El Tribunal Supremo salva Educación para la Ciudadanía
El pleno de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo sentenció por amplia mayoría
PÚBLICO.ES / AGENCIAS - Madrid - 28/01/2009 14:31
Se acabaron las polémicas. El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el derecho a ejercer la objeción de conciencia frente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
La decisión se ha adoptado con 22 votos a favor y siete en contra, lo que representa una mayoría más que holgada. En sus conclusiones, el Tribunal estima que el contenido de la asignatura no lesiona los derechos de los padres. Además, ayer el TSJ del País Vasco resolvió que EpC "no vulnera derechos fundamentales".
En los casos analizados "no existe" el derecho de objeción de conciencia y los dos decretos estudiados, ambos referidos a la Educación Secundaria, "no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", según el fallo.
El Tribunal considera que la asignatura no lesiona los derechos de los padres
El pleno ha examinado cuatro recursos de casación, tres referentes a sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y una del de Andalucía.
Las tres primeras denegaban el derecho de objeción a otras tantas familias y la cuarta se lo reconocía a unos padres. La sala ha estado deliberando sobre esta cuestión durante unas 20 horas distribuidas en tres jornadas desde el lunes pasado.
Doctrina unificada
La Fiscalía, la Junta de Andalucía y la abogacía del Estado recurrieron una sentencia del TSJ de esa comunidad que reconoció el derecho de objeción de unos padres en marzo de 2008.
Varias familias de Asturias también presentaron recurso en el Supremo contra tres fallos del TSJ de esa autonomía que desestimaron en febrero pasado que exista tal derecho en los casos respectivos.
En términos generales, las familias argumentaban que las enseñanzas de la asignatura violentan los derechos constitucionales a educar a los hijos según las convicciones morales y religiosas propias y a la libertad ideológica.
Las familias argumentaban que las enseñanzas de la asignatura violentan los derechos constitucionales
La decisión del Supremo unifica la doctrina jurídica sobre un asunto que ha generado centenares de recursos de padres que apelan al derecho de objeción frente a una materia educativa obligatoria en algunos cursos de Primaria y Secundaria.
Las resoluciones ya dictadas por los tribunales autonómicos han sido dispares, aunque las organizaciones defensoras de la objeción aseguran que la gran mayoría de ellas les dan la razón a los padres.
Las familias argumentan que han tenido que recurrir a la vía judicial cuando las consejerías no les admiten el derecho de objeción porque las enseñanzas de EpC suponen "adoctrinamiento" ideológico y la "imposición de una moral" por el Estado.
Batalla política
EpC no sólo ha desencadenado una controversia social, sino también política entre el Partido Popular y las CCAA que gobierna, contrarias a esta asignatura, y el Ejecutivo central, que la defiende como formación necesaria en valores democráticos, obligatoria y sin alternativa.
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, ha asegurado que el TS ha puesto fin "a los intentos de hacer de esta asignatura y de los centros educativo un campo de batalla política ".
Por su parte, el Partido Popular, a través del presidente del partido en Álava, ha asegurado que respaldará las iniciativas que quieran adoptar los padres que objetan contra Educación para la Ciudadanía y ha garantizado
que cuando vuelva a gobernar suprimirá esta asignatura, que es un "intento de meter doctrina política y partidista en las aulas".
Además, los objetores no cesarán en su empeño . El presidente de la Confederación Nacional Católica de Padres de Alumnos (Concapa), Luis Carbonell, ha explicado que recurrirá la sentencia del Tribunal Supremo. "La lucha continúa y está en juego un derecho muy importante para las familias", ha señalado el responsable de Concapa, quien ha anunciado que acudirán al Tribunal Constitucional (TC). En caso de obtener otra negativa en la próxima instancia, Carbonell asegura que elevarán su postura ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Se acabaron las polémicas. El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el derecho a ejercer la objeción de conciencia frente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
La decisión se ha adoptado con 22 votos a favor y siete en contra, lo que representa una mayoría más que holgada. En sus conclusiones, el Tribunal estima que el contenido de la asignatura no lesiona los derechos de los padres. Además, ayer el TSJ del País Vasco resolvió que EpC "no vulnera derechos fundamentales".
En los casos analizados "no existe" el derecho de objeción de conciencia y los dos decretos estudiados, ambos referidos a la Educación Secundaria, "no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", según el fallo.
