Pablo Iglesias obtenía su primer acta de diputado en junio de 1910
El PSOE se hace centenario en el Congreso
El 10 de junio de 1910, Pablo Iglesias, fundador del PSOE y del sindicato UGT, conseguía la primera acta de un diputado de este partido en toda la historia. Desde entonces, con la excepción de los periodos de dictadura, esta formación siempre ha estado presente en el Parlamento como una de las principales fuerzas. Tanto, que ha gobernado el país durante 18 años desde el retorno de la democracia, y en toda su historia ha contado con cuatro presidentes del Gobierno. El Grupo Parlamentario Socialista va a celebrar esta efeméride el próximo jueves en la propia sede del Congreso, donde acudirán todos los parlamentarios del partido que siguen vivos –fueron 1.552, y se espera que acudan cerca del millar de personas–, además de presidente y ex presidentes del Congreso y Senado, y portavoces del grupo. También se verán las caras el ex presidente Felipe González y el actual inquilino de La Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero, en un momento en el que las críticas de González a la ejecutoria de su sucesor no han sentado nada bien en el Gabinete.
Por Pedro Antonio NavarroEl 10 de junio de 1910, el fundador del Partido Socialista Obrero Español y del sindicato Unión General de Trabajadores, Pablo Iglesias, recogía su acta de diputado obtenida en los comicios celebrados dos días antes, respaldado por 40.899 votos, integrado en la denominada Conjunción Republicano-Socialista.
Era la primera ocasión en que un miembro de esta formación política conseguía un escaño en el Congreso. Personalmente repetiría en 1914, 1916, 1918, 1919, 1920 y 1923. No sería su único cargo de representación popular, en 1905 había resultado elegido concejal del ayuntamiento de Madrid, donde permanecería hasta 1910, y luego repetiría entre 1914 y 1917.
Esta entrada de Iglesias en el Hemiciclo constituía el primer paso que daba un miembro de uno de los partidos socialistas más antiguos de Europa –el PSOE fue fundado en mayo de 1879, y sólo es superado en antigüedad por el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), que data de 1863- en el Parlamento español. Desde entonces, un total de 1.552 miembros del PSOE han conseguido acta parlamentaria en la historia de España. La tímida entrada de un solo representante se ha transformado a través de la historia, convirtiendo a esta formación en una de las más importantes en el panorama político nacional.
Conjuntamente con otras fuerzas de izquierda ejercieron el gobierno en dos fases diferentes de la Segunda República, por un periodo total de casi cinco años. El Partido Socialista era la fuerza más numerosa de la Cámara entonces, con 131 escaños en 1931. De esa época surgieron dos presidentes del Gobierno socialistas, Francisco Largo Caballero y Juan Negrín. Ya en la moderna democracia, el PSOE es el partido que más tiempo ha ejercido el poder, 18 años, y también han sido presidentes del Ejecutivo otros dos socialistas: Felipe González Márquez (1982-1996) y José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2010).
La labor parlamentaria de los socialistas, en defensa de las libertades, les costó la vida a varios de sus diputados en la dura represión franquista. 56 de ellos fueron fusilados entre 1936 y 1942; otro más fallecía en prisión, otro durante los interrogatorios en comisaría, y otro más era asesinado por razones políticas en 1935, un año antes de la sublevación militar franquista.
Si bien el papel de este partido y su presencia en la escena política decaían notablemente durante la dictadura –eran otras fuerzas, especialmente el Partido Comunista de España, las que daban la batalla interior de resistencia contra el régimen fascista de Franco-, con el retorno de la democracia, el PSOE volvía a convertirse en la principal formación de la izquierda española. Desde entonces siempre ha sido el partido de gobierno o la principal fuerza de la oposición –en 1977 conseguía 118 diputados; 121 en 1979; en 1996 llegaba a los 141, y en 2000, 125-.
Ahora, a pesar de la difícil situación y del enrarecido clima político, el Grupo Parlamentario Socialista quiere celebrar este centenario por todo lo alto. El próximo 10 de junio, en la Sala de Columnas del Congreso han sido convocados todos los actuales parlamentarios y todos aquellos del partido que alguna vez lo han sido, y que aún estén entre nosotros. La organización espera que se supere el millar de asistentes.
La sesión festiva y de celebración política tendrá dos partes. Por la mañana intervendrán el primer presidente socialista del Congreso en la etapa democrática, Gregorio Peces Barba, y el actual, José Bono. Félix Pons y Manuel Marín, también ex presidentes del Congreso, acudirán, pero no está prevista su intervención. Sí lo está, en cambio, la del primer portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Alfonso Guerra, que es el único diputado de la legislatura constituyente que ha conservado su escaño ininterrumpidamente. Es también el presidente de la Comisión Constitucional de la Cámara Baja. Junto a él comparecerá el actual portavoz, José Antonio Alonso.
En el turno de tarde, junto a otros muchos, el propio Grupo Parlamentario Socialista ha confirmado la presencia del ex presidente del Gobierno y ex secretario general socialista, Felipe González, que coincidirá con el actual secretario general y también presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
El encuentro entre ambos llegará en un momento difícil para el inquilino de La Moncloa, debido a los efectos de la crisis, las medidas de ajuste y la creciente desafección de los sindicatos –por cierto, el secretario general de la UGT, Cándido Méndez, es uno de los principales invitados al acto-, pero sobre todo, la cita puede ser tensa después de que el ex presidente afirmara textualmente el pasado 2 de junio que “rectificar es de sabios, y de necios hacerlo a diario”, en una alusión nada indirecta a los cambios de rumbo impulsados en los últimos tiempos por el Gobierno de Zapatero.
Más allá del difícil momento para el partido, los socialistas quieren homenajear, tanto a su fundador, como a todos los parlamentarios de su formación que a lo largo de la historia han participado de la tarea legislativa en nuestro país. En palabras de Eduardo Madina, secretario general del Grupo Parlamentario, se encuentran ante “100 años de historia a los que queremos rendir un pequeño tributo de memoria”.
En el acto está prevista la presentación del libro “Las voces de Pablo Iglesias. Cien años de Grupo Socialista”.
Los socialistas en el poder
Desde la obtención de su primera representación parlamentaria, en 1910, el Partido Socialista Obrero Español tardaba 21 años en alcanzar el poder político. La llegada de la II república, en 1931, permitía a los socialistas formar parte del primer Gobierno republicano, en coalición con otras fuerzas. Tras el triunfo de la derecha, representada por la CEDA, en 1933, el PSOE retornaba a la oposición, aunque volvería a formar parte del Ejecutivo desde 1936, con el triunfo en las urnas del Frente Popular, hasta 1939, cuando la República era derrotada en la Guerra Civil por los militares sublevados. En esos últimos tres años, los socialistas contaron con dos presidentes de Gobierno: Francisco Largo Caballero y Juan Negrín.
