley, Buenos Aires, 1984, Tomo XLIV- A, p. 3.
[22] Ibid., pp. 131-132.
[23] La Corte Suprema quedó integrada por Genaro Carrió como presidente, reemplazado por Jorge Bacqué en 1987; Carlos Fayt; José Severo Caballero; Enrique Petracchi y Augusto Belluscio. En cuanto a la Cámara Federal de Apelaciones, quedó compuesta por Ricardo Gil Lavedra, Andrés D´Alessio, Carlos Arslanián, Jorge Valerga Aráoz, Jorge Torlasco y Guillermo Ledesma. Carrió, Bacqué, Gil Lavedra y D´Alessio habían trabajado con Nino desde antes del triunfo electoral de Alfonsín. Además, uno de los jóvenes convocados por el intelectual, Hernán Gullco, fue nombrado asesor letrado del juez Petracchi. Con el acuerdo del Senado quedaron así conformadas la nueva Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal de la Capital Federal.
[24] Para profundizar sobre la CONADEP, véanse Nino, Carlos S., Juicio al mal…, op. cit., pp. 120 y 127-131; Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas, Eudeba, Buenos Aires, 1984.
[25] Entrevista con Carlos Rosenkrantz, 27 de agosto de 2003.
[26] Entrevista con Gabriel Bouzat, 8 de agosto de 2003.
[27] Blanco Miguélez, Susana, op. cit., nota al pie 125, pp. 284-285.
[28] Nino, Carlos S., Juicio al mal…, op. cit., p. 114.
[29] Los nombres de todos sus miembros figuran en Reforma Constitucional. Dictamen preliminar del Consejo para la Consolidación de la Democracia, Eudeba, Buenos Aires, 1986.
[30] Ibid., p. 7.
[31] Véase al respecto Basombrío, Cristina, op. cit.
[32] Entrevista con Marcelo Alegre, 22 de julio de 2003. Entre tanto, Hernán Gullco seguía trabajando como asesor letrado del juez Petracchi, Agustín Zbar lo hacía en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y Carlos Rosenkrantz se doctoraba en la Universidad de Yale. Todos ellos estaban en contacto permanente con el CCD.
[33] Existen coincidencias al respecto en las opiniones recogidas en las entrevistas con miembros del grupo Esmeralda (Meyer Goodbar, Emilio de Ipola, Juan Carlos Portantiero, Daniel Lutsky) y con los miembros del grupo de Nino.
[34] Entrevista con Gabriel Bouzat, 8 de agosto de 2003. Ténganse en cuenta también las opiniones de Nino en “La participación como…”, en op. cit., pp. 123-137.
[35] Entrevista con Marcelo Alegre, 22 de julio de 2003.
[36] Reforma Constitucional. Dictamen…, op. cit., p. 13.
[37] Alfonsín, Raúl, Memoria política. Transición…, op. cit., p. 106.
[38] Nino, Carlos S., Juicio al mal…, op. cit., p. 144.
[39] En abril de 1986, Alfonsín envió al CCD su anteproyecto de ley del traslado de la Capital Federal a Viedma. Véase El traslado de la Capital, Biblioteca, Archivo Histórico y Centro de Documentación de la Unión Cívica Radical, Buenos Aires, 1986, pp. 1-3.
[40] Ibid., p. 3.
[41] Entrevista con Roberto de Michele, 17 de julio de 2003.
[42] Entrevista con Marcela Rodríguez, 20 de agosto de 2003; Reforma Constitucional. Dictamen…, op. cit., p. 8.
[43] Entrevista con Gabriel Bouzat, 8 de agosto de 2003.
[44] Debe aclararse que la comisión que trató el proyecto de ley de radiodifusión dentro del CCD, consultó a instituciones y personalidades, como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, la Cámara Argentina de Anunciantes, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, el ingeniero Carlos Federico Aragón, etc. Dicha comisión también estudió sistemas de radiodifusión de varios países como el de la República Federal de Alemania, el de Canadá, el de Gran Bretaña, el de Italia, el de Brasil y el de España. Véase al respecto Radiodifusión: Proyecto y Dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia, Eudeba, Buenos Aires, 1988, pp. 161-219.
[45] Ibid., p. 48.
[46] Reforma Constitucional. Dictamen…, op. cit., p. 75.
[47] Reforma Constitucional. Segundo Dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia, Eudeba, Buenos Aires, 1987, pp. 128, 129 y 215.
[48] Ibid., p. 30.
[49] Al respecto existen coincidencias en todas las entrevistas realizadas.
[50] Véanse Acuña, Marcelo Luis, op. cit.; Canitrot, Adolfo, “Programa de ajuste y estrategias políticas: las experiencias recientes de la Argentina y Bolivia: un comentario”, en Desarrollo Económico, Buenos Aires, abril-junio 1991, V. 31, nº 121, pp. 125-133.
[51] Entrevistas con Marcelo Alegre y Carlos Rosenkrantz, 22 de julio y 27 de agosto de 2003 respectivamente; Nino, Carlos S., Juicio al mal…, op. cit., p. 159.
[52] Para profundizar el aspecto económico de la presidencia de Alfonsín, pueden consultarse: Acuña, Marcelo Luis, op. cit.; Canitrot, Adolfo, op. cit.; Lewis, Colin y Nissa Torrents, op. cit.; Pucciarelli, Alfredo Raúl, coord., op. cit.; Torre, Juan Carlos, “Transición democrática y emergencia económica. El gobierno de la economía bajo la presidencia de Alfonsín”, inédito.
[53] Aún hoy varios miembros del grupo siguen vinculados a lo público. Por ejemplo, Marcela Rodríguez es diputada nacional por el ARI y Roberto Saba es director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles. En cuanto a los demás, todos hacen docencia y tanto Carlos Rosenkrantz como Roberto Gargarella son profesores titulares de la facultad de Derecho de la UBA.
[54] Entrevista con Martín Böhmer, 2 de julio de 2003.
[55] Al hacerse la reforma constitucional de 1994, Alfonsín contó entre sus asesores con Carlos Rosenkrantz, Marcela Rodríguez, Gabriel Bouzat y Marcelo Alegre.