TRIBUNA: JOSÉ M. MARTÍN PATINO
¿Laicidad contra laicismo?
La declaración colectiva del episcopado francés de 1996 puede ser considerada como la carta magna de la laicidad en el seno de la Iglesia católica. Allí se renuncia a la imposición y se adopta la proposición
JOSÉ M. MARTÍN PATINO 20/02/2009
Me figuro que los inventores del sufijo ismo no pensaron en la descalificación, sino en las actitudes o movimientos innovadores: "puritanismo", "modernismo", "nacionalismo", "socialismo"... Y ya sabemos que los innovadores corren el riesgo de equivocarse. No me parece justo empobrecer la carga semántica del fonema "laicismo".
¿Serán cosas del énfasis o del tono amenazante de nuestra jerarquía española?
¿Será verdad que nuestro 'laicismo' ha caído en el 'trou noir' del dogmatismo progresista?
Del laicismo, el diccionario de la RAE se limita a decir: "doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa". Los que arrasaban conventos y asesinaban a curas y monjas estaban ebrios de venganza, pero no pueden presentarse como prototipos de laicismo. Los presidentes de las tres iglesias cristianas de Francia se referían, no hace mucho, al laicismo de la primera mitad del siglo pasado con la expresión más exacta de laïcité de combat. Algún prelado español debe estar más informado y se refiere al laicismo como "la laicidad a la francesa". Por este camino se va en busca de las diferencias y se termina inevitablemente en la confrontación.
Creo que es imposible llegar a la solución de los problemas si nos dedicamos a abultar de manera habitual sus relieves más conflictivos. No es éste el procedimiento de solucionar y menos arrancar de raíz los conflictos sociales. Contribuimos a convertirlos en insolubles y, lo que es peor, en males nacionales.
Dentro de la Iglesia católica, Pío XII, dirigiéndose a un grupo de italianos de la región de las Marcas el 23 de marzo de 1958, se refirió a lo que él llamaba "legítima y sana laicidad del Estado". En Francia, a pesar del Concordato de 1801 no aparece el término laïcité, ni figura ni forma parte de los ideales republicanos hasta después de la guerra de 1870. La Tercera República aprobó entre 1880 y 1905 un verdadero arsenal de leyes laicas sin emplear una sola vez el término laicidad. Todavía en las vísperas de la guerra de 1914, figuraba como neologismo y hasta final de siglo no fue admitido en la Enciclopedia Universalis (vol. 9, Paris, 1980, col. 743-747). Las autoridades lingüísticas son más severas que el pueblo en la aceptación de neologismos. Tampoco el abstracto "laicidad" figura en la última edición de nuestro diccionario de la RAE.
La jerarquía católica, en general, no puede negar la fuerte evolución semántica del término laicidad. Basta comparar el juicio que hacía San Pío X en la encíclica Vehementer nos (6, febrero 1906), dos meses y medio más tarde de la Ley de Separación votada en el Parlamento francés por la izquierda republicana. El Pontífice decía textualmente: "Es una tesis absolutamente falsa y un error pernicioso afirmar que sea necesario separar al Estado de la Iglesia". Porque, en opinión de San Pío X, injuria a Dios, fundador de la sociedad humana, el que niega el orden sobrenatural, limitando el horizonte del Estado al fin de la prosperidad pública. Pervierte el orden establecido por Dios que exige la concordia armoniosa entre la sociedad religiosa y la civil.
La historia de dos siglos, a la vez tempestuosa y apasionada, demostró que la laicidad puede convivir con las religiones en un régimen pacífico y abierto. El ralliement (acercamiento) de León XIII culminó en la carta colectiva de la Conferencia Episcopal Francesa en diciembre de 1996: Proposer la foi dans la société actuelle (Proponer la fe en la sociedad actual). La insistencia del verbo "proponer" en vez del antiguo "imponer" fue típica de Juan Pablo II. Los medios, y aun el mismo estilo verbal, le hacen malas pasadas a la predicación de los católicos. No todos los medios de exponer sintonizan con el Evangelio.
Los franceses, en todo el documento al que estamos aludiendo, se tomaron muy en serio el verbo "proponer". De ahí la importancia trascendental y la eficacia social que consiguió esta Declaración Colectiva de la Conferencia Episcopal francesa a partir de 1996. Hay que leerla toda, pero aquí nos tenemos que conformar con dos cortos párrafos:
"La separación de la Iglesia y del Estado, después de un siglo de experiencia, puede verse como una solución institucional que, permitiendo de manera efectiva distinguir lo que concierne a Dios y lo que concierne al César, ofrece a los católicos de Francia la posibilidad de ser actores leales a la sociedad".
"Afirmar esto," prosigue el documento, "equivale a reconocer el carácter positivo de la laicidad, no tal como ella fue en sus orígenes, cuando se presentaba como una ideología conquistadora y anticatólica, sino tal como ella ha llegado a ser después de un siglo de evoluciones culturales y políticas: un marco institucional, y, al mismo tiempo, una actitud del espíritu que ayuda a reconocer la realidad del hecho religioso, especialmente del hecho religioso cristiano, en la historia de la sociedad francesa".
Importa decir que este comportamiento del episcopado francés fue propuesto como ejemplar por el papa Juan Pablo II, el 11 de febrero de 2005, cuando la Iglesia de Francia se disponía a celebrar el primer centenario de la Ley de Separación. En mi opinión, estamos ante la Carta Magna de la Laicidad en la Iglesia Católica y es lástima que no podamos recorrer y analizar detalladamente todas sus líneas. El Papa había recibido a todos y cada uno de los obispos franceses en la visita ad limina de 2004, víspera del primer centenario de la Ley de Separación.
"A través de vuestras informaciones personales", dijo Juan Pablo II, "he participado de vuestras preocupaciones y alegrías de pastores y en ellas habéis manifestado las relaciones positivas que mantenéis con los responsables de la sociedad civil. Aquella Ley fue un acontecimiento doloroso y traumático para la Iglesia de Francia. Regulaba la manera de vivir en Francia el principio de laicidad, y, en este marco, no mantenía más que la libertad de culto, relegando al mismo tiempo el hecho religioso a la esfera de lo privado... Sin embargo, desde 1920 el Gobierno francés ha reconocido, en cierto modo, el lugar del hecho religioso en la vida social".
"Deben considerarse", prosiguió el pontífice, "los esfuerzos realizados por las dos partes para mantener el diálogo. Entre otros nuevos avances en las relaciones de la Iglesia con el Estado francés se ha llegado en estos últimos años a la creación de un diálogo al más alto nivel, abriendo el camino, por una parte, a la reglamentación de las cuestiones pendientes o de dificultades que puedan presentarse en distintos dominios y, por otra, a la realización de algunas colaboraciones en la vida social enfocadas al bien común".
Entre los rasgos más sobresalientes de la aplicación del principio de laicidad, el Papa señaló el siguiente: "Debido a vuestra misión, estáis llamados a intervenir regularmente en el debate público sobre los grandes temas de la sociedad".
La laicidad del Estado que ahora se invoca en todo momento, que ocupa muchas páginas de la prensa y que divide a la opinión pública, es, según Emile Poulat, "una idea sencilla, una historia larga y una realidad muy complicada". Aun el mismo Immanuel Kant renunciaría a escribir la "crítica de la laicidad pura". Es fruto de un proceso histórico, de una aventura intelectual y política, una manera de concebir el papel y el sitio de la religión en el espacio público de una sociedad moderna.
En las democracias europeas se dictan leyes como las nuestras sobre la enseñanza, sobre la vida prenatal y sobre la unión conyugal. Y los episcopados de esas naciones proponen públicamente la misma doctrina de la Iglesia. Si exceptuamos la pintoresca intervención de Berlusconi a propósito de la joven Englaro, cuesta encontrar protestas de políticos cuando las Conferencias Episcopales se pronuncian sobre alguna ley. ¿Será cosa del énfasis o del tono amenazante de nuestra jerarquía española? La verdad más evangélica puede degradarse con la utilización de medios menos evangélicos. ¿O será verdad, como sospecha Edgar Morin, que nuestro "laicismo" ha caído en el trou noir del dogmatismo progresista?
José María Martín Patino es presidente de la Fundación Encuentro.
¿Laicidad contra laicismo?
La declaración colectiva del episcopado francés de 1996 puede ser considerada como la carta magna de la laicidad en el seno de la Iglesia católica. Allí se renuncia a la imposición y se adopta la proposición
JOSÉ M. MARTÍN PATINO 20/02/2009
Me figuro que los inventores del sufijo ismo no pensaron en la descalificación, sino en las actitudes o movimientos innovadores: "puritanismo", "modernismo", "nacionalismo", "socialismo"... Y ya sabemos que los innovadores corren el riesgo de equivocarse. No me parece justo empobrecer la carga semántica del fonema "laicismo".
¿Serán cosas del énfasis o del tono amenazante de nuestra jerarquía española?
¿Será verdad que nuestro 'laicismo' ha caído en el 'trou noir' del dogmatismo progresista?
Del laicismo, el diccionario de la RAE se limita a decir: "doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa". Los que arrasaban conventos y asesinaban a curas y monjas estaban ebrios de venganza, pero no pueden presentarse como prototipos de laicismo. Los presidentes de las tres iglesias cristianas de Francia se referían, no hace mucho, al laicismo de la primera mitad del siglo pasado con la expresión más exacta de laïcité de combat. Algún prelado español debe estar más informado y se refiere al laicismo como "la laicidad a la francesa". Por este camino se va en busca de las diferencias y se termina inevitablemente en la confrontación.
Creo que es imposible llegar a la solución de los problemas si nos dedicamos a abultar de manera habitual sus relieves más conflictivos. No es éste el procedimiento de solucionar y menos arrancar de raíz los conflictos sociales. Contribuimos a convertirlos en insolubles y, lo que es peor, en males nacionales.