Pero no sería hasta el retorno de la democracia cuando la formación que hoy lidera José Luis Rodríguez Zapatero, tuviera la oportunidad de alcanzar el poder en solitario, y con ello, la posibilidad de desarrollar su propio programa de gobierno.
Tras dos elecciones generales (1977 y 1979) en las que Unión de Centro Democrático (UCD) había obtenido una mayoría simple y gobernado con otros apoyos parlamentarios, con un PSOE que quedaba como segunda fuerza política, los terceros comicios de la democracia, en octubre de 1982, traían la aplastante victoria de un Partido Socialista liderado por el joven abogado sevillano Felipe González Márquez. En aquella ocasión lograba 10.127.392 votos, con un 48,11 por ciento de respaldo popular y, debido a las peculiaridades de la Ley Electoral, una cómoda mayoría absoluta de 202 escaños en un Congreso que cuenta con un total de 350. Ninguna otra formación ha cosechado unos resultados tan rotundos desde entonces.
Apoyado en esa sólida mayoría, el Gobierno de González emprendía el desarrollo de su programa sin mayores obstáculos. Se subscribieron una serie de acuerdos con los agentes sociales, entre los que destacan el Acuerdo Nacional sobre Empleo, el Acuerdo Interconfederal (ambos de 1983) y el Acuerdo Económico y Social, en octubre de 1984. En 1983 también se pone en marcha el Plan Energético Nacional.
A finales de ese año es convalidado en el Congreso el Decreto-ley de Reconversión Industrial. Una de sus consecuencias fue la aprobación al año siguiente de a Ley de Protección contra el Paro. A finales de la legislatura, el 1 de enero de 1986, entraba en vigor el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
Una de las iniciativas más sonadas del primer ‘Gobierno González’ tuvo como protagonista al entonces ministro de Economía, Miguel Boyer. En un símbolico 23 de febrero de 1983, el Consejo de Ministros aprobaba por Decreto-ley la expropiación del Grupo Rumasa, propiedad de José María Ruiz Mateos. El 2 de marzo, el Congreso convalida este Decreto-ley con los votos favorables del PSOE, PCE y PNV, y contrarios de los diputados del Grupo Popular, UCD, Minoría Catalana y CDS.
En el campo social el país experimentó importantes progresos, tratando de emular, pese a la diferencia de renta, el modelo del Estado del Bienestar europeo, pero en el terreno estrictamente económico, Felipe González se decantó por el pragmatismo liberal, que tuvo su máximo exponente en una durísima reconversión industrial a y otras reformas estructurales.
Otro hito lo constituyó la aprobación la jornada laboral de cuarenta horas semanales, en diciembre de 1982. Además, el período de vacaciones fue ampliado, para todos los trabajadores, a 30 días. En esta misma línea, el ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, anunciaba la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 1984 de un nuevo subsidio de desempleo para los trabajadores del campo que sustituirá al empleo comunitario.
Continuando en el ámbito laboral, el 23 de julio de 1985, el Pleno del Congreso daba luz verde al Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la Racionalización en la Estructura y de la Acción Protectora de la Seguridad Social, más conocida como reforma de las pensiones, que extendía la universalidad de ese derecho, así como a la atención sanitaria. El 11 de septiembre del mismo año, se aprobaba la reforma del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
El mayor logro de la primera legislatura de González en política internacional fue la certificación de la entrada de nuestro país en las estructuras comunitarias con plenos derechos. El 12 de junio de 1985, España suscribía el Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea, tras 23 años de negociaciones. El 1 de enero de 1986 se producía el ingreso formal en la entonces denominada Comunidad Económica Europea (CEE).
En materia de libertades, el Gobierno remitía al Parlamento el Proyecto de Ley Orgánica que regula el Derecho de Reunión, y el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial del Código Penal que despenalizaba el aborto en tres supuestos, y que ha continuado vigente hasta hace bien poco.
Morir de éxito. Los siguientes comicios tenían lugar el 22 de junio de 1986. Felipe González revalidaba la mayoría absoluta obtenida en 1982 aunque con un descenso notable de escaños, quedándose en 184.
En esa legislatura se produciría el primer enfrentamiento del Partido Socialista con los sindicatos. En 1985, Comisiones Obreras convocaba una huelga general contra el recorte de las pensiones.
Las elecciones tuvieron lugar el 29 de octubre de 1989. En ellas, el PSOE se quedaría a un escaño de revalidar por tercera vez su mayoría absoluta aunque pudo gobernar sin problemas gracias a la no presencia de los diputados de Herri Batasuna durante toda la legislatura.
Las elecciones se celebraron el 6 de junio de 1993 y concedieron la mayoría simple al PSOE. El PP consigue aumentar 34 escaños respecto los resultados de 1989, sin embargo el PSOE pierde 16 escaños. Estos resultados alejaron a Felipe González de la mayoría absoluta que consiguió en los anteriores comicios, y por primera vez su ejecutivo afronta una legislatura sin ostentar la mayoría absoluta.
La legislatura estuvo marcada por la crisis económica internacional de 1992-1993. Si bien la situación económica a partir de 1985 (coincidiendo con la entrada de España en Europa) era muy favorable y el perfil evolutivo del PIB per cápita se fue asemejando al de los países comunitarios, a partir de 1989 el Producto Interno Bruto comenzó a disminuir notablemente, y la economía entro un ciclo de recesión. la posterior etapa fue desfavorable para los indicadores económicos, y la recesión y crisis económica internacional afectó profundamente a las tasas de paro. Sin embargo, a partir de 1994 se inició un fase de notable recuperación, pasando de una recesión del 1,1 % del PIB en 1993 a una tasa de crecimiento económico equivalente al 2% ,aunque la situación económica era dificil, la tasa de paro comenzo un paulatino descenso, situándose al final de la legislatura en el 23,6 %. Por otro lado, la tasa de inflación se redujo al 5,5 % entre 1994 y 1996,la deuda pública se situaba en el 68% , el déficit en el 7,1% y una Seguridad Social en quiebra, con un déficit del 0,7% (500 mil millones de pesetas) y en esta legislatura se llegó a la mayor presión fiscal de la democracia, un 36%, por las subidas de impuestos.
La era Zapatero. La VIII Legislatura de España comenzó el 2 de abril de 2004, fecha de constitución de las nuevas Cortes tras el triunfo por mayoría simple del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones generales celebradas el 14 de marzo de 2004.
El nuevo gobierno, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, se ha caracterizado por la continuidad básica con la política económica del gobierno saliente (aunque con cierto aumento del gasto público), el fomento de medidas sociales consideradas progresistas, como el matrimonio homosexual o una nueva regularización de emigrantes, el inicio de un denominado proceso de paz con ETA y la reforma de Estatutos de Autonomía. En el terreno internacional, se retiraron las tropas de Iraq y se ha promovido la Alianza de Civilizaciones.
Las reformas y medidas adoptadas se han llevado a cabo mediante apoyos puntuales, principalmente por parte de Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya, aunque también con CiU, PNV y BNG.