El Tribunal considera que la asignatura no lesiona los derechos de los padres
El pleno ha examinado cuatro recursos de casación, tres referentes a sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y una del de Andalucía.
Las tres primeras denegaban el derecho de objeción a otras tantas familias y la cuarta se lo reconocía a unos padres. La sala ha estado deliberando sobre esta cuestión durante unas 20 horas distribuidas en tres jornadas desde el lunes pasado.
Doctrina unificada
La Fiscalía, la Junta de Andalucía y la abogacía del Estado recurrieron una sentencia del TSJ de esa comunidad que reconoció el derecho de objeción de unos padres en marzo de 2008.
Varias familias de Asturias también presentaron recurso en el Supremo contra tres fallos del TSJ de esa autonomía que desestimaron en febrero pasado que exista tal derecho en los casos respectivos.
En términos generales, las familias argumentaban que las enseñanzas de la asignatura violentan los derechos constitucionales a educar a los hijos según las convicciones morales y religiosas propias y a la libertad ideológica.
Las familias argumentaban que las enseñanzas de la asignatura violentan los derechos constitucionales
La decisión del Supremo unifica la doctrina jurídica sobre un asunto que ha generado centenares de recursos de padres que apelan al derecho de objeción frente a una materia educativa obligatoria en algunos cursos de Primaria y Secundaria.
Las resoluciones ya dictadas por los tribunales autonómicos han sido dispares, aunque las organizaciones defensoras de la objeción aseguran que la gran mayoría de ellas les dan la razón a los padres.
Las familias argumentan que han tenido que recurrir a la vía judicial cuando las consejerías no les admiten el derecho de objeción porque las enseñanzas de EpC suponen "adoctrinamiento" ideológico y la "imposición de una moral" por el Estado.
Batalla política
EpC no sólo ha desencadenado una controversia social, sino también política entre el Partido Popular y las CCAA que gobierna, contrarias a esta asignatura, y el Ejecutivo central, que la defiende como formación necesaria en valores democráticos, obligatoria y sin alternativa.
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, ha asegurado que el TS ha puesto fin "a los intentos de hacer de esta asignatura y de los centros educativo un campo de batalla política ".
Por su parte, el Partido Popular, a través del presidente del partido en Álava, ha asegurado que respaldará las iniciativas que quieran adoptar los padres que objetan contra Educación para la Ciudadanía y ha garantizado
que cuando vuelva a gobernar suprimirá esta asignatura, que es un "intento de meter doctrina política y partidista en las aulas".
Además, los objetores no cesarán en su empeño . El presidente de la Confederación Nacional Católica de Padres de Alumnos (Concapa), Luis Carbonell, ha explicado que recurrirá la sentencia del Tribunal Supremo. "La lucha continúa y está en juego un derecho muy importante para las familias", ha señalado el responsable de Concapa, quien ha anunciado que acudirán al Tribunal Constitucional (TC). En caso de obtener otra negativa en la próxima instancia, Carbonell asegura que elevarán su postura ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
EL PAÍS
2 de Mayo de 2007
TRIBUNA: J. A. GONZÁLEZ CASANOVA
Educación para la Ciudadanía
J. A. GONZÁLEZ CASANOVA 02/05/2007
La asignatura Educación para la Ciudadanía pretende evitar que los actuales efectos negativos de una secular ausencia de cultura democrática en España se sigan perpetuando. La crispación como estrategia en la lucha por el poder es un tipo de violencia heredada de un siglo y medio de guerras civiles y hunde sus raíces en ocho siglos de guerras de religión contra musulmanes y judíos patrios, turcos y protestantes europeos, con todo el fanatismo, intolerancia y afán exterminador que acarrearon y que han marcado el inconsciente colectivo de un gran sector del país. Nuestro régimen anterior fue una larga dictadura represora, nacida de una guerra de exterminio de los demócratas, que educó a dos generaciones en un "espíritu nacional" sectario y dogmático, basado en los más rancios tópicos antiliberales y antidemocráticos y plagado de mentiras históricas. Tan mala educación era, a su vez, fruto de esa vieja mentalidad intolerante y de una supina ignorancia de la verdadera historia española, convertida en una perenne lucha entre el bien (las derechas) y el mal (las izquierdas).
La noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
Con esos antecedentes no extraña el bajísimo nivel de cultura política tras 30 años de democracia formal y el desconocimiento de su origen histórico. Abundan los ejemplos diarios: los índices de participación electoral; los no sabe, no contesta de las encuestas; la inopia de periodistas jóvenes en materias juridicopolíticas; los ni idea ante preguntas de historia en los concursos televisivos; el lenguaje insultante y soez de los blogs de la derecha; los pateos y broncas de ciertos parlamentarios bien conocidos. Los valores constitucionales de respeto a la libertad, al consenso y al pluralismo no son vividos por muchas personas. Según una encuesta oficial, el 40% no cree que la democracia sea el menos malo de los sistemas políticos. Es verdad que estos valores se aprenden mejor si los practican los políticos profesionales y los promueven los medios de comunicación. Pero la conducta de ambos no ha sido nada ejemplar (sobre todo por la derecha eterna) y el periodismo ha fallado por lo general en su misión educadora, movido ante todo por lo conflictivo, morboso y frívolo, que es lo que produce mayor venta entre un público superficial e ignaro.
La nueva asignatura no puede sustituir por ahora esa educación básica cuyos maestros han de ser los políticos y los periodistas, pero pone las bases de un futuro comportamiento cívico, democrático, patriótico de verdad, informado, responsable y participativo. Promueve el respeto y la ampliación de todos los derechos humanos y de toda minoría social; presenta el diálogo como única solución de los conflictos, la igualdad de géneros, la solidaridad sin fronteras, la paz en la justicia; combate la xenofobia y el racismo; describe objetivamente y ensalza la pluralidad política sin autoritarismos, así como la nacional, cultural y lingüística de los españoles; la laicidad del Estado y el valor de la religión, las reglas éticas entre partidos, el análisis científico de las ideologías y los deberes ecológicos; todo ello sin sectarismo ni dogmas doctrinales impuestos a los alumnos. Por eso es pura calumnia interesada alegar, como alega la jerarquía eclesiástica, que se trata de un totalitarismo moral contrario a la fe cristiana, al que incita a rebelarse por objeción de conciencia. Quien no dudó en bendecir el nacionalcatolicismo del catón franquista obligatorio protesta ahora por que se forme a la juventud en la tolerancia respetuosa. Si tal catón volviera, nada objetarían los partidarios de la antigua intolerancia. El propio presidente de la Conferencia Episcopal acaba de reconocer: "toda intervención directa de la Iglesia (en el campo del ordenamiento político y social) constituiría una injerencia indebida". Su ataque a la nueva asignatura es un ejemplo de predicar y no dar trigo, pues se justifica, entre otras sinrazones, por un supuesto atentado a la moral católica en el caso de la homosexualidad. Ahora bien, la condena de la homofobia es puro respeto cívico a la no discriminación. Respetar no es recomendar ni promover. Lo verdaderamente cristiano es esa ética de la pluralidad convivente en la igualdad, no la de condenar inquisitorialmente todo aquello que no coincide con ciertas opiniones, harto discutibles y sin fundamento, sobre la naturaleza humana.
La crispación política promovida por cierto partido cuenta conscientemente con el pobre nivel de cultura democrática y con la ignorancia de muchos ciudadanos. Sin esas carencias ancestrales su estrategia fracasaría, como fracasa en zonas del país (Cataluña entre ellas) con mayor educación cívica. Nuestra democracia peligra y el fantasma del caudillaje mesiánico sobre un pueblo agresivo pero servil, irracional e inculto, vuelve a rondarnos como si volviéramos atrás varios siglos o tan sólo 30 años. Mientras cobra sus frutos futuros la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, al haber formado a los más jóvenes en los ideales por los que siempre lucharon los demócratas de esta desventurada patria, hagamos todos lo posible por educar a nuestros conciudadanos con la palabra y, sobre todo, con el ejemplo.
J. A. González Casanova es catedrático de Derecho Constitucional de la UB.
Educación para la Ciudadanía
J. A. GONZÁLEZ CASANOVA 02/05/2007
La asignatura Educación para la Ciudadanía pretende evitar que los actuales efectos negativos de una secular ausencia de cultura democrática en España se sigan perpetuando. La crispación como estrategia en la lucha por el poder es un tipo de violencia heredada de un siglo y medio de guerras civiles y hunde sus raíces en ocho siglos de guerras de religión contra musulmanes y judíos patrios, turcos y protestantes europeos, con todo el fanatismo, intolerancia y afán exterminador que acarrearon y que han marcado el inconsciente colectivo de un gran sector del país. Nuestro régimen anterior fue una larga dictadura represora, nacida de una guerra de exterminio de los demócratas, que educó a dos generaciones en un "espíritu nacional" sectario y dogmático, basado en los más rancios tópicos antiliberales y antidemocráticos y plagado de mentiras históricas. Tan mala educación era, a su vez, fruto de esa vieja mentalidad intolerante y de una supina ignorancia de la verdadera historia española, convertida en una perenne lucha entre el bien (las derechas) y el mal (las izquierdas).