Dentro de la Iglesia católica, Pío XII, dirigiéndose a un grupo de italianos de la región de las Marcas el 23 de marzo de 1958, se refirió a lo que él llamaba "legítima y sana laicidad del Estado". En Francia, a pesar del Concordato de 1801 no aparece el término laïcité, ni figura ni forma parte de los ideales republicanos hasta después de la guerra de 1870. La Tercera República aprobó entre 1880 y 1905 un verdadero arsenal de leyes laicas sin emplear una sola vez el término laicidad. Todavía en las vísperas de la guerra de 1914, figuraba como neologismo y hasta final de siglo no fue admitido en la Enciclopedia Universalis (vol. 9, Paris, 1980, col. 743-747). Las autoridades lingüísticas son más severas que el pueblo en la aceptación de neologismos. Tampoco el abstracto "laicidad" figura en la última edición de nuestro diccionario de la RAE.
La jerarquía católica, en general, no puede negar la fuerte evolución semántica del término laicidad. Basta comparar el juicio que hacía San Pío X en la encíclica Vehementer nos (6, febrero 1906), dos meses y medio más tarde de la Ley de Separación votada en el Parlamento francés por la izquierda republicana. El Pontífice decía textualmente: "Es una tesis absolutamente falsa y un error pernicioso afirmar que sea necesario separar al Estado de la Iglesia". Porque, en opinión de San Pío X, injuria a Dios, fundador de la sociedad humana, el que niega el orden sobrenatural, limitando el horizonte del Estado al fin de la prosperidad pública. Pervierte el orden establecido por Dios que exige la concordia armoniosa entre la sociedad religiosa y la civil.
La historia de dos siglos, a la vez tempestuosa y apasionada, demostró que la laicidad puede convivir con las religiones en un régimen pacífico y abierto. El ralliement (acercamiento) de León XIII culminó en la carta colectiva de la Conferencia Episcopal Francesa en diciembre de 1996: Proposer la foi dans la société actuelle (Proponer la fe en la sociedad actual). La insistencia del verbo "proponer" en vez del antiguo "imponer" fue típica de Juan Pablo II. Los medios, y aun el mismo estilo verbal, le hacen malas pasadas a la predicación de los católicos. No todos los medios de exponer sintonizan con el Evangelio.
Los franceses, en todo el documento al que estamos aludiendo, se tomaron muy en serio el verbo "proponer". De ahí la importancia trascendental y la eficacia social que consiguió esta Declaración Colectiva de la Conferencia Episcopal francesa a partir de 1996. Hay que leerla toda, pero aquí nos tenemos que conformar con dos cortos párrafos:
"La separación de la Iglesia y del Estado, después de un siglo de experiencia, puede verse como una solución institucional que, permitiendo de manera efectiva distinguir lo que concierne a Dios y lo que concierne al César, ofrece a los católicos de Francia la posibilidad de ser actores leales a la sociedad".
"Afirmar esto," prosigue el documento, "equivale a reconocer el carácter positivo de la laicidad, no tal como ella fue en sus orígenes, cuando se presentaba como una ideología conquistadora y anticatólica, sino tal como ella ha llegado a ser después de un siglo de evoluciones culturales y políticas: un marco institucional, y, al mismo tiempo, una actitud del espíritu que ayuda a reconocer la realidad del hecho religioso, especialmente del hecho religioso cristiano, en la historia de la sociedad francesa".
Importa decir que este comportamiento del episcopado francés fue propuesto como ejemplar por el papa Juan Pablo II, el 11 de febrero de 2005, cuando la Iglesia de Francia se disponía a celebrar el primer centenario de la Ley de Separación. En mi opinión, estamos ante la Carta Magna de la Laicidad en la Iglesia Católica y es lástima que no podamos recorrer y analizar detalladamente todas sus líneas. El Papa había recibido a todos y cada uno de los obispos franceses en la visita ad limina de 2004, víspera del primer centenario de la Ley de Separación.
"A través de vuestras informaciones personales", dijo Juan Pablo II, "he participado de vuestras preocupaciones y alegrías de pastores y en ellas habéis manifestado las relaciones positivas que mantenéis con los responsables de la sociedad civil. Aquella Ley fue un acontecimiento doloroso y traumático para la Iglesia de Francia. Regulaba la manera de vivir en Francia el principio de laicidad, y, en este marco, no mantenía más que la libertad de culto, relegando al mismo tiempo el hecho religioso a la esfera de lo privado... Sin embargo, desde 1920 el Gobierno francés ha reconocido, en cierto modo, el lugar del hecho religioso en la vida social".
"Deben considerarse", prosiguió el pontífice, "los esfuerzos realizados por las dos partes para mantener el diálogo. Entre otros nuevos avances en las relaciones de la Iglesia con el Estado francés se ha llegado en estos últimos años a la creación de un diálogo al más alto nivel, abriendo el camino, por una parte, a la reglamentación de las cuestiones pendientes o de dificultades que puedan presentarse en distintos dominios y, por otra, a la realización de algunas colaboraciones en la vida social enfocadas al bien común".
Entre los rasgos más sobresalientes de la aplicación del principio de laicidad, el Papa señaló el siguiente: "Debido a vuestra misión, estáis llamados a intervenir regularmente en el debate público sobre los grandes temas de la sociedad".
La laicidad del Estado que ahora se invoca en todo momento, que ocupa muchas páginas de la prensa y que divide a la opinión pública, es, según Emile Poulat, "una idea sencilla, una historia larga y una realidad muy complicada". Aun el mismo Immanuel Kant renunciaría a escribir la "crítica de la laicidad pura". Es fruto de un proceso histórico, de una aventura intelectual y política, una manera de concebir el papel y el sitio de la religión en el espacio público de una sociedad moderna.
En las democracias europeas se dictan leyes como las nuestras sobre la enseñanza, sobre la vida prenatal y sobre la unión conyugal. Y los episcopados de esas naciones proponen públicamente la misma doctrina de la Iglesia. Si exceptuamos la pintoresca intervención de Berlusconi a propósito de la joven Englaro, cuesta encontrar protestas de políticos cuando las Conferencias Episcopales se pronuncian sobre alguna ley. ¿Será cosa del énfasis o del tono amenazante de nuestra jerarquía española? La verdad más evangélica puede degradarse con la utilización de medios menos evangélicos. ¿O será verdad, como sospecha Edgar Morin, que nuestro "laicismo" ha caído en el trou noir del dogmatismo progresista?
José María Martín Patino es presidente de la Fundación Encuentro.
PÚBLICO
Los 10 mandamientos del laicismo
La vicepresidenta De la Vega ha insistido en la voluntad del Gobierno de "avanzar en la laicidad del Estado" y de "proteger las creencias de quienes no creen". En 'Público'hemos elaborado un guía con 10 propuestas para convertir España en un Estado laico.
PÚBLICO.ES - 09/05/2008 21:49
La vicepresidenta De la Vega ha insistido en la voluntad firme del Gobierno de "avanzar en la laicidad del Estado" y de "proteger las creencias de quienes no creen". Público ha elaborado un decálogo para convertir España en un Estado laico.
I. Educarás en igualdad
En España hay 17.000 colegios de titularidad pública y 7.000 concertados o privados. Casi 2.500.000 alumnos de enseñanza no universitaria —uno de cada tres— estudian en centros concertados de ideario religioso. El Estado los financia con fondos públicos, pero deja su gestión en manos de instituciones religiosas. Este modelo es el pilar en el que se sustenta la influencia católica en la sociedad. Históricamente, la Iglesia ocupó así una responsabilidad desatendida por el Estado. La recuperación de la democracia no reformó este modelo, consagrado en el Concordato de 1979.
II. No sermonearás fuera del púlpito
La asignatura de Religión "interrumpe el funcionamiento común del horario lectivo e impide que ese tiempo se dedique a otro tipo de aprendizajes", según denuncia la plataforma Por una Escuela Laica. Los acuerdos con la Santa SEde y la LOE convierten la doctrina católica en una asignatura de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para el alumnado. El Estado paga a los profesores de Religión, aunque los seleccionan los obispos. La Religión ocupa casi 1.000 horas lectivas en las etapas de Infantail y Primaria y 450 horas en la ESO, tanto como la educación física o artística.
III. No impondrás tus símbolos al Estado
El pasado jueves, los máximos representantes de los tres poderes del Estado acudieron al funeral de Estado celebrado en la catedral de La Almudena, en Madrid, por Leopoldo Calvo Sotelo. Ni el Jefe del Estado ni el del Ejecutivo presiden esa ceremonia religiosa, quien lo hace es el Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. Es el último ejemplo del sometimiento ocasional del Estado a la máxima expresión del poder católico en España. La jerarquía católica bendice cada momento clave de la vida institucional, casa al heredero de la Corona, bautiza a sus hijos y preside los funerales de Estado.
IV. No mezclarás la gloria terrenal y celestial
El arraigo de la Iglesia católica en España hace que se confundan en no pocas ocasiones las celebraciones de carácter festivo o histórico con las religiosas. El himno nacional saluda en Semana Santa la salida de cada procesión y el viernes santo las banderas de los cuarteles ondean a media asta en señal de duelo. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado escoltan iconos religiosos en celebraciones públicas, y las autoridades civiles acompañan a los representantes católicos en manifestaciones puramente religiosas. Los colectivos laicistas exigen que se evite esta mezcla de representaciones.