La economía española sigue creciendo a un ritmo superior a sus vecinos europeos. . El déficit exterior se elevó en el 2005 un 37,1% más (51.884 millones, el 6,5% del producto interior bruto), lo que la convierte en el segundo país con mayor déficit exterior de la eurozona.
Una promesa electoral del PSOE fue aumentar el presupuesto para I+D en un 25% cada año, durante los 4 años de la legislatura. Otra de las promesas electorales del PSOE durante las elecciones fue la subida del salario mínimo interprofesional de 460 euros en el 2004 (uno de los más bajos de toda la UE) a 600 euros el 2008.
Se ha procedido a la subida de impuestos indirectos (alcohol y tabaco) y autorizado la de la electricidad y los carburantes para sufragar la deuda de las Comunidades Autónomas.
El gobierno pronto suprimió el trasvase de agua desde el río Ebro hasta distintas zonas de la España mediterránea incluido en el Plan Hidrológico Nacional: Almería, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña. A cambio prometió un nuevo plan que proporcionaría agua a estas zonas basándose, sobre todo, en la construcción de modernas plantas de desalinización y en una mayor eficiencia del uso del agua.
La legislatura ha estado marcada por el denominado Proceso de paz con ETA emprendido por el nuevo Gobierno y por las secuelas de los Atentados de marzo en Madrid. El 30 de diciembre de 2006 un atentado de ETA en la Terminal T4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas, que costó la vida a dos personas, hizo al Presidente del Gobierno suspender el Proceso de Paz.
El Gobierno ha incidido en su pretensión de garantizar la igualdad de derechos entre los españoles sin distinción de sexo. Esto se ha traducido en la paridad en el gabinete de Zapatero: hay ocho ministros y ocho ministras, así como una vicepresidente primera y un vicepresidente segundo.
23 de junio de 2005 se aprueba la reforma de la Ley del divorcio que pretende agilizar el proceso y evitar el doble trámite anterior de separarse primero para divorciarse después. Se elimina ese paso previo necesario y se modifican aspectos relacionados con la custodia de los hijos y las pensiones compensatorias.
También se ha aprobado en julio de 2005 la reforma del Código Civil que equipara totalmente las uniones de personas del mismo sexo, con la denominación única de matrimonio y el derecho de adopción. Esta medida ha generado mucho debate en la sociedad.
Ley que sienta las bases para construir el futuro Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, que financiará los servicios que necesitan las personas dependientes, bien por sufrir una enfermedad o accidente invalidante o al llegar a la vejez. Fue aprobada el 30 de noviembre de 2006 por el Congreso de los Diputados. En diciembre del 2005, se ampliaron los permisos por paternidad a los funcionarios. En marzo de 2007 se extienden estos permisos a todos los trabajadores y se amplía además el permiso de maternidad en el caso de parto prematuro.
Durante 2005 el gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero llevó a cabo un nuevo proceso de regulación de inmigrantes que pretendía resolver la situación ilegal de casi un millón de inmigrantes en el país. El principal requisito para la regularización consistía en contar con un contrato de trabajo, por lo que requirió la colaboración de sus empleadores. Varios cientos de miles de inmigrantes fueron regularizados, lo que se tradujo en un aumento considerable de cotizaciones a la Seguridad Social.
En cuanto a la religión, se ha observado un enfrentamiento entre el Gobierno y la jerarquía eclesiástica durante toda la legislatura. Como precedente, diferentes miembros del Gobierno se habían manifestado a favor de la supresión de la asignatura de Religión (católica) o la equiparación de otras religiones en la educación pública. A finales de 2004, la Conferencia Episcopal Española muestra su oposición con el gobierno en asuntos como los matrimonios entre personas del mismo sexo y la reforma educativa de la asignatura de religión. En noviembre la Conferencia Episcopal lanza una campaña, con siete millones de folletos, contra la eutanasia, y anuncia que seguirán otras sobre otros asuntos que considera de interés público.
El enfrentamiento se ha mantenido en diversos frentes durante toda la legislatura, tanto el económico (en el que finalmente se llegó a un nuevo acuerdo de financiación con la Iglesia, a aplicar desde 2007)[25] como el educativo, especialmente en lo referente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, o el de los derechos y libertades.
En clave socio-educativa, desde el Gobierno se ha propuesto una “recuperación de la memoria histórica”, concretada en un principio en la devolución a Cataluña de los denominados “papeles de Salamanca” (documentación que permanecía en el Archivo General de la Guerra Civil) y al sindicato UGT del patrimonio incautado tras la Guerra Civil, o en la retirada de las estatuas ecuestres de Francisco Franco de las vías públicas. Finalmente y como colofón de ese proyecto se aprobó la llamada Ley de la memoria histórica (Ley 52/2007), que incluye un reconocimiento de la ilegitimidad de tribunales y jurados durante la Guerra Civil, medidas para la recuperación de los cadáveres sepultados en fosas comunes durante la guerra y la retirada de símbolos franquistas.
Aunque previamente el denominado Plan Ibarretxe ya inició el debate sobre el modelo territorial del Estado, es con el inicio del proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña en su Parlamento cuando se intensifica el debate. La Comunidad Valenciana fue la primera en presentar una reforma de su estatuto de autonomía al Congreso de los Diputados. En Baleares, Andalucía y Galicia los principales partidos políticos han iniciado conversaciones para reformar también sus respectivos estatutos.
El 2 de noviembre de 2005 el Estatuto Catalán es admitido a trámite en el Parlamento Español tras más de doce horas de debate con el único rechazo del Partido Popular, quien ese mismo día presentó el recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. El texto, defendido por el tripartito catalán (PSOE, ERC y ICV) y el gobierno de Zapatero, se sometió a la comisión constitucional del congreso y fue modificado. Finalmente se aprobó con los votos del 54% del congreso y el 48% del senado. El Pleno del Congreso aprobó el 24 de mayo la toma en consideración del proyecto de reforma del estatuto de Andalucía con el 57% de los votos y la única oposición del PP.
El 18 de junio de 2006 el Estatuto Catalán fue definitivamente aprobado en referéndum con el 73,9% de los votos, frente a un 20,7% de votos negativos, con una participación del 49,42%.
La política exterior del Gobierno socialista, encargada a Miguel Ángel Moratinos, se ha caracterizado por el alejamiento de Estados Unidos y Gran Bretaña y el acercamiento a la ONU, la vuelta a la UE y relaciones amistosas con los países sudamericanos, junto a la promoción de la Alianza de Civilizaciones. A pesar de la retirada de Iraq, “España tiene destinados 2.092 militares en misiones en Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afganistán, Congo, Líbano y Países Bálticos y, según acuerdo de Consejo de Ministros, no podrán superarse los 3.000 efectivos y los 50 observadores militares”.