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Con esos antecedentes no extraña el bajísimo nivel de cultura política tras 30 años de democracia formal y el desconocimiento de su origen histórico. Abundan los ejemplos diarios: los índices de participación electoral; los no sabe, no contesta de las encuestas; la inopia de periodistas jóvenes en materias juridicopolíticas; los ni idea ante preguntas de historia en los concursos televisivos; el lenguaje insultante y soez de los blogs de la derecha; los pateos y broncas de ciertos parlamentarios bien conocidos. Los valores constitucionales de respeto a la libertad, al consenso y al pluralismo no son vividos por muchas personas. Según una encuesta oficial, el 40% no cree que la democracia sea el menos malo de los sistemas políticos. Es verdad que estos valores se aprenden mejor si los practican los políticos profesionales y los promueven los medios de comunicación. Pero la conducta de ambos no ha sido nada ejemplar (sobre todo por la derecha eterna) y el periodismo ha fallado por lo general en su misión educadora, movido ante todo por lo conflictivo, morboso y frívolo, que es lo que produce mayor venta entre un público superficial e ignaro.
La nueva asignatura no puede sustituir por ahora esa educación básica cuyos maestros han de ser los políticos y los periodistas, pero pone las bases de un futuro comportamiento cívico, democrático, patriótico de verdad, informado, responsable y participativo. Promueve el respeto y la ampliación de todos los derechos humanos y de toda minoría social; presenta el diálogo como única solución de los conflictos, la igualdad de géneros, la solidaridad sin fronteras, la paz en la justicia; combate la xenofobia y el racismo; describe objetivamente y ensalza la pluralidad política sin autoritarismos, así como la nacional, cultural y lingüística de los españoles; la laicidad del Estado y el valor de la religión, las reglas éticas entre partidos, el análisis científico de las ideologías y los deberes ecológicos; todo ello sin sectarismo ni dogmas doctrinales impuestos a los alumnos. Por eso es pura calumnia interesada alegar, como alega la jerarquía eclesiástica, que se trata de un totalitarismo moral contrario a la fe cristiana, al que incita a rebelarse por objeción de conciencia. Quien no dudó en bendecir el nacionalcatolicismo del catón franquista obligatorio protesta ahora por que se forme a la juventud en la tolerancia respetuosa. Si tal catón volviera, nada objetarían los partidarios de la antigua intolerancia. El propio presidente de la Conferencia Episcopal acaba de reconocer: "toda intervención directa de la Iglesia (en el campo del ordenamiento político y social) constituiría una injerencia indebida". Su ataque a la nueva asignatura es un ejemplo de predicar y no dar trigo, pues se justifica, entre otras sinrazones, por un supuesto atentado a la moral católica en el caso de la homosexualidad. Ahora bien, la condena de la homofobia es puro respeto cívico a la no discriminación. Respetar no es recomendar ni promover. Lo verdaderamente cristiano es esa ética de la pluralidad convivente en la igualdad, no la de condenar inquisitorialmente todo aquello que no coincide con ciertas opiniones, harto discutibles y sin fundamento, sobre la naturaleza humana.
La crispación política promovida por cierto partido cuenta conscientemente con el pobre nivel de cultura democrática y con la ignorancia de muchos ciudadanos. Sin esas carencias ancestrales su estrategia fracasaría, como fracasa en zonas del país (Cataluña entre ellas) con mayor educación cívica. Nuestra democracia peligra y el fantasma del caudillaje mesiánico sobre un pueblo agresivo pero servil, irracional e inculto, vuelve a rondarnos como si volviéramos atrás varios siglos o tan sólo 30 años. Mientras cobra sus frutos futuros la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, al haber formado a los más jóvenes en los ideales por los que siempre lucharon los demócratas de esta desventurada patria, hagamos todos lo posible por educar a nuestros conciudadanos con la palabra y, sobre todo, con el ejemplo.
J. A. González Casanova es catedrático de Derecho Constitucional de la UB.
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