V. No acapararás las fiestas del calendario
El calendario laboral para 2008 recoge un total de doce fiestas nacionales para todas las comunidades autónomas. La mayoría tienen su origen en celebraciones religiosas que, a su vez, nacen de ritos paganos y tradiciones anteriores al calendario cristiano. Sólo cuatro celebraciones conmemoran eventos no religiosos: el día de la Constitución, el 1 de mayo, el 12 de octubre, Fiesta Nacional, y la festividad de cada comunidad autónoma. Los homenajes civiles están casi excluidos del calendario; el día internacional de la mujer no se celebra, pero sí el de la Inmaculada.
VI. No invadirás instituciones públicas
La presencia de representantes católicos en instituciones ajenas a la Iglesia es notable. Hay capillas, y capellanes, en hospitales, universidades y centros penitenciarios. El Concordato garantiza este privilegio, que alcanza cotas especialmente relevantes en las Fuerzas Armadas. El trato favorable que recibe la Iglesia católica en el ámbito militar se recoge en los acuerdos Iglesia-Estado de 1979. Su manifestación más anacrónica es el denominado ‘derecho de presentación’, aún vigente, por el que el Rey propone al Papa un nombre para el cargo de Vicario General Castrense.
VII. Cuidarás de tu propio patrimonio
A lo largo de los siglos, la Iglesia, privilegiada por su bienes, ha conformado buena parte del patrimonio artístico español. ¿De quién son joyas como las catedrales de Burgos o León? ¿Pertenecen a la Iglesia católica o a la Humanidad? El concordato de 1979 establece que “el patrimonio de la Iglesia sigue siendo parte importantísima del acervo cultural de la nación”. Así justifican la colaboración entre las administraciones y la Iglesia para la conservación y cuidado de una herencia monumental cuya titularidad es privada. Los fondos públicos garantizan la necesaria pervivencia de este patrimonio.
VIII. Acatarás la ley de datos
La apostasía es el procedimiento por el que se abandona la Iglesia católica después de entrar a formar parte de ella mediante el bautismo. No existe un registro oficial de apóstatas. Media docena de iniciativas —de carácter municipal— intentan paliar esta carencia. Apostatar es un derecho, sin embargo, la Iglesia envuelve con trabas las peticiones de apostasía. Algunos obispados piden al solicitante las explicaciones que no reclamaron al bautizarle. Las parroquias no suelen borrar al apóstata de su libro de bautismos, sólo hacen constar, junto a su nombre, su declaración de ser dado de baja.
IX. No utilizarás los medios públicos
La Iglesia católica dispone de espacios públicos, gratuitos y semanales en las televisiones públicas. La Iglesia evangélica ha denunciado que la confesión católica dispone de tres horas y media semanales en RTVE frente a los cinco minutos que concede a las confesiones minoritarias. Los actos litúrgicos de cada domingo son emitidos por el canal público, acomodados entre programación confesional. La 2 de TVE programó durante la pasada Semana Santa una celebración diaria durante cuatro días consecutivos, además de retransmitir procesiones y otros contenidos de carácter puramente religioso.
X. Te autofinanciarás
La actual campaña de la Renta es la primera desde que nació el IRPF en la que la Iglesia no percibirá la cantidad anual que le entregaba el Estado a fondo perdido. La Iglesia se servirá así de una declaración pública de impuestos para percibir el 20% de su presupuesto. Hacienda gestiona y facilita de esta manera la provisión de fondos para sostener a la Iglesia católica, exenta, hasta este año, de pagar tributos como el IVA. La autofinanciación es un objetivo recogido en el Concordato, pero la Iglesia no ha puesto nunca especial empeño en conseguirla.
La vicepresidenta De la Vega ha insistido en la voluntad firme del Gobierno de "avanzar en la laicidad del Estado" y de "proteger las creencias de quienes no creen". Público ha elaborado un decálogo para convertir España en un Estado laico.
I. Educarás en igualdad
En España hay 17.000 colegios de titularidad pública y 7.000 concertados o privados. Casi 2.500.000 alumnos de enseñanza no universitaria —uno de cada tres— estudian en centros concertados de ideario religioso. El Estado los financia con fondos públicos, pero deja su gestión en manos de instituciones religiosas. Este modelo es el pilar en el que se sustenta la influencia católica en la sociedad. Históricamente, la Iglesia ocupó así una responsabilidad desatendida por el Estado. La recuperación de la democracia no reformó este modelo, consagrado en el Concordato de 1979.
II. No sermonearás fuera del púlpito
La asignatura de Religión "interrumpe el funcionamiento común del horario lectivo e impide que ese tiempo se dedique a otro tipo de aprendizajes", según denuncia la plataforma Por una Escuela Laica. Los acuerdos con la Santa SEde y la LOE convierten la doctrina católica en una asignatura de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para el alumnado. El Estado paga a los profesores de Religión, aunque los seleccionan los obispos. La Religión ocupa casi 1.000 horas lectivas en las etapas de Infantail y Primaria y 450 horas en la ESO, tanto como la educación física o artística.
III. No impondrás tus símbolos al Estado
El pasado jueves, los máximos representantes de los tres poderes del Estado acudieron al funeral de Estado celebrado en la catedral de La Almudena, en Madrid, por Leopoldo Calvo Sotelo. Ni el Jefe del Estado ni el del Ejecutivo presiden esa ceremonia religiosa, quien lo hace es el Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. Es el último ejemplo del sometimiento ocasional del Estado a la máxima expresión del poder católico en España. La jerarquía católica bendice cada momento clave de la vida institucional, casa al heredero de la Corona, bautiza a sus hijos y preside los funerales de Estado.
IV. No mezclarás la gloria terrenal y celestial
El arraigo de la Iglesia católica en España hace que se confundan en no pocas ocasiones las celebraciones de carácter festivo o histórico con las religiosas. El himno nacional saluda en Semana Santa la salida de cada procesión y el viernes santo las banderas de los cuarteles ondean a media asta en señal de duelo. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado escoltan iconos religiosos en celebraciones públicas, y las autoridades civiles acompañan a los representantes católicos en manifestaciones puramente religiosas. Los colectivos laicistas exigen que se evite esta mezcla de representaciones.
V. No acapararás las fiestas del calendario
El calendario laboral para 2008 recoge un total de doce fiestas nacionales para todas las comunidades autónomas. La mayoría tienen su origen en celebraciones religiosas que, a su vez, nacen de ritos paganos y tradiciones anteriores al calendario cristiano. Sólo cuatro celebraciones conmemoran eventos no religiosos: el día de la Constitución, el 1 de mayo, el 12 de octubre, Fiesta Nacional, y la festividad de cada comunidad autónoma. Los homenajes civiles están casi excluidos del calendario; el día internacional de la mujer no se celebra, pero sí el de la Inmaculada.
VI. No invadirás instituciones públicas
La presencia de representantes católicos en instituciones ajenas a la Iglesia es notable. Hay capillas, y capellanes, en hospitales, universidades y centros penitenciarios. El Concordato garantiza este privilegio, que alcanza cotas especialmente relevantes en las Fuerzas Armadas. El trato favorable que recibe la Iglesia católica en el ámbito militar se recoge en los acuerdos Iglesia-Estado de 1979. Su manifestación más anacrónica es el denominado ‘derecho de presentación’, aún vigente, por el que el Rey propone al Papa un nombre para el cargo de Vicario General Castrense.
VII. Cuidarás de tu propio patrimonio
A lo largo de los siglos, la Iglesia, privilegiada por su bienes, ha conformado buena parte del patrimonio artístico español. ¿De quién son joyas como las catedrales de Burgos o León? ¿Pertenecen a la Iglesia católica o a la Humanidad? El concordato de 1979 establece que “el patrimonio de la Iglesia sigue siendo parte importantísima del acervo cultural de la nación”. Así justifican la colaboración entre las administraciones y la Iglesia para la conservación y cuidado de una herencia monumental cuya titularidad es privada. Los fondos públicos garantizan la necesaria pervivencia de este patrimonio.
VIII. Acatarás la ley de datos
La apostasía es el procedimiento por el que se abandona la Iglesia católica después de entrar a formar parte de ella mediante el bautismo. No existe un registro oficial de apóstatas. Media docena de iniciativas —de carácter municipal— intentan paliar esta carencia. Apostatar es un derecho, sin embargo, la Iglesia envuelve con trabas las peticiones de apostasía. Algunos obispados piden al solicitante las explicaciones que no reclamaron al bautizarle. Las parroquias no suelen borrar al apóstata de su libro de bautismos, sólo hacen constar, junto a su nombre, su declaración de ser dado de baja.
IX. No utilizarás los medios públicos
La Iglesia católica dispone de espacios públicos, gratuitos y semanales en las televisiones públicas. La Iglesia evangélica ha denunciado que la confesión católica dispone de tres horas y media semanales en RTVE frente a los cinco minutos que concede a las confesiones minoritarias. Los actos litúrgicos de cada domingo son emitidos por el canal público, acomodados entre programación confesional. La 2 de TVE programó durante la pasada Semana Santa una celebración diaria durante cuatro días consecutivos, además de retransmitir procesiones y otros contenidos de carácter puramente religioso.
X. Te autofinanciarás
La actual campaña de la Renta es la primera desde que nació el IRPF en la que la Iglesia no percibirá la cantidad anual que le entregaba el Estado a fondo perdido. La Iglesia se servirá así de una declaración pública de impuestos para percibir el 20% de su presupuesto. Hacienda gestiona y facilita de esta manera la provisión de fondos para sostener a la Iglesia católica, exenta, hasta este año, de pagar tributos como el IVA. La autofinanciación es un objetivo recogido en el Concordato, pero la Iglesia no ha puesto nunca especial empeño en conseguirla.