El mismo día 15 de marzo de 2004, Zapatero anunció que cumpliría su promesa electoral, haciendo regresar a España a las tropas españolas destinadas a Iraq antes del 30 de junio de 2004 si la Organización de las Naciones Unidas no tomaba el cargo de la situación. el 18 de abril, Zapatero anunció la retirada inmediata, cuya primera fase se completó el 28 de abril. Las fuerzas militares españolas han aumentado, sin embargo, su presencia en Afganistán.
Zapatero también defendió en la ONU la idea de la Alianza de Civilizaciones, como mejor forma de luchar contra el terrorismo islámico. La iniciativa, promovida por Zapatero y el primer ministro turco, Recpe Tayyip Erdogan, recuperando la propuesta hecha por el ex-presidente iraní Muhammad Jatami en 1999, ha sido asumida por el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan y por el actual, Ban Ki-moon.
La IX Legislatura de España comenzó el 1 de abril de 2008, fecha en la que se constituyeron las nuevas Cortes tras el triunfo por mayoría simple del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones generales celebradas el 9 de marzo de 2008. Con una participación del 73,85%, el resultado de las elecciones generales dio la mayoría simple al PSOE, que obtuvo 169 escaños en el Congreso de los Diputados, cinco más que en las anteriores elecciones.
En el plano económico, la IX Legislatura ha quedado marcada por el impacto de la crisis originada en los Estados Unidos, que afectó gravemente a todo el Occidente desarrollado. En España, este impacto adquirió la forma de una crisis inmobiliaria.
El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, anunció el 13 de abril que el Consejo de Ministros aprobará una serie de medidas que supondrán una inyección de 10.000 millones de euros en la economía española. La primera medida que apruebe el Ejecutivo será devolver 400 euros a los trabajadores, pensionistas y autónomos que paguen IRPF. Según informaron fuentes del Ministerio de Economía la devolución se empezará a hacer efectiva en la nómina del mes de julio, cuando recibirán 200 euros, correspondientes a los primeros seis meses del año.
La economía española solo creció durante 2008 el 1,1% –una “sustancial desaceleración” en comparación con la cifra registrada en año anterior (3,7%)–, y tras dos trimestres consecutivos (tercer y cuarto) de crecimiento negativo la economía entró oficialmente en recesión.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una comparencia del 23 de junio de 2008 informó de diversas medidas del gabinete dirigidas a paliar los efectos de la crisis económica. Zapatero adelantó que en 2009 la oferta pública de empleo se reduciría un 30% respecto a 2008 y que congelaría los salarios de todos los altos cargos de la Administración General del Estado. Además, anunciaba el aumento de las líneas de apoyo del ICO y del Tesoro Público destinadas a la financiación de PYMES y Viviendas de Protección Oficial (VPO) hasta los 35.000 millones de euros en 2009 y 2010.
Igualmente, se ponía en marcha un Plan Renove para rehabilitación de viviendas e infraestructuras hoteleras con una dotación en nuevas líneas del ICO por valor de 2.500 millones así como que el Ministerio de Vivienda elevaría al Consejo de Ministros un nuevo marco normativo para impulsar la rehabilitación de edificios.
A partir de julio y durante dos años el Plan Vehículo Innovador Vehículo Eficiente (VIVE) con una dotación anual de 1.500 millones en créditos blandos para rejuvenecer el parque automovilístico.
Finalmente el Gobierno lanza el Plan E, una serie de medidas directas de impulso a la creación de empleo, entre las que cabe destacar el Fondo para Entidades Locales y el Fondo Especial para la Dinamización de la Economía y el Empleo, tanto por el volumen de fondos que se movilizan, 11.000 millones de euros, como por la capilaridad de las actuaciones que se pondrán en marcha, que se espera que generen unos 300.000 empleos distribuidos por toda la geografía española. A pesar de las medidas tomadas, el coste de llevar a cabo las mismas y la crisis económica agotaron el superávit del Estado. Desde el año 2003 la Administración Pública no registraba un déficit en sus cuentas.
El mal trago de la OTAN
La entrada de nuestro país en la Alianza Atlántica supuso uno de los momentos más delicados por los que atravesó el Gobierno de Felipe González en su primera legislatura en el poder. Las presiones por parte de Estados Unidos y los Estados europeos eran evidentes, ya que el Gobierno anterior de UCD, presidido por Leopoldo Calvo Sotelo, había comprometido la adhesión española a la gran alianza militar prooccidental, cosa que se había producido, de hecho.
La mayoría de las bases del Partido Socialista, al igual que el resto de la sociedad española del momento, se mostraban contrarias a la pertenencia a la OTAN, lo que pondría a prueba el demostrado pragmatismo de González. Poco antes de su llegada al poder, la dirección del PSOE había puesto en marcha una campaña con un lema ambiguo, “OTAN, de entrada no”, que levantaba las sospechas de muchos de los militantes del partido, y de el resto de las fuerzas de izquierda, que ya venían agrupándose en la denominada Plataforma AntiOTAN –que constituiría el germen de lo que posteriormente acabaría siendo la actual Izquierda Unida-, pese a que los socialistas habían expresado una tímida oposición a la decisión de UCD.
Felipe González trataba de madurar la situación, y estratégicamente decidía escoger el momento más oportuno para lograr convencer a los suyos de las ‘bondades’ de la pertenencia a la Alianza. El instante llegaba dos años después de su aplastante triunfo electoral por mayoría absoluta. El 23 de octubre de 1984, comenzaba en el Congreso de los Diputados el segundo Debate sobre el Estado de la Nación desde la aprobación de la Constitución. Durante su transcurso, González anunciaba la celebración de un referéndum sobre la adhesión a la OTAN antes de Febrero de 1986. En diciembre de 1985, el XXX Congreso del PSOE aprobaba la permanencia de nuestro país en la alianza militar.
Finalmente, el Gobierno convocaba un referéndum sobre la cuestión para el 12 de marzo de 1986. La campaña se recuerda como una de las más duras que ha vivido nuestro país, con un alto grado de polarización, en la que González puso en juego todo su prestigio para conseguir el voto afirmativo.
En innumerables actos, en las radios, la prensa y la televisión, los representantes gubernamentales esgrimían todo tipo de argumentos que vinculaban la entrada del país en la OTAN con la otra ansiada pertenencia al club de la Unión Europea. Se explicaba que España no formaría parte de la denominada estructura militar de la alianza, y hasta se dejaba traslucir que sería bueno que los militares patrios tomasen contacto con sus colegas de los países integrados en la Alianza Atlántica, como medio para conjurar el fantasma de un golpismo que había estado muy activo en los años anteriores, amenazando a la todavía joven democracia española.
Además del apoyo de la derecha sociológica, en busca del sí de los ciudadanos se lanzaron numerosos artistas considerados progresistas, y hasta locutores deportivos de conocida discrepancia ideológica con el Gobierno, como el entonces’ todopoderoso’ José María García.
La pregunta que constaba en la papeleta rezaba: “¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?”. El “sí” conseguía el respaldo del 52,5 por ciento de los votantes, mientras que se oponía el 39,8 por ciento. El “no” sí se imponía en las comunidades autónomas de Canarias, Cataluña, Navarra y País Vasco.