EL PAÍS
TRIBUNA: FRANCISCO BUSTELO
Laicismo
FRANCISCO BUSTELO 04/10/2007
España es un país sorprendente. Tan contentos como estábamos por haber conseguido, al fin, ser un país avanzado, y ahora resulta que tenemos pendientes problemas ya resueltos en otras partes. Buen ejemplo de ello es la llamada cuestión religiosa. Cuando se reputaba felizmente superada, ha bastado que se establezca una asignatura, Educación para la Ciudadanía, en la enseñanza reglada para que se replanteen con aspereza las relaciones entre Iglesia, sociedad y Estado. No es buena noticia, por tratarse de un asunto que en el pasado causó mucho enfrentamiento.
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Lógicamente, es un tema que preocupa. Lo indica que en estas páginas de opinión se hayan publicado en poco más de quince días hasta cuatro artículos sobre el particular. (Ignacio Sotelo, La cuestión religiosa, 2/9; Bonifacio de la Cuadra, ¿Para cuándo el Estado laico?, 4/9; Suso de Toro, El fracaso del catolicismo español, 14/9, y Gregorio Peces-Barba, Sobre laicidad y laicismo, 19/9). Todos ellos revisten gran interés y merecerían glosarse por separado. Al no ser posible, cabe decir que su lectura muestra la complejidad de lo que se discute, como demuestra el que sus autores se contradigan a veces entre sí. Quizá convenga, por tanto, echar un cuarto más a espadas para intentar esclarecer en lo posible conceptos, datos y conclusiones.
Para empezar, no parece que haya conformidad de opiniones sobre qué es laicismo. Según Peces-Barba, es "una actitud enfrentada y beligerante con la Iglesia", a diferencia de laicidad, que "garantiza la neutralidad en el tema religioso, el pluralismo, los derechos y las libertades". A pesar del ilustre precedente de Bobbio, ese distingo, en mi modesta opinión, hoy únicamente confunde. Lo demuestra el artículo de Bonifacio de la Cuadra sólo dos días después, en el que defiende el laicismo y pide que en el próximo programa electoral socialista se propugne su realización. No habría, sin embargo, que cifrar muchas esperanzas en ello, a juzgar por la afirmación de Sotelo de que es "una pequeñísima minoría, tanto en el PSOE como en la sociedad española" la que quiere avanzar hacia un Estado laico. Por último, Suso de Toro nos recuerda que en España el catolicismo ha gozado de un enorme poder hasta hace poco. No lo quiere perder, pero al ser incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos se hunde en el descrédito, con lo que "la sociedad española es hoy irreligiosa". De ser cierto, mostraría las paradojas de nuestro país, donde a pesar de ser poco religioso la religión pretende marcar pautas al comportamiento general.
A la vista de lo anterior y antes de entrar a discutir si hace falta más o menos en España, convendría aclarar lo que se entiende por laicismo. La Academia lo define como la independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa. Convendría añadir que ello entraña como consecuencia de primer orden el que con el laicismo la religión deja de ser un asunto público para circunscribirse a la esfera de lo privado. Pese a lo que digan voces interesadas, no supone atentado alguno a las creencias religiosas, que pueden sustentarse sin cortapisas, con la salvedad de que su práctica ha de limitarse a los templos y a la intimidad familiar. Lo cual, excuso decir, no está reñido con que por su arraigo (y hoy también por razones turísticas menos espirituales) se celebren en determinadas fechas procesiones y otras manifestaciones religiosas populares.
El laicismo así entendido es una pieza angular del progreso y debería considerarse como una auténtica bendición del cielo. Todos salen ganando. Como con él no existen signos externos de lo que profesa cada cual, toda persona puede pensar lo que guste, sin rendir cuentas a nadie. En cuanto a los menores de edad, pueden educarse como quieran sus padres, aunque, como es lógico, si quieren acceder a los diplomas estatales tendrán que cursar las materias establecidas en los programas oficiales, a los que los colegios religiosos pueden añadir como complemento voluntario, pero no en su lugar, toda la doctrina que quieran. Ello hace que la religión, sin menoscabo de sus valores, pierda uno de sus defectos mayores, por no decir el principal, a saber, la intolerancia. Ésta ha sido uno de los grandes males de la historia de la humanidad, y desgraciadamente sigue predominando en bastantes países, donde el laicismo brilla por su ausencia, con la consiguiente rémora para el desarrollo político, social, cultural y hasta económico. Habida cuenta, además, de que casi todas las religiones relegan a las mujeres, no es posible sin laicismo la emancipación femenina, condición indispensable para avanzar.
Como hasta hace poco España estuvo algo retrasada, a pesar de los muchos adelantos de los últimos treinta años todavía hay lagunas en nuestra modernización. Una de ellas es que no pasamos de ser un país semilaico. Aconfesional, dicen algunos, para trazar una distinción, como si aconfesionalidad y laicismo no fueran a la fin y a la postre una sola y misma cosa. El artículo 16 de la Constitución ya obró en detrimento del laicismo al privilegiar a la religión católica, privilegio, por cierto, al que en los debates parlamentarios constituyentes se opuso sin éxito Peces-Barba en nombre del PSOE. La Iglesia ha gozado así en España de un trato de favor, con una financiación pública permanente que incluso el actual Gobierno socialista ha aumentado. Todos los ciudadanos, sean cuales fueren nuestras creencias, aportamos velis nolis a través de los impuestos nuestro óbolo a una determinada religión y sólo a ella, lo que, excuso decir, está reñido con el laicismo. Para justificar ese hecho se dice que los españoles somos mayoritariamente católicos, lo que no es del todo cierto. Al interiorizarse no cabe preguntar en censos y padrones sobre las ideas religiosas y hay que recurrir a encuestas y a estimaciones indirectas como la concurrencia a los lugares de culto, el número de vocaciones sacerdotales y religiosas o la proporción de quienes en la declaración fiscal de la renta manifiestan su deseo de que se den más dineros públicos a la Iglesia. Todo ello indica, no como dice Suso de Toro que ya no somos religiosos, pero sí que los católicos cabales suponen en nuestro país del orden de un tercio o poco más de la población. Son muchos, claro está, pero no los suficientes para que la sociedad tenga que guiarse por sus ideas. El que durante siglos y siglos se hiciera no es razón para seguir haciéndolo.
Y es que el progreso suele estar reñido con la tradición. Muchas mujeres musulmanas justifican llevar el pañuelo en la cabeza, el chador tan discutido en Occidente, porque así lo hicieron sus madres y abuelas, lo que precisamente sería una razón de peso para no hacerlo. Mírese como se mire, no poder contemplar los cabellos de una mujer parece propio de otros tiempos y contrario a cualquier igualdad de género. ¿Cómo va a haber progreso si la mitad de la población tiene que ir de por vida con una suerte de disfraz para cumplir con unas tradiciones que ni siquiera figuran en el Corán? Ocurre, sin embargo, que el laicismo, como todos los avances que en el mundo han sido, encuentra mucha resistencia. Ulemas, judíos ortodoxos y obispos integristas, so pretexto de defender la pureza de sus respectivas religiones, esgrimen argumentos del pasado en un intento de parar el reloj de la historia. Sorprende, sobre todo, por su singularidad respecto de otros países parecidos, que la jerarquía católica española, con contadas excepciones, libre una batalla difícil de entender incluso para muchos fieles. Oponerse a la tolerancia en materia religiosa es tirar piedras contra el propio tejado, ya que difícilmente una religión intolerante prosperará en un país avanzado. Además, se trata de una batalla perdida. Lo mismo que es impensable que en España alguna vez, por muchos gobiernos de derechas que vengan, se prohíban el divorcio, los anticonceptivos, el aborto regulado o las parejas de homosexuales, también es inconcebible que se dispense a los alumnos de familias católicas de cursar determinadas materias, simplemente porque en ellas no se defienda el dogma. Si se permitiera que no fuera obligatoria la asignatura de Educación para la Ciudadanía, habría iguales motivos para que no se estudiara Prehistoria o Biología, cuyos contenidos no se compadecen con el creacionismo del Antiguo Testamento. Dejar que hubiera excepciones en la enseñanza sólo conduciría a un país dividido, con ciudadanos ignorantes y dogmáticos. El progreso mismo se vería cercenado.
Sorprende también que los obispos no se percaten de que el laicismo permite a la religión ser más auténtica. En lugar de intentar volver a los tiempos de antaño, podrían centrarse en contraponer valores religiosos como espiritualidad, sacrificio y solidaridad con el materialismo del mundo de hoy. Tal vez entonces habría más creyentes y los que hubiere serían mejores. Pretender, en cambio, incumplir decisiones de un Parlamento elegido por el pueblo soberano aduciendo una autoproclamada superioridad moral es un ataque a la raíz misma de la democracia y un pernicioso elemento de división de la sociedad. Hasta puede acabar con la paciencia de cualquier Gobierno, incluso del actual que, si ha pecado de algo en la cuestión religiosa, ha sido de timorato.
En suma, el laicismo puede y debe defenderse en bien de todos. Aunque no deja de ser una suposición en abierta contradicción con lo que dice Sotelo, cabe aventurar, basándose en lo que es hoy la sociedad española, que una mayoría estaría a favor de él, siempre que se hiciera sin estridencias ni precipitaciones. Habría que suprimir, todo lo paulatinamente que se quiera, las subvenciones estatales a la Iglesia, dejando, en cambio, que en la declaración fiscal de la renta se pudiese indicar en una casilla, como ya ocurre ahora, el deseo de hacer una aportación. Claro que esto requiere que tarde o temprano haya también casillas para otras religiones, ya que el laicismo exige que todas las que tienen presencia en un país reciban un trato parecido.