El PSOE se hace centenario en el Congreso
El 10 de junio de 1910, Pablo Iglesias, fundador del PSOE y del sindicato UGT, conseguía la primera acta de un diputado de este partido en toda la historia. Desde entonces, con la excepción de los periodos de dictadura, esta formación siempre ha estado presente en el Parlamento como una de las principales fuerzas. Tanto, que ha gobernado el país durante 18 años desde el retorno de la democracia, y en toda su historia ha contado con cuatro presidentes del Gobierno. El Grupo Parlamentario Socialista va a celebrar esta efeméride el próximo jueves en la propia sede del Congreso, donde acudirán todos los parlamentarios del partido que siguen vivos –fueron 1.552, y se espera que acudan cerca del millar de personas–, además de presidente y ex presidentes del Congreso y Senado, y portavoces del grupo. También se verán las caras el ex presidente Felipe González y el actual inquilino de La Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero, en un momento en el que las críticas de González a la ejecutoria de su sucesor no han sentado nada bien en el Gabinete.
Por Pedro Antonio NavarroEl 10 de junio de 1910, el fundador del Partido Socialista Obrero Español y del sindicato Unión General de Trabajadores, Pablo Iglesias, recogía su acta de diputado obtenida en los comicios celebrados dos días antes, respaldado por 40.899 votos, integrado en la denominada Conjunción Republicano-Socialista.
Era la primera ocasión en que un miembro de esta formación política conseguía un escaño en el Congreso. Personalmente repetiría en 1914, 1916, 1918, 1919, 1920 y 1923. No sería su único cargo de representación popular, en 1905 había resultado elegido concejal del ayuntamiento de Madrid, donde permanecería hasta 1910, y luego repetiría entre 1914 y 1917.
Esta entrada de Iglesias en el Hemiciclo constituía el primer paso que daba un miembro de uno de los partidos socialistas más antiguos de Europa –el PSOE fue fundado en mayo de 1879, y sólo es superado en antigüedad por el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), que data de 1863- en el Parlamento español. Desde entonces, un total de 1.552 miembros del PSOE han conseguido acta parlamentaria en la historia de España. La tímida entrada de un solo representante se ha transformado a través de la historia, convirtiendo a esta formación en una de las más importantes en el panorama político nacional.
Conjuntamente con otras fuerzas de izquierda ejercieron el gobierno en dos fases diferentes de la Segunda República, por un periodo total de casi cinco años. El Partido Socialista era la fuerza más numerosa de la Cámara entonces, con 131 escaños en 1931. De esa época surgieron dos presidentes del Gobierno socialistas, Francisco Largo Caballero y Juan Negrín. Ya en la moderna democracia, el PSOE es el partido que más tiempo ha ejercido el poder, 18 años, y también han sido presidentes del Ejecutivo otros dos socialistas: Felipe González Márquez (1982-1996) y José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2010).
La labor parlamentaria de los socialistas, en defensa de las libertades, les costó la vida a varios de sus diputados en la dura represión franquista. 56 de ellos fueron fusilados entre 1936 y 1942; otro más fallecía en prisión, otro durante los interrogatorios en comisaría, y otro más era asesinado por razones políticas en 1935, un año antes de la sublevación militar franquista.
Si bien el papel de este partido y su presencia en la escena política decaían notablemente durante la dictadura –eran otras fuerzas, especialmente el Partido Comunista de España, las que daban la batalla interior de resistencia contra el régimen fascista de Franco-, con el retorno de la democracia, el PSOE volvía a convertirse en la principal formación de la izquierda española. Desde entonces siempre ha sido el partido de gobierno o la principal fuerza de la oposición –en 1977 conseguía 118 diputados; 121 en 1979; en 1996 llegaba a los 141, y en 2000, 125-.
Ahora, a pesar de la difícil situación y del enrarecido clima político, el Grupo Parlamentario Socialista quiere celebrar este centenario por todo lo alto. El próximo 10 de junio, en la Sala de Columnas del Congreso han sido convocados todos los actuales parlamentarios y todos aquellos del partido que alguna vez lo han sido, y que aún estén entre nosotros. La organización espera que se supere el millar de asistentes.
La sesión festiva y de celebración política tendrá dos partes. Por la mañana intervendrán el primer presidente socialista del Congreso en la etapa democrática, Gregorio Peces Barba, y el actual, José Bono. Félix Pons y Manuel Marín, también ex presidentes del Congreso, acudirán, pero no está prevista su intervención. Sí lo está, en cambio, la del primer portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Alfonso Guerra, que es el único diputado de la legislatura constituyente que ha conservado su escaño ininterrumpidamente. Es también el presidente de la Comisión Constitucional de la Cámara Baja. Junto a él comparecerá el actual portavoz, José Antonio Alonso.
En el turno de tarde, junto a otros muchos, el propio Grupo Parlamentario Socialista ha confirmado la presencia del ex presidente del Gobierno y ex secretario general socialista, Felipe González, que coincidirá con el actual secretario general y también presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
El encuentro entre ambos llegará en un momento difícil para el inquilino de La Moncloa, debido a los efectos de la crisis, las medidas de ajuste y la creciente desafección de los sindicatos –por cierto, el secretario general de la UGT, Cándido Méndez, es uno de los principales invitados al acto-, pero sobre todo, la cita puede ser tensa después de que el ex presidente afirmara textualmente el pasado 2 de junio que “rectificar es de sabios, y de necios hacerlo a diario”, en una alusión nada indirecta a los cambios de rumbo impulsados en los últimos tiempos por el Gobierno de Zapatero.
Más allá del difícil momento para el partido, los socialistas quieren homenajear, tanto a su fundador, como a todos los parlamentarios de su formación que a lo largo de la historia han participado de la tarea legislativa en nuestro país. En palabras de Eduardo Madina, secretario general del Grupo Parlamentario, se encuentran ante “100 años de historia a los que queremos rendir un pequeño tributo de memoria”.
En el acto está prevista la presentación del libro “Las voces de Pablo Iglesias. Cien años de Grupo Socialista”.
Los socialistas en el poder
Desde la obtención de su primera representación parlamentaria, en 1910, el Partido Socialista Obrero Español tardaba 21 años en alcanzar el poder político. La llegada de la II república, en 1931, permitía a los socialistas formar parte del primer Gobierno republicano, en coalición con otras fuerzas. Tras el triunfo de la derecha, representada por la CEDA, en 1933, el PSOE retornaba a la oposición, aunque volvería a formar parte del Ejecutivo desde 1936, con el triunfo en las urnas del Frente Popular, hasta 1939, cuando la República era derrotada en la Guerra Civil por los militares sublevados. En esos últimos tres años, los socialistas contaron con dos presidentes de Gobierno: Francisco Largo Caballero y Juan Negrín.
Pero no sería hasta el retorno de la democracia cuando la formación que hoy lidera José Luis Rodríguez Zapatero, tuviera la oportunidad de alcanzar el poder en solitario, y con ello, la posibilidad de desarrollar su propio programa de gobierno.