Con todo, el problema principal, el que conduce a la existencia de una cuestión religiosa en España, es el integrismo de algunos señores obispos, secundados por seglares tan bien intencionados como equivocados. ¿Por qué voces como las suyas no se oyen en otros países? Algo falla en España. Tal vez sea el semilaicismo en que nos desenvolvemos lo que da alas a quienes quieren un Estado semiconfesional. Habría, pues, que suscribir lo que pide Bonifacio de la Cuadra, esto es, que el PSOE deje claro, con miras a su probable nueva etapa de Gobierno, que el laicismo es uno de sus objetivos, cuyo logro, repitámoslo, redundaría en beneficio de todos. Incluida la Iglesia.
Francisco Bustelo es profesor emérito de Historia Económica de la Universidad Complutense, de la que ha sido rector.
Laicismo
FRANCISCO BUSTELO 04/10/2007
España es un país sorprendente. Tan contentos como estábamos por haber conseguido, al fin, ser un país avanzado, y ahora resulta que tenemos pendientes problemas ya resueltos en otras partes. Buen ejemplo de ello es la llamada cuestión religiosa. Cuando se reputaba felizmente superada, ha bastado que se establezca una asignatura, Educación para la Ciudadanía, en la enseñanza reglada para que se replanteen con aspereza las relaciones entre Iglesia, sociedad y Estado. No es buena noticia, por tratarse de un asunto que en el pasado causó mucho enfrentamiento.
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Lógicamente, es un tema que preocupa. Lo indica que en estas páginas de opinión se hayan publicado en poco más de quince días hasta cuatro artículos sobre el particular. (Ignacio Sotelo, La cuestión religiosa, 2/9; Bonifacio de la Cuadra, ¿Para cuándo el Estado laico?, 4/9; Suso de Toro, El fracaso del catolicismo español, 14/9, y Gregorio Peces-Barba, Sobre laicidad y laicismo, 19/9). Todos ellos revisten gran interés y merecerían glosarse por separado. Al no ser posible, cabe decir que su lectura muestra la complejidad de lo que se discute, como demuestra el que sus autores se contradigan a veces entre sí. Quizá convenga, por tanto, echar un cuarto más a espadas para intentar esclarecer en lo posible conceptos, datos y conclusiones.
Para empezar, no parece que haya conformidad de opiniones sobre qué es laicismo. Según Peces-Barba, es "una actitud enfrentada y beligerante con la Iglesia", a diferencia de laicidad, que "garantiza la neutralidad en el tema religioso, el pluralismo, los derechos y las libertades". A pesar del ilustre precedente de Bobbio, ese distingo, en mi modesta opinión, hoy únicamente confunde. Lo demuestra el artículo de Bonifacio de la Cuadra sólo dos días después, en el que defiende el laicismo y pide que en el próximo programa electoral socialista se propugne su realización. No habría, sin embargo, que cifrar muchas esperanzas en ello, a juzgar por la afirmación de Sotelo de que es "una pequeñísima minoría, tanto en el PSOE como en la sociedad española" la que quiere avanzar hacia un Estado laico. Por último, Suso de Toro nos recuerda que en España el catolicismo ha gozado de un enorme poder hasta hace poco. No lo quiere perder, pero al ser incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos se hunde en el descrédito, con lo que "la sociedad española es hoy irreligiosa". De ser cierto, mostraría las paradojas de nuestro país, donde a pesar de ser poco religioso la religión pretende marcar pautas al comportamiento general.
A la vista de lo anterior y antes de entrar a discutir si hace falta más o menos en España, convendría aclarar lo que se entiende por laicismo. La Academia lo define como la independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa. Convendría añadir que ello entraña como consecuencia de primer orden el que con el laicismo la religión deja de ser un asunto público para circunscribirse a la esfera de lo privado. Pese a lo que digan voces interesadas, no supone atentado alguno a las creencias religiosas, que pueden sustentarse sin cortapisas, con la salvedad de que su práctica ha de limitarse a los templos y a la intimidad familiar. Lo cual, excuso decir, no está reñido con que por su arraigo (y hoy también por razones turísticas menos espirituales) se celebren en determinadas fechas procesiones y otras manifestaciones religiosas populares.
El laicismo así entendido es una pieza angular del progreso y debería considerarse como una auténtica bendición del cielo. Todos salen ganando. Como con él no existen signos externos de lo que profesa cada cual, toda persona puede pensar lo que guste, sin rendir cuentas a nadie. En cuanto a los menores de edad, pueden educarse como quieran sus padres, aunque, como es lógico, si quieren acceder a los diplomas estatales tendrán que cursar las materias establecidas en los programas oficiales, a los que los colegios religiosos pueden añadir como complemento voluntario, pero no en su lugar, toda la doctrina que quieran. Ello hace que la religión, sin menoscabo de sus valores, pierda uno de sus defectos mayores, por no decir el principal, a saber, la intolerancia. Ésta ha sido uno de los grandes males de la historia de la humanidad, y desgraciadamente sigue predominando en bastantes países, donde el laicismo brilla por su ausencia, con la consiguiente rémora para el desarrollo político, social, cultural y hasta económico. Habida cuenta, además, de que casi todas las religiones relegan a las mujeres, no es posible sin laicismo la emancipación femenina, condición indispensable para avanzar.
Como hasta hace poco España estuvo algo retrasada, a pesar de los muchos adelantos de los últimos treinta años todavía hay lagunas en nuestra modernización. Una de ellas es que no pasamos de ser un país semilaico. Aconfesional, dicen algunos, para trazar una distinción, como si aconfesionalidad y laicismo no fueran a la fin y a la postre una sola y misma cosa. El artículo 16 de la Constitución ya obró en detrimento del laicismo al privilegiar a la religión católica, privilegio, por cierto, al que en los debates parlamentarios constituyentes se opuso sin éxito Peces-Barba en nombre del PSOE. La Iglesia ha gozado así en España de un trato de favor, con una financiación pública permanente que incluso el actual Gobierno socialista ha aumentado. Todos los ciudadanos, sean cuales fueren nuestras creencias, aportamos velis nolis a través de los impuestos nuestro óbolo a una determinada religión y sólo a ella, lo que, excuso decir, está reñido con el laicismo. Para justificar ese hecho se dice que los españoles somos mayoritariamente católicos, lo que no es del todo cierto. Al interiorizarse no cabe preguntar en censos y padrones sobre las ideas religiosas y hay que recurrir a encuestas y a estimaciones indirectas como la concurrencia a los lugares de culto, el número de vocaciones sacerdotales y religiosas o la proporción de quienes en la declaración fiscal de la renta manifiestan su deseo de que se den más dineros públicos a la Iglesia. Todo ello indica, no como dice Suso de Toro que ya no somos religiosos, pero sí que los católicos cabales suponen en nuestro país del orden de un tercio o poco más de la población. Son muchos, claro está, pero no los suficientes para que la sociedad tenga que guiarse por sus ideas. El que durante siglos y siglos se hiciera no es razón para seguir haciéndolo.
Y es que el progreso suele estar reñido con la tradición. Muchas mujeres musulmanas justifican llevar el pañuelo en la cabeza, el chador tan discutido en Occidente, porque así lo hicieron sus madres y abuelas, lo que precisamente sería una razón de peso para no hacerlo. Mírese como se mire, no poder contemplar los cabellos de una mujer parece propio de otros tiempos y contrario a cualquier igualdad de género. ¿Cómo va a haber progreso si la mitad de la población tiene que ir de por vida con una suerte de disfraz para cumplir con unas tradiciones que ni siquiera figuran en el Corán? Ocurre, sin embargo, que el laicismo, como todos los avances que en el mundo han sido, encuentra mucha resistencia. Ulemas, judíos ortodoxos y obispos integristas, so pretexto de defender la pureza de sus respectivas religiones, esgrimen argumentos del pasado en un intento de parar el reloj de la historia. Sorprende, sobre todo, por su singularidad respecto de otros países parecidos, que la jerarquía católica española, con contadas excepciones, libre una batalla difícil de entender incluso para muchos fieles. Oponerse a la tolerancia en materia religiosa es tirar piedras contra el propio tejado, ya que difícilmente una religión intolerante prosperará en un país avanzado. Además, se trata de una batalla perdida. Lo mismo que es impensable que en España alguna vez, por muchos gobiernos de derechas que vengan, se prohíban el divorcio, los anticonceptivos, el aborto regulado o las parejas de homosexuales, también es inconcebible que se dispense a los alumnos de familias católicas de cursar determinadas materias, simplemente porque en ellas no se defienda el dogma. Si se permitiera que no fuera obligatoria la asignatura de Educación para la Ciudadanía, habría iguales motivos para que no se estudiara Prehistoria o Biología, cuyos contenidos no se compadecen con el creacionismo del Antiguo Testamento. Dejar que hubiera excepciones en la enseñanza sólo conduciría a un país dividido, con ciudadanos ignorantes y dogmáticos. El progreso mismo se vería cercenado.
Sorprende también que los obispos no se percaten de que el laicismo permite a la religión ser más auténtica. En lugar de intentar volver a los tiempos de antaño, podrían centrarse en contraponer valores religiosos como espiritualidad, sacrificio y solidaridad con el materialismo del mundo de hoy. Tal vez entonces habría más creyentes y los que hubiere serían mejores. Pretender, en cambio, incumplir decisiones de un Parlamento elegido por el pueblo soberano aduciendo una autoproclamada superioridad moral es un ataque a la raíz misma de la democracia y un pernicioso elemento de división de la sociedad. Hasta puede acabar con la paciencia de cualquier Gobierno, incluso del actual que, si ha pecado de algo en la cuestión religiosa, ha sido de timorato.
En suma, el laicismo puede y debe defenderse en bien de todos. Aunque no deja de ser una suposición en abierta contradicción con lo que dice Sotelo, cabe aventurar, basándose en lo que es hoy la sociedad española, que una mayoría estaría a favor de él, siempre que se hiciera sin estridencias ni precipitaciones. Habría que suprimir, todo lo paulatinamente que se quiera, las subvenciones estatales a la Iglesia, dejando, en cambio, que en la declaración fiscal de la renta se pudiese indicar en una casilla, como ya ocurre ahora, el deseo de hacer una aportación. Claro que esto requiere que tarde o temprano haya también casillas para otras religiones, ya que el laicismo exige que todas las que tienen presencia en un país reciban un trato parecido.
Con todo, el problema principal, el que conduce a la existencia de una cuestión religiosa en España, es el integrismo de algunos señores obispos, secundados por seglares tan bien intencionados como equivocados. ¿Por qué voces como las suyas no se oyen en otros países? Algo falla en España. Tal vez sea el semilaicismo en que nos desenvolvemos lo que da alas a quienes quieren un Estado semiconfesional. Habría, pues, que suscribir lo que pide Bonifacio de la Cuadra, esto es, que el PSOE deje claro, con miras a su probable nueva etapa de Gobierno, que el laicismo es uno de sus objetivos, cuyo logro, repitámoslo, redundaría en beneficio de todos. Incluida la Iglesia.
Francisco Bustelo es profesor emérito de Historia Económica de la Universidad Complutense, de la que ha sido rector.
EL PAÍS
TRIBUNA: GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ
Sobre laicidad y laicismo
GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ 19/09/2007
A la ignorancia en muchos casos y a la manipulación, en otros, obedece la confusión sobre la necesaria distinción entre ambos términos que se plantea en uno de los procesos históricos más relevantes que es el de la secularización. La sospecha de que no estamos sólo ante problemas de ignorancia descansa en algún otro caso próximo. En un folleto editado por Profesionales por la Ética sobre "Educación para la Ciudadanía: los padres elegimos", se informa de un posible derecho a la objeción de conciencia frente a la asignatura desde dos presupuestos que resultan inexactos por incompletos. Se recoge en el artículo 27.3 de la Constitución: "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", pero omiten el 27.2, que es el realmente atinente al caso: "... La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales". Al omitir en el citado folleto este precepto se está manipulando la realidad y limitando la posibilidad de que los destinatarios del folleto, especialmente los padres, tengan un acceso completo a la información.
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Lo mismo ocurre cuando se citan fragmentos de dos sentencias, la 15/82 del 23 de abril y la 53/85 del 11 de abril, con citas incompletas que no reflejan el verdadero sentido de la objeción de conciencia en nuestro ordenamiento. Podemos afirmar tajantemente, frente a lo que sostiene el folleto, que la objeción tiene que ser reconocida en cada caso por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la base de la libertad ideológica y religiosa, si no está recogida en la Constitución o en una ley. No solamente es así en la recta interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino que es de sentido común. ¿Qué ocurriría si, como dice equivocadamente el citado folleto, cada uno pudiera objetar en conciencia sobre cualquier tema "por ser directamente aplicable?". Volveríamos al estado de naturaleza y a una situación de anarquía. La información errónea se completa también con la afirmación, igualmente incierta, de que la desobediencia a cursar la asignatura no va a traer consecuencias a los alumnos afectados.
Sin duda también aquí se produce un engaño objetivo o algo peor, porque ese escenario conduciría a que los estudiantes afectados no se graduaran en los distintos niveles. Parece como si de lo que se tratase es de impulsar una situación generalizada de desobediencia, que no de objeción, sin importar los daños que se producirían a los estudiantes y a sus familias, ni el desorden que se produciría en el sistema escolar.
En todo caso, resulta sorprendente comparar esa actitud con la de las Iglesias protestantes, que han asumido sin reticencias la modernidad y la secularización y que conviven cómodamente en situaciones de laicidad, e incluso de Iglesias católicas nacionales, como la francesa o la alemana, con esta actitud que recuerda a las condenas de los documentos pontificios del siglo XIX, antiliberales y antiilustrados.
Curiosamente, la secularización, que es un rasgo distintivo de la modernidad, tiene su origen eclesiástico, de derecho canónico, y que fue utilizado en Múnich en mayo de 1646 durante los debates sobre la paz de Westfalia por el embajador francés Largueville para señalar el paso de propiedades religiosas a manos seculares. Este mismo sentido se mantiene aún en la voz secularización de la enciclopedia. La extensión semántica del término se produce con un lento proceso de afirmación de una competencia secular-laica y estatal sobre sectores de la realidad, de la cultura, del arte y de la ciencia hasta entonces controlados por la Iglesia a través de la teología, especialmente a partir de la ruptura de la unidad religiosa en el siglo XVI. Los juristas regios franceses, los llamados políticos, lanzaban un eslogan para alejar a los teólogos de los problemas temporales: "Silete, theologi in munere alieno" ("Callad, teólogos en poder ajeno"). La tolerancia como respuesta a las guerras de religión suponía el derecho a adorar a Dios de acuerdo con la conciencia y también el primer origen histórico de los derechos humanos. Fue un impulso grande a la secularización, que no dañaba a las creencias, sino a la presencia excluyente y autoritaria de la Iglesia. Estamos ante una progresiva mundanización de la cultura y de los saberes y de las relaciones sociales que se desarrollarán y culminarán en el Siglo de las Luces, donde la autonomía del hombre supera la necesidad de mediación de la fe.
Este proceso alcanzará al arte, a la pintura, la literatura, la ciencia y la política a partir deMaquiavelo. Esa secularización la representaron Van Eyck o Velázquez en pintura, Boccaccio o La Pléiade o Montaigne en literatura, y rehabilitando la naturaleza. En España, Cervantes o Fray Luis de León tuvieron dificultades con la inquisición por esas desviaciones. En la ciencia, Kepler, Galileo o, más tarde, Newton impulsaron la secularización, con la pérdida de importancia de la teología. Cuando Newton brillaba en sus descubrimientos, el poeta Alexander Pope exclamaba: "Nature and Nature's Law lay hid in night / god said, let Newton an all was light". ("La naturaleza y las leyes permanecen ocultas en la noche / Dios dijo: ven Newton, y todo fue luz".
También la ideología individual, el protagonismo del hombre individual, ayudará a impulsar un orden racional, que como dice Gusdorf es una catolicidad de reemplazo. La secularización alcanzará el orden político y jurídico con el individuo, primero en el Estado absoluto como súbdito y, después, con el Estado liberal como ciudadano. En el siglo XVIII Kant, contestando a la pregunta ¿qué es la ilustración?, expresará la nueva mentalidad: "La ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro... "¡Sapere aude!" ("¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento!)". He aquí el lema de la ilustración: "La persona recupera el control de las luces, secuestradas por la teología. Este punto de vista potenciará la realización política y jurídica de los siglos XIX y XX, con el constitucionalismo liberal y luego democrático y social, con las sucesivas funciones de los derechos humanos, con el derecho de asociación y con el sufragio universal, con el reconocimiento del pluralismo y con la separación entre la Iglesia y el Estado en Francia a partir de 1905. En España, en la actualidad, en el artículo 16.3 de la Constitución se señala también: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal".
El itinerario de desarrollo de la secularización y su dimensión político-jurídica, la laicidad, deja a la Iglesia al margen del poder. La persona de fe, el creyente, está protegido en las sociedades democráticas modernas por la libertad ideológica o religiosa y por las instituciones y los procedimientos de una democracia laica. La laicidad supone respeto para los que profesan cualquier religión, mientras que personas e instituciones religiosas con visiones integristas o totalizadores, lo que abunda en sectores católicos antimodernos, no respetan al no creyente. Por eso las instituciones laicas son una garantía mayor para todos. La laicidad es una situación, con estatus político y jurídico, que garantiza la neutralidad en el tema religioso, el pluralismo, los derechos y las libertades, y la participación de todos.
A veces, desde posiciones interesadas, se le ha intentado identificar con el laicismo, que es una actitud enfrentada y beligerante con la Iglesia. Es una maniobra más para desacreditar a la laicidad política y jurídica. Bobbio, una vez más, aclara definitivamente el tema: el laicismo es "un comportamiento de los intransigentes defensores de los pretendidos valores laicos contrapuestos a las religiones y de intolerancia hacia las fes y las instituciones religiosas. El laicismo que necesita armarse y organizarse corre el riesgo de convertirse en una Iglesia contrapuesta a otra Iglesia". Y como dirá al final de su texto: "¡Para Iglesia, nos basta con una!". Aunque el creyente está protegido con la laicidad, en sociedades democráticas, con la Constitución o la ley, no es protagonista político. Por eso, a los dirigentes eclesiásticos no les gusta este estatus y confunden laicidad con laicismo. Como casi siempre, pretenden maldecir en vez de colocar una luz en la barricada.
Gregorio Peces-Barba Martínez es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.
EL PAÍSSobre laicidad y laicismo
GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ 19/09/2007
A la ignorancia en muchos casos y a la manipulación, en otros, obedece la confusión sobre la necesaria distinción entre ambos términos que se plantea en uno de los procesos históricos más relevantes que es el de la secularización. La sospecha de que no estamos sólo ante problemas de ignorancia descansa en algún otro caso próximo. En un folleto editado por Profesionales por la Ética sobre "Educación para la Ciudadanía: los padres elegimos", se informa de un posible derecho a la objeción de conciencia frente a la asignatura desde dos presupuestos que resultan inexactos por incompletos. Se recoge en el artículo 27.3 de la Constitución: "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", pero omiten el 27.2, que es el realmente atinente al caso: "... La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales". Al omitir en el citado folleto este precepto se está manipulando la realidad y limitando la posibilidad de que los destinatarios del folleto, especialmente los padres, tengan un acceso completo a la información.