Tras dos elecciones generales (1977 y 1979) en las que Unión de Centro Democrático (UCD) había obtenido una mayoría simple y gobernado con otros apoyos parlamentarios, con un PSOE que quedaba como segunda fuerza política, los terceros comicios de la democracia, en octubre de 1982, traían la aplastante victoria de un Partido Socialista liderado por el joven abogado sevillano Felipe González Márquez. En aquella ocasión lograba 10.127.392 votos, con un 48,11 por ciento de respaldo popular y, debido a las peculiaridades de la Ley Electoral, una cómoda mayoría absoluta de 202 escaños en un Congreso que cuenta con un total de 350. Ninguna otra formación ha cosechado unos resultados tan rotundos desde entonces.
Apoyado en esa sólida mayoría, el Gobierno de González emprendía el desarrollo de su programa sin mayores obstáculos. Se subscribieron una serie de acuerdos con los agentes sociales, entre los que destacan el Acuerdo Nacional sobre Empleo, el Acuerdo Interconfederal (ambos de 1983) y el Acuerdo Económico y Social, en octubre de 1984. En 1983 también se pone en marcha el Plan Energético Nacional.
A finales de ese año es convalidado en el Congreso el Decreto-ley de Reconversión Industrial. Una de sus consecuencias fue la aprobación al año siguiente de a Ley de Protección contra el Paro. A finales de la legislatura, el 1 de enero de 1986, entraba en vigor el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
Una de las iniciativas más sonadas del primer ‘Gobierno González’ tuvo como protagonista al entonces ministro de Economía, Miguel Boyer. En un símbolico 23 de febrero de 1983, el Consejo de Ministros aprobaba por Decreto-ley la expropiación del Grupo Rumasa, propiedad de José María Ruiz Mateos. El 2 de marzo, el Congreso convalida este Decreto-ley con los votos favorables del PSOE, PCE y PNV, y contrarios de los diputados del Grupo Popular, UCD, Minoría Catalana y CDS.
En el campo social el país experimentó importantes progresos, tratando de emular, pese a la diferencia de renta, el modelo del Estado del Bienestar europeo, pero en el terreno estrictamente económico, Felipe González se decantó por el pragmatismo liberal, que tuvo su máximo exponente en una durísima reconversión industrial a y otras reformas estructurales.
Otro hito lo constituyó la aprobación la jornada laboral de cuarenta horas semanales, en diciembre de 1982. Además, el período de vacaciones fue ampliado, para todos los trabajadores, a 30 días. En esta misma línea, el ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, anunciaba la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 1984 de un nuevo subsidio de desempleo para los trabajadores del campo que sustituirá al empleo comunitario.
Continuando en el ámbito laboral, el 23 de julio de 1985, el Pleno del Congreso daba luz verde al Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la Racionalización en la Estructura y de la Acción Protectora de la Seguridad Social, más conocida como reforma de las pensiones, que extendía la universalidad de ese derecho, así como a la atención sanitaria. El 11 de septiembre del mismo año, se aprobaba la reforma del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
El mayor logro de la primera legislatura de González en política internacional fue la certificación de la entrada de nuestro país en las estructuras comunitarias con plenos derechos. El 12 de junio de 1985, España suscribía el Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea, tras 23 años de negociaciones. El 1 de enero de 1986 se producía el ingreso formal en la entonces denominada Comunidad Económica Europea (CEE).
En materia de libertades, el Gobierno remitía al Parlamento el Proyecto de Ley Orgánica que regula el Derecho de Reunión, y el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial del Código Penal que despenalizaba el aborto en tres supuestos, y que ha continuado vigente hasta hace bien poco.
Morir de éxito. Los siguientes comicios tenían lugar el 22 de junio de 1986. Felipe González revalidaba la mayoría absoluta obtenida en 1982 aunque con un descenso notable de escaños, quedándose en 184.
En esa legislatura se produciría el primer enfrentamiento del Partido Socialista con los sindicatos. En 1985, Comisiones Obreras convocaba una huelga general contra el recorte de las pensiones.
Las elecciones tuvieron lugar el 29 de octubre de 1989. En ellas, el PSOE se quedaría a un escaño de revalidar por tercera vez su mayoría absoluta aunque pudo gobernar sin problemas gracias a la no presencia de los diputados de Herri Batasuna durante toda la legislatura.
Las elecciones se celebraron el 6 de junio de 1993 y concedieron la mayoría simple al PSOE. El PP consigue aumentar 34 escaños respecto los resultados de 1989, sin embargo el PSOE pierde 16 escaños. Estos resultados alejaron a Felipe González de la mayoría absoluta que consiguió en los anteriores comicios, y por primera vez su ejecutivo afronta una legislatura sin ostentar la mayoría absoluta.
La legislatura estuvo marcada por la crisis económica internacional de 1992-1993. Si bien la situación económica a partir de 1985 (coincidiendo con la entrada de España en Europa) era muy favorable y el perfil evolutivo del PIB per cápita se fue asemejando al de los países comunitarios, a partir de 1989 el Producto Interno Bruto comenzó a disminuir notablemente, y la economía entro un ciclo de recesión. la posterior etapa fue desfavorable para los indicadores económicos, y la recesión y crisis económica internacional afectó profundamente a las tasas de paro. Sin embargo, a partir de 1994 se inició un fase de notable recuperación, pasando de una recesión del 1,1 % del PIB en 1993 a una tasa de crecimiento económico equivalente al 2% ,aunque la situación económica era dificil, la tasa de paro comenzo un paulatino descenso, situándose al final de la legislatura en el 23,6 %. Por otro lado, la tasa de inflación se redujo al 5,5 % entre 1994 y 1996,la deuda pública se situaba en el 68% , el déficit en el 7,1% y una Seguridad Social en quiebra, con un déficit del 0,7% (500 mil millones de pesetas) y en esta legislatura se llegó a la mayor presión fiscal de la democracia, un 36%, por las subidas de impuestos.
La era Zapatero. La VIII Legislatura de España comenzó el 2 de abril de 2004, fecha de constitución de las nuevas Cortes tras el triunfo por mayoría simple del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones generales celebradas el 14 de marzo de 2004.
El nuevo gobierno, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, se ha caracterizado por la continuidad básica con la política económica del gobierno saliente (aunque con cierto aumento del gasto público), el fomento de medidas sociales consideradas progresistas, como el matrimonio homosexual o una nueva regularización de emigrantes, el inicio de un denominado proceso de paz con ETA y la reforma de Estatutos de Autonomía. En el terreno internacional, se retiraron las tropas de Iraq y se ha promovido la Alianza de Civilizaciones.
Las reformas y medidas adoptadas se han llevado a cabo mediante apoyos puntuales, principalmente por parte de Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya, aunque también con CiU, PNV y BNG.