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Lo mismo ocurre cuando se citan fragmentos de dos sentencias, la 15/82 del 23 de abril y la 53/85 del 11 de abril, con citas incompletas que no reflejan el verdadero sentido de la objeción de conciencia en nuestro ordenamiento. Podemos afirmar tajantemente, frente a lo que sostiene el folleto, que la objeción tiene que ser reconocida en cada caso por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la base de la libertad ideológica y religiosa, si no está recogida en la Constitución o en una ley. No solamente es así en la recta interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino que es de sentido común. ¿Qué ocurriría si, como dice equivocadamente el citado folleto, cada uno pudiera objetar en conciencia sobre cualquier tema "por ser directamente aplicable?". Volveríamos al estado de naturaleza y a una situación de anarquía. La información errónea se completa también con la afirmación, igualmente incierta, de que la desobediencia a cursar la asignatura no va a traer consecuencias a los alumnos afectados.
Sin duda también aquí se produce un engaño objetivo o algo peor, porque ese escenario conduciría a que los estudiantes afectados no se graduaran en los distintos niveles. Parece como si de lo que se tratase es de impulsar una situación generalizada de desobediencia, que no de objeción, sin importar los daños que se producirían a los estudiantes y a sus familias, ni el desorden que se produciría en el sistema escolar.
En todo caso, resulta sorprendente comparar esa actitud con la de las Iglesias protestantes, que han asumido sin reticencias la modernidad y la secularización y que conviven cómodamente en situaciones de laicidad, e incluso de Iglesias católicas nacionales, como la francesa o la alemana, con esta actitud que recuerda a las condenas de los documentos pontificios del siglo XIX, antiliberales y antiilustrados.
Curiosamente, la secularización, que es un rasgo distintivo de la modernidad, tiene su origen eclesiástico, de derecho canónico, y que fue utilizado en Múnich en mayo de 1646 durante los debates sobre la paz de Westfalia por el embajador francés Largueville para señalar el paso de propiedades religiosas a manos seculares. Este mismo sentido se mantiene aún en la voz secularización de la enciclopedia. La extensión semántica del término se produce con un lento proceso de afirmación de una competencia secular-laica y estatal sobre sectores de la realidad, de la cultura, del arte y de la ciencia hasta entonces controlados por la Iglesia a través de la teología, especialmente a partir de la ruptura de la unidad religiosa en el siglo XVI. Los juristas regios franceses, los llamados políticos, lanzaban un eslogan para alejar a los teólogos de los problemas temporales: "Silete, theologi in munere alieno" ("Callad, teólogos en poder ajeno"). La tolerancia como respuesta a las guerras de religión suponía el derecho a adorar a Dios de acuerdo con la conciencia y también el primer origen histórico de los derechos humanos. Fue un impulso grande a la secularización, que no dañaba a las creencias, sino a la presencia excluyente y autoritaria de la Iglesia. Estamos ante una progresiva mundanización de la cultura y de los saberes y de las relaciones sociales que se desarrollarán y culminarán en el Siglo de las Luces, donde la autonomía del hombre supera la necesidad de mediación de la fe.
Este proceso alcanzará al arte, a la pintura, la literatura, la ciencia y la política a partir deMaquiavelo. Esa secularización la representaron Van Eyck o Velázquez en pintura, Boccaccio o La Pléiade o Montaigne en literatura, y rehabilitando la naturaleza. En España, Cervantes o Fray Luis de León tuvieron dificultades con la inquisición por esas desviaciones. En la ciencia, Kepler, Galileo o, más tarde, Newton impulsaron la secularización, con la pérdida de importancia de la teología. Cuando Newton brillaba en sus descubrimientos, el poeta Alexander Pope exclamaba: "Nature and Nature's Law lay hid in night / god said, let Newton an all was light". ("La naturaleza y las leyes permanecen ocultas en la noche / Dios dijo: ven Newton, y todo fue luz".
También la ideología individual, el protagonismo del hombre individual, ayudará a impulsar un orden racional, que como dice Gusdorf es una catolicidad de reemplazo. La secularización alcanzará el orden político y jurídico con el individuo, primero en el Estado absoluto como súbdito y, después, con el Estado liberal como ciudadano. En el siglo XVIII Kant, contestando a la pregunta ¿qué es la ilustración?, expresará la nueva mentalidad: "La ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro... "¡Sapere aude!" ("¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento!)". He aquí el lema de la ilustración: "La persona recupera el control de las luces, secuestradas por la teología. Este punto de vista potenciará la realización política y jurídica de los siglos XIX y XX, con el constitucionalismo liberal y luego democrático y social, con las sucesivas funciones de los derechos humanos, con el derecho de asociación y con el sufragio universal, con el reconocimiento del pluralismo y con la separación entre la Iglesia y el Estado en Francia a partir de 1905. En España, en la actualidad, en el artículo 16.3 de la Constitución se señala también: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal".
El itinerario de desarrollo de la secularización y su dimensión político-jurídica, la laicidad, deja a la Iglesia al margen del poder. La persona de fe, el creyente, está protegido en las sociedades democráticas modernas por la libertad ideológica o religiosa y por las instituciones y los procedimientos de una democracia laica. La laicidad supone respeto para los que profesan cualquier religión, mientras que personas e instituciones religiosas con visiones integristas o totalizadores, lo que abunda en sectores católicos antimodernos, no respetan al no creyente. Por eso las instituciones laicas son una garantía mayor para todos. La laicidad es una situación, con estatus político y jurídico, que garantiza la neutralidad en el tema religioso, el pluralismo, los derechos y las libertades, y la participación de todos.
A veces, desde posiciones interesadas, se le ha intentado identificar con el laicismo, que es una actitud enfrentada y beligerante con la Iglesia. Es una maniobra más para desacreditar a la laicidad política y jurídica. Bobbio, una vez más, aclara definitivamente el tema: el laicismo es "un comportamiento de los intransigentes defensores de los pretendidos valores laicos contrapuestos a las religiones y de intolerancia hacia las fes y las instituciones religiosas. El laicismo que necesita armarse y organizarse corre el riesgo de convertirse en una Iglesia contrapuesta a otra Iglesia". Y como dirá al final de su texto: "¡Para Iglesia, nos basta con una!". Aunque el creyente está protegido con la laicidad, en sociedades democráticas, con la Constitución o la ley, no es protagonista político. Por eso, a los dirigentes eclesiásticos no les gusta este estatus y confunden laicidad con laicismo. Como casi siempre, pretenden maldecir en vez de colocar una luz en la barricada.
Gregorio Peces-Barba Martínez es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.
BONIFACIO DE LA CUADRA
¿Para cuándo el Estado laico?
BONIFACIO DE LA CUADRA 04/09/2007
La configuración de nuestro Estado social y democrático de derecho como plenamente laico es una exigencia del sistema político que nos dimos en 1978 y, desde entonces, una asignatura pendiente, en coherencia con la voluntad de "establecer una sociedad democrática avanzada", proclamada en el Preámbulo de la Constitución. Se trata de una decisión urgente, exigible a un Gobierno socialista, y que no admite aplazamientos a cargo de previsibles votos inmediatos católicos ni claudicaciones ante las presiones intolerables de la jerarquía eclesiástica, que muerde su presa sin soltarla.
El funcionamiento de las estructuras sociales básicas -la escuela, la sanidad, la ciencia, la cultura- y el libre discurrir de las relaciones entre los ciudadanos -familiares, sexuales, sociales- necesita, en una democracia sólida, soltar el lastre de unas servidumbres heredadas del nacionalcatolicismo imperante durante décadas y todavía presentes en los usos y costumbres sociales que la Iglesia pretende mantener contra viento y marea. El laicismo liberará las relaciones cívicas y saneará la vida social, atenazada aún por un modelo de sociedad en el que la religión es un componente esencial, que se resiste a pasar a un segundo plano opcional. Los españoles serán seguramente más felices cuando se les facilite que se liberen de ese horizonte tenebroso de pecado, infierno, cielo, purgatorio, fe, penitencia, milagro, limosna, virginidad, dogma, sacramento, celibato, y de la hiriente subordinación de la mujer -ausente de las estructuras de poder eclesiástico-, que resulta drásticamente incompatible con la democracia igualitaria.
Nada de eso implica perseguir a la Iglesia católica, que deberá tener el espacio que le corresponda en un Estado laico y el que le concedan o propicien sus fieles, pero de ninguna manera una financiación asegurada ni una situación de privilegio en materia educativa o fiscal. En un Estado democrático y, por tanto, laico, la religión católica, como las demás, deberá ser tolerada, pero no mucho más que una sociedad filatélica, un movimiento ecologista o una ONG.
En el camino de la democracia española hacia la práctica del laicismo puede parecer que el texto de la Constitución supone un obstáculo. El artículo 16 dice, entre otras cosas, tras proclamar que "ninguna confesión tendrá carácter estatal": "Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones".
Sin embargo, ese precepto -trabajosamente introducido en el debate constituyente- no obliga a más de lo que dice ni impide que el Estado español denuncie los Acuerdos firmados en 1979 con la Santa Sede, ya que la constitucionalizada "cooperación con la Iglesia católica" no impone sus contenidos, entre ellos la declaración eclesiástica de idoneidad para dar clase de religión a unos profesores pagados por el Estado.
Un documento de la Fundación Alternativas, de 2005, favorable al laicismo y contrario a la financiación estatal de la Iglesia aunque la mayoría de los españoles profesaran la religión católica -hecho probable en 1978, pero muy discutible hoy-, recoge un trabajo de dos expertos, los profesores Óscar Celador y José María Contreras, según los cuales, "la única conformación coherente con la configuración de un Estado democrático y social de derecho es la de un Estado laico que garantiza y respeta el derecho de libertad de conciencia de sus ciudadanos". Los mismos juristas afirman también que el compromiso estatal de financiar a la Iglesia católica "expiró hace muchos años", mientras que el de la Iglesia de "lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades" (artículo 2.5 de los Acuerdos de 1979) está sin cumplir.