La economía española sigue creciendo a un ritmo superior a sus vecinos europeos. . El déficit exterior se elevó en el 2005 un 37,1% más (51.884 millones, el 6,5% del producto interior bruto), lo que la convierte en el segundo país con mayor déficit exterior de la eurozona.
Una promesa electoral del PSOE fue aumentar el presupuesto para I+D en un 25% cada año, durante los 4 años de la legislatura. Otra de las promesas electorales del PSOE durante las elecciones fue la subida del salario mínimo interprofesional de 460 euros en el 2004 (uno de los más bajos de toda la UE) a 600 euros el 2008.
Se ha procedido a la subida de impuestos indirectos (alcohol y tabaco) y autorizado la de la electricidad y los carburantes para sufragar la deuda de las Comunidades Autónomas.
El gobierno pronto suprimió el trasvase de agua desde el río Ebro hasta distintas zonas de la España mediterránea incluido en el Plan Hidrológico Nacional: Almería, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña. A cambio prometió un nuevo plan que proporcionaría agua a estas zonas basándose, sobre todo, en la construcción de modernas plantas de desalinización y en una mayor eficiencia del uso del agua.
La legislatura ha estado marcada por el denominado Proceso de paz con ETA emprendido por el nuevo Gobierno y por las secuelas de los Atentados de marzo en Madrid. El 30 de diciembre de 2006 un atentado de ETA en la Terminal T4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas, que costó la vida a dos personas, hizo al Presidente del Gobierno suspender el Proceso de Paz.
El Gobierno ha incidido en su pretensión de garantizar la igualdad de derechos entre los españoles sin distinción de sexo. Esto se ha traducido en la paridad en el gabinete de Zapatero: hay ocho ministros y ocho ministras, así como una vicepresidente primera y un vicepresidente segundo.
23 de junio de 2005 se aprueba la reforma de la Ley del divorcio que pretende agilizar el proceso y evitar el doble trámite anterior de separarse primero para divorciarse después. Se elimina ese paso previo necesario y se modifican aspectos relacionados con la custodia de los hijos y las pensiones compensatorias.
También se ha aprobado en julio de 2005 la reforma del Código Civil que equipara totalmente las uniones de personas del mismo sexo, con la denominación única de matrimonio y el derecho de adopción. Esta medida ha generado mucho debate en la sociedad.
Ley que sienta las bases para construir el futuro Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, que financiará los servicios que necesitan las personas dependientes, bien por sufrir una enfermedad o accidente invalidante o al llegar a la vejez. Fue aprobada el 30 de noviembre de 2006 por el Congreso de los Diputados. En diciembre del 2005, se ampliaron los permisos por paternidad a los funcionarios. En marzo de 2007 se extienden estos permisos a todos los trabajadores y se amplía además el permiso de maternidad en el caso de parto prematuro.
Durante 2005 el gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero llevó a cabo un nuevo proceso de regulación de inmigrantes que pretendía resolver la situación ilegal de casi un millón de inmigrantes en el país. El principal requisito para la regularización consistía en contar con un contrato de trabajo, por lo que requirió la colaboración de sus empleadores. Varios cientos de miles de inmigrantes fueron regularizados, lo que se tradujo en un aumento considerable de cotizaciones a la Seguridad Social.
En cuanto a la religión, se ha observado un enfrentamiento entre el Gobierno y la jerarquía eclesiástica durante toda la legislatura. Como precedente, diferentes miembros del Gobierno se habían manifestado a favor de la supresión de la asignatura de Religión (católica) o la equiparación de otras religiones en la educación pública. A finales de 2004, la Conferencia Episcopal Española muestra su oposición con el gobierno en asuntos como los matrimonios entre personas del mismo sexo y la reforma educativa de la asignatura de religión. En noviembre la Conferencia Episcopal lanza una campaña, con siete millones de folletos, contra la eutanasia, y anuncia que seguirán otras sobre otros asuntos que considera de interés público.
El enfrentamiento se ha mantenido en diversos frentes durante toda la legislatura, tanto el económico (en el que finalmente se llegó a un nuevo acuerdo de financiación con la Iglesia, a aplicar desde 2007)[25] como el educativo, especialmente en lo referente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, o el de los derechos y libertades.
En clave socio-educativa, desde el Gobierno se ha propuesto una “recuperación de la memoria histórica”, concretada en un principio en la devolución a Cataluña de los denominados “papeles de Salamanca” (documentación que permanecía en el Archivo General de la Guerra Civil) y al sindicato UGT del patrimonio incautado tras la Guerra Civil, o en la retirada de las estatuas ecuestres de Francisco Franco de las vías públicas. Finalmente y como colofón de ese proyecto se aprobó la llamada Ley de la memoria histórica (Ley 52/2007), que incluye un reconocimiento de la ilegitimidad de tribunales y jurados durante la Guerra Civil, medidas para la recuperación de los cadáveres sepultados en fosas comunes durante la guerra y la retirada de símbolos franquistas.
Aunque previamente el denominado Plan Ibarretxe ya inició el debate sobre el modelo territorial del Estado, es con el inicio del proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña en su Parlamento cuando se intensifica el debate. La Comunidad Valenciana fue la primera en presentar una reforma de su estatuto de autonomía al Congreso de los Diputados. En Baleares, Andalucía y Galicia los principales partidos políticos han iniciado conversaciones para reformar también sus respectivos estatutos.
El 2 de noviembre de 2005 el Estatuto Catalán es admitido a trámite en el Parlamento Español tras más de doce horas de debate con el único rechazo del Partido Popular, quien ese mismo día presentó el recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. El texto, defendido por el tripartito catalán (PSOE, ERC y ICV) y el gobierno de Zapatero, se sometió a la comisión constitucional del congreso y fue modificado. Finalmente se aprobó con los votos del 54% del congreso y el 48% del senado. El Pleno del Congreso aprobó el 24 de mayo la toma en consideración del proyecto de reforma del estatuto de Andalucía con el 57% de los votos y la única oposición del PP.
El 18 de junio de 2006 el Estatuto Catalán fue definitivamente aprobado en referéndum con el 73,9% de los votos, frente a un 20,7% de votos negativos, con una participación del 49,42%.
La política exterior del Gobierno socialista, encargada a Miguel Ángel Moratinos, se ha caracterizado por el alejamiento de Estados Unidos y Gran Bretaña y el acercamiento a la ONU, la vuelta a la UE y relaciones amistosas con los países sudamericanos, junto a la promoción de la Alianza de Civilizaciones. A pesar de la retirada de Iraq, “España tiene destinados 2.092 militares en misiones en Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afganistán, Congo, Líbano y Países Bálticos y, según acuerdo de Consejo de Ministros, no podrán superarse los 3.000 efectivos y los 50 observadores militares”.
El mismo día 15 de marzo de 2004, Zapatero anunció que cumpliría su promesa electoral, haciendo regresar a España a las tropas españolas destinadas a Iraq antes del 30 de junio de 2004 si la Organización de las Naciones Unidas no tomaba el cargo de la situación. el 18 de abril, Zapatero anunció la retirada inmediata, cuya primera fase se completó el 28 de abril. Las fuerzas militares españolas han aumentado, sin embargo, su presencia en Afganistán.