¿Para cuándo el Estado laico?
El programa electoral del PSOE para las elecciones de 2004 apenas incluía referencias a este asunto, aparte del objetivo educativo de "potenciar los valores y atender las necesidades de una Escuela pública y laica, en los términos del artículo 27 de la Constitución", y restablecer "el carácter voluntario y no evaluable de la enseñanza de la religión". ¿Es previsible que en el programa electoral para 2008 se avance hacia el Estado laico?
Las noticias no son optimistas. En enero de 2007, el Gobierno socialista y la Conferencia Episcopal, con la conformidad de la Santa Sede, convirtieron en "estable" el procedimiento provisional de financiación de la Iglesia pactado en 1988, incrementado en un 34% sobre 2006, y elevó del 0,52% al 0,70% el coeficiente a recibir del Estado por cada contribuyente que marque con una X la casilla del IRPF a favor de la Iglesia, lo que significa reducir en ese mismo porcentaje su aportación a los gastos del Estado.
El 22 de julio último, en la clausura del XXIII congreso de las Juventudes Socialistas, su nuevo secretario general, Sergio Gutiérrez, a propósito de la oposición episcopal a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, manifestó, en presencia del líder de su partido, José Luis Rodríguez Zapatero: "Una jerarquía eclesiástica que se opone a que se enseñen los valores constitucionales no se merece que la sociedad contribuya a su financiación". Cuando se acallaron los aplausos, Zapatero defendió los "principios laicos" de nuestro Estado aconfesional y aseguró, respecto a la reacción eclesial contra la nueva asignatura, que "se hará cumplir la ley", porque, según explicó, "ninguna fe puede oponerse a la soberanía popular, que reside en el Parlamento, ni a las leyes que de la misma dimanan". Pero afirmó también que "el Gobierno mantiene las señas de identidad de generosidad y sensibilidad hacia las confesiones religiosas, sobre todo la mayoritaria, en cuanto a los recursos económicos".
Unos días después, Gregorio Peces-Barba -el ponente socialista que se opuso sin éxito a la mención privilegiada de la Iglesia en la Constitución- alabó la defensa que Zapatero hizo de la ley, criticó con dureza "la beligerancia de los cardenales y de los obispos (...) contra cualquier progreso", les pidió sosiego y respeto, y concluyó: "Si este nuevo clima no se consigue en la próxima legislatura, habrá que abordar el tema de la acción y de la situación de la Iglesia y establecer un nuevo estatus, que les sitúe en su sitio y que respete la autonomía de la autoridad civil" (En torno a la Educación para la Ciudadanía, EL PAÍS, 7 de agosto de 2007).
A los pocos días, el periodista y escritor Iván Tubau elogió el artículo de Peces-Barba: "Impecable, pero -preguntó- ¿hay que esperar a la próxima legislatura? A veces, lo sensato es decir: 'Ahora o nunca" (Por qué esperar, EL PAÍS, 12 de agosto de 2007). Con Tubau, ¿sería mucho pedir a los responsables de elaborar el programa electoral del PSOE que no dejen de lado esta vez un nuevo avance democrático, la realización del Estado laico? El matrimonio entre personas del mismo sexo parecía más audaz.
¿Para cuándo el Estado laico?
BONIFACIO DE LA CUADRA 04/09/2007
La configuración de nuestro Estado social y democrático de derecho como plenamente laico es una exigencia del sistema político que nos dimos en 1978 y, desde entonces, una asignatura pendiente, en coherencia con la voluntad de "establecer una sociedad democrática avanzada", proclamada en el Preámbulo de la Constitución. Se trata de una decisión urgente, exigible a un Gobierno socialista, y que no admite aplazamientos a cargo de previsibles votos inmediatos católicos ni claudicaciones ante las presiones intolerables de la jerarquía eclesiástica, que muerde su presa sin soltarla.
El funcionamiento de las estructuras sociales básicas -la escuela, la sanidad, la ciencia, la cultura- y el libre discurrir de las relaciones entre los ciudadanos -familiares, sexuales, sociales- necesita, en una democracia sólida, soltar el lastre de unas servidumbres heredadas del nacionalcatolicismo imperante durante décadas y todavía presentes en los usos y costumbres sociales que la Iglesia pretende mantener contra viento y marea. El laicismo liberará las relaciones cívicas y saneará la vida social, atenazada aún por un modelo de sociedad en el que la religión es un componente esencial, que se resiste a pasar a un segundo plano opcional. Los españoles serán seguramente más felices cuando se les facilite que se liberen de ese horizonte tenebroso de pecado, infierno, cielo, purgatorio, fe, penitencia, milagro, limosna, virginidad, dogma, sacramento, celibato, y de la hiriente subordinación de la mujer -ausente de las estructuras de poder eclesiástico-, que resulta drásticamente incompatible con la democracia igualitaria.
Nada de eso implica perseguir a la Iglesia católica, que deberá tener el espacio que le corresponda en un Estado laico y el que le concedan o propicien sus fieles, pero de ninguna manera una financiación asegurada ni una situación de privilegio en materia educativa o fiscal. En un Estado democrático y, por tanto, laico, la religión católica, como las demás, deberá ser tolerada, pero no mucho más que una sociedad filatélica, un movimiento ecologista o una ONG.
En el camino de la democracia española hacia la práctica del laicismo puede parecer que el texto de la Constitución supone un obstáculo. El artículo 16 dice, entre otras cosas, tras proclamar que "ninguna confesión tendrá carácter estatal": "Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones".
Sin embargo, ese precepto -trabajosamente introducido en el debate constituyente- no obliga a más de lo que dice ni impide que el Estado español denuncie los Acuerdos firmados en 1979 con la Santa Sede, ya que la constitucionalizada "cooperación con la Iglesia católica" no impone sus contenidos, entre ellos la declaración eclesiástica de idoneidad para dar clase de religión a unos profesores pagados por el Estado.
Un documento de la Fundación Alternativas, de 2005, favorable al laicismo y contrario a la financiación estatal de la Iglesia aunque la mayoría de los españoles profesaran la religión católica -hecho probable en 1978, pero muy discutible hoy-, recoge un trabajo de dos expertos, los profesores Óscar Celador y José María Contreras, según los cuales, "la única conformación coherente con la configuración de un Estado democrático y social de derecho es la de un Estado laico que garantiza y respeta el derecho de libertad de conciencia de sus ciudadanos". Los mismos juristas afirman también que el compromiso estatal de financiar a la Iglesia católica "expiró hace muchos años", mientras que el de la Iglesia de "lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades" (artículo 2.5 de los Acuerdos de 1979) está sin cumplir.
¿Para cuándo el Estado laico?
El programa electoral del PSOE para las elecciones de 2004 apenas incluía referencias a este asunto, aparte del objetivo educativo de "potenciar los valores y atender las necesidades de una Escuela pública y laica, en los términos del artículo 27 de la Constitución", y restablecer "el carácter voluntario y no evaluable de la enseñanza de la religión". ¿Es previsible que en el programa electoral para 2008 se avance hacia el Estado laico?
Las noticias no son optimistas. En enero de 2007, el Gobierno socialista y la Conferencia Episcopal, con la conformidad de la Santa Sede, convirtieron en "estable" el procedimiento provisional de financiación de la Iglesia pactado en 1988, incrementado en un 34% sobre 2006, y elevó del 0,52% al 0,70% el coeficiente a recibir del Estado por cada contribuyente que marque con una X la casilla del IRPF a favor de la Iglesia, lo que significa reducir en ese mismo porcentaje su aportación a los gastos del Estado.
El 22 de julio último, en la clausura del XXIII congreso de las Juventudes Socialistas, su nuevo secretario general, Sergio Gutiérrez, a propósito de la oposición episcopal a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, manifestó, en presencia del líder de su partido, José Luis Rodríguez Zapatero: "Una jerarquía eclesiástica que se opone a que se enseñen los valores constitucionales no se merece que la sociedad contribuya a su financiación". Cuando se acallaron los aplausos, Zapatero defendió los "principios laicos" de nuestro Estado aconfesional y aseguró, respecto a la reacción eclesial contra la nueva asignatura, que "se hará cumplir la ley", porque, según explicó, "ninguna fe puede oponerse a la soberanía popular, que reside en el Parlamento, ni a las leyes que de la misma dimanan". Pero afirmó también que "el Gobierno mantiene las señas de identidad de generosidad y sensibilidad hacia las confesiones religiosas, sobre todo la mayoritaria, en cuanto a los recursos económicos".
Unos días después, Gregorio Peces-Barba -el ponente socialista que se opuso sin éxito a la mención privilegiada de la Iglesia en la Constitución- alabó la defensa que Zapatero hizo de la ley, criticó con dureza "la beligerancia de los cardenales y de los obispos (...) contra cualquier progreso", les pidió sosiego y respeto, y concluyó: "Si este nuevo clima no se consigue en la próxima legislatura, habrá que abordar el tema de la acción y de la situación de la Iglesia y establecer un nuevo estatus, que les sitúe en su sitio y que respete la autonomía de la autoridad civil" (En torno a la Educación para la Ciudadanía, EL PAÍS, 7 de agosto de 2007).
A los pocos días, el periodista y escritor Iván Tubau elogió el artículo de Peces-Barba: "Impecable, pero -preguntó- ¿hay que esperar a la próxima legislatura? A veces, lo sensato es decir: 'Ahora o nunca" (Por qué esperar, EL PAÍS, 12 de agosto de 2007). Con Tubau, ¿sería mucho pedir a los responsables de elaborar el programa electoral del PSOE que no dejen de lado esta vez un nuevo avance democrático, la realización del Estado laico? El matrimonio entre personas del mismo sexo parecía más audaz.
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