Zapatero también defendió en la ONU la idea de la Alianza de Civilizaciones, como mejor forma de luchar contra el terrorismo islámico. La iniciativa, promovida por Zapatero y el primer ministro turco, Recpe Tayyip Erdogan, recuperando la propuesta hecha por el ex-presidente iraní Muhammad Jatami en 1999, ha sido asumida por el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan y por el actual, Ban Ki-moon.
La IX Legislatura de España comenzó el 1 de abril de 2008, fecha en la que se constituyeron las nuevas Cortes tras el triunfo por mayoría simple del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones generales celebradas el 9 de marzo de 2008. Con una participación del 73,85%, el resultado de las elecciones generales dio la mayoría simple al PSOE, que obtuvo 169 escaños en el Congreso de los Diputados, cinco más que en las anteriores elecciones.
En el plano económico, la IX Legislatura ha quedado marcada por el impacto de la crisis originada en los Estados Unidos, que afectó gravemente a todo el Occidente desarrollado. En España, este impacto adquirió la forma de una crisis inmobiliaria.
El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, anunció el 13 de abril que el Consejo de Ministros aprobará una serie de medidas que supondrán una inyección de 10.000 millones de euros en la economía española. La primera medida que apruebe el Ejecutivo será devolver 400 euros a los trabajadores, pensionistas y autónomos que paguen IRPF. Según informaron fuentes del Ministerio de Economía la devolución se empezará a hacer efectiva en la nómina del mes de julio, cuando recibirán 200 euros, correspondientes a los primeros seis meses del año.
La economía española solo creció durante 2008 el 1,1% –una “sustancial desaceleración” en comparación con la cifra registrada en año anterior (3,7%)–, y tras dos trimestres consecutivos (tercer y cuarto) de crecimiento negativo la economía entró oficialmente en recesión.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una comparencia del 23 de junio de 2008 informó de diversas medidas del gabinete dirigidas a paliar los efectos de la crisis económica. Zapatero adelantó que en 2009 la oferta pública de empleo se reduciría un 30% respecto a 2008 y que congelaría los salarios de todos los altos cargos de la Administración General del Estado. Además, anunciaba el aumento de las líneas de apoyo del ICO y del Tesoro Público destinadas a la financiación de PYMES y Viviendas de Protección Oficial (VPO) hasta los 35.000 millones de euros en 2009 y 2010.
Igualmente, se ponía en marcha un Plan Renove para rehabilitación de viviendas e infraestructuras hoteleras con una dotación en nuevas líneas del ICO por valor de 2.500 millones así como que el Ministerio de Vivienda elevaría al Consejo de Ministros un nuevo marco normativo para impulsar la rehabilitación de edificios.
A partir de julio y durante dos años el Plan Vehículo Innovador Vehículo Eficiente (VIVE) con una dotación anual de 1.500 millones en créditos blandos para rejuvenecer el parque automovilístico.
Finalmente el Gobierno lanza el Plan E, una serie de medidas directas de impulso a la creación de empleo, entre las que cabe destacar el Fondo para Entidades Locales y el Fondo Especial para la Dinamización de la Economía y el Empleo, tanto por el volumen de fondos que se movilizan, 11.000 millones de euros, como por la capilaridad de las actuaciones que se pondrán en marcha, que se espera que generen unos 300.000 empleos distribuidos por toda la geografía española. A pesar de las medidas tomadas, el coste de llevar a cabo las mismas y la crisis económica agotaron el superávit del Estado. Desde el año 2003 la Administración Pública no registraba un déficit en sus cuentas.
El mal trago de la OTAN
La entrada de nuestro país en la Alianza Atlántica supuso uno de los momentos más delicados por los que atravesó el Gobierno de Felipe González en su primera legislatura en el poder. Las presiones por parte de Estados Unidos y los Estados europeos eran evidentes, ya que el Gobierno anterior de UCD, presidido por Leopoldo Calvo Sotelo, había comprometido la adhesión española a la gran alianza militar prooccidental, cosa que se había producido, de hecho.
La mayoría de las bases del Partido Socialista, al igual que el resto de la sociedad española del momento, se mostraban contrarias a la pertenencia a la OTAN, lo que pondría a prueba el demostrado pragmatismo de González. Poco antes de su llegada al poder, la dirección del PSOE había puesto en marcha una campaña con un lema ambiguo, “OTAN, de entrada no”, que levantaba las sospechas de muchos de los militantes del partido, y de el resto de las fuerzas de izquierda, que ya venían agrupándose en la denominada Plataforma AntiOTAN –que constituiría el germen de lo que posteriormente acabaría siendo la actual Izquierda Unida-, pese a que los socialistas habían expresado una tímida oposición a la decisión de UCD.
Felipe González trataba de madurar la situación, y estratégicamente decidía escoger el momento más oportuno para lograr convencer a los suyos de las ‘bondades’ de la pertenencia a la Alianza. El instante llegaba dos años después de su aplastante triunfo electoral por mayoría absoluta. El 23 de octubre de 1984, comenzaba en el Congreso de los Diputados el segundo Debate sobre el Estado de la Nación desde la aprobación de la Constitución. Durante su transcurso, González anunciaba la celebración de un referéndum sobre la adhesión a la OTAN antes de Febrero de 1986. En diciembre de 1985, el XXX Congreso del PSOE aprobaba la permanencia de nuestro país en la alianza militar.
Finalmente, el Gobierno convocaba un referéndum sobre la cuestión para el 12 de marzo de 1986. La campaña se recuerda como una de las más duras que ha vivido nuestro país, con un alto grado de polarización, en la que González puso en juego todo su prestigio para conseguir el voto afirmativo.
En innumerables actos, en las radios, la prensa y la televisión, los representantes gubernamentales esgrimían todo tipo de argumentos que vinculaban la entrada del país en la OTAN con la otra ansiada pertenencia al club de la Unión Europea. Se explicaba que España no formaría parte de la denominada estructura militar de la alianza, y hasta se dejaba traslucir que sería bueno que los militares patrios tomasen contacto con sus colegas de los países integrados en la Alianza Atlántica, como medio para conjurar el fantasma de un golpismo que había estado muy activo en los años anteriores, amenazando a la todavía joven democracia española.
Además del apoyo de la derecha sociológica, en busca del sí de los ciudadanos se lanzaron numerosos artistas considerados progresistas, y hasta locutores deportivos de conocida discrepancia ideológica con el Gobierno, como el entonces’ todopoderoso’ José María García.
La pregunta que constaba en la papeleta rezaba: “¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?”. El “sí” conseguía el respaldo del 52,5 por ciento de los votantes, mientras que se oponía el 39,8 por ciento. El “no” sí se imponía en las comunidades autónomas de Canarias, Cataluña, Navarra y País Vasco.